Por Nicolás Facuse, Abogado, Coordinador del Observatorio Legislativo de Igualdad

El pasado 4 de septiembre se cumplieron 50 años de un momento inédito en la historia del mundo: la vía democrática hacia el socialismo era posible. Esta vez, la conmemoración de dicho hito nos encuentra frente a otra coyuntura histórica: la posibilidad de darnos una constitución elaborada en democracia. Contra todo pronóstico, por primera vez Chile podría redactar una constitución a partir de la participación incidente del pueblo en la forma de un órgano constituyente cuya composición será paritaria y, esperamos, con escaños reservados para los pueblos indígenas.

I. ¿Por qué una nueva Constitución?

El actual sueño constituyente del pueblo chileno encuentra antecedentes en algunas de las reflexiones y propuestas de las fuerzas sociales y políticas que se agruparon para dar vida a la Unidad Popular (UP). Su programa básico de Gobierno contemplaba la necesidad de impulsar un proceso de democratización en todos los niveles, complementado por una movilización organizada de las masas para construir la base de una nueva estructura de poder. Esto se materializaría en una nueva Constitución Política, la cual institucionalizaría la incorporación masiva del pueblo al poder estatal . El nuevo texto constitucional debía establecer las nuevas bases para la convivencia republicana. Esto fue necesario, dado el crítico diagnóstico que había surgido sobre la profunda desafección que, tal como hoy, existía entre el pueblo y sus necesidades, en relación con la institucionalidad vigente.

Luego del triunfo del presidente Salvador Allende, además del programa de Gobierno, existirían diferentes hitos que irían delineando los elementos centrales de una propuesta para una nueva constitución por parte de la coalición gobernante. Entre otros, es posible mencionar la suscripción del estatuto de garantías constitucionales, las reformas constitucionales del año 1971, y algunas intervenciones públicas, como el discurso presidencial del 5 de septiembre de 1972. Justamente en dicha ocasión, a propósito del 2° aniversario del triunfo de la UP, el presidente Allende refirmaría su compromiso en orden a elaborar un texto constitucional que estableciera las nuevas bases para la convivencia republicana señalando la necesidad de dictar una “Constitución para esta nueva etapa que estamos viviendo”.

Desde su perspectiva, en la sociedad chilena habían existido profundos cambios en el último siglo y por ello se requería un nuevo texto, que se hiciera cargo de la nueva configuración social y desafíos que tenía el país, precisaba que “Chile dictó la Constitución Pelucona el año 1833 y la Constitución Liberal el año 1925 (esta última) va a cumplir 50 años en 1975 (…) y el Chile de hoy, no es el Chile de comienzos de siglo” .

Entre dichas motivaciones, el presidente Allende destacaría tanto la necesidad de ampliar y afianzar un catálogo de derechos civiles y políticos, como así también, el desafío de construir una democracia más participativa involucrando al pueblo en el proceso de tomas de decisión, esencialmente, a través del nivel de incidencia de los trabajadores.

Un día antes de dicho discurso, el presidente Allende entregó un documento, que contenía las bases fundamentales para nueva constitución, a cada organización política que componía la Unidad Popular. Junto con ello, se contemplaba un itinerario para lograr su lograr su gestación.

II. La propuesta constituyente.

En términos generales, esta propuesta promovía una reforma al Estado buscando responder a las exigencias y expectativas de sectores sociales emergentes con el objetivo de mejorar así su nivel de control sobre el poder y la distribución de la riqueza. Aquello, junto a la ampliación de un catálogo de derechos civiles, políticos y económicos provocarían inevitablemente una tensión con los herederos políticos del liberalismo doctrinario, partidarios de una cultura constitucional que sospecha de la participación política y del movimiento popular.

Cabe mencionar que dicho texto fue rescatado por el destacado jurista Eduardo Novoa Monreal, asesor directo del presidente Allende, quien “tras paciente búsqueda halló parte del material con que trabajaba la Comisión Central nombrada por el presidente para asesorarle en este proyecto” . Se trata de la penúltima versión, el documento definitivo (hasta hoy desconocido) tenía una redacción más pulida, pero sin cambios sustanciales en cuanto al fondo.

Esta documento, con los principales lineamientos para una nueva constitución, consta de 12 capítulos que abordan diferentes temáticas, entre otros: elementos centrales que configuran la República de Chile en materia de Estado, Gobierno y Soberanía; la nacionalidad y ciudadanía; los deberes y derechos de los habitantes de la República; la estructura del Estado y la competencia de sus órganos; el Gobierno y la administración del Estado; la administración territorial; la regulación los partidos y organizaciones políticas; la regulación de las fuerzas de armadas; los principios de la economía; la regulación de la constitucionalidad y legalidad; y la función judicial.

III. Algunos contenidos

En estas líneas no es posible detallar toda la riqueza de dicho documento, sin embargo, a efectos de ilustrar su vanguardista contenido, no solo para dicha época, sino que también para el actual debate constituyente, señalaré algunas de sus propuestas específicas:

• Mantener todos los derechos y garantías que hasta ese momento se habían asentado en la historia de las constituciones chilenas. Pero además reforzarlos y enriquecerlos con otros adicionales, en virtud de lo acontecido en el contexto local e incorporando aquellos establecidos en importantes tratados internacionales.
• La incorporación, de manera explícita, del derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, tanto en la familia, en el trabajo y en la participación de la vida social. Señalando que la mujer goza de derechos iguales a los del hombre en todos los dominios de la vida política económica, cultural, social y familiar.
• En relación a los pueblos indígenas, el programa de la UP y, en especial el presidente Allende, había manifestado una particular preocupación para efectuar acciones que permitieran reparar siglos de exclusión de dichas comunidades. De hecho, ya en 1972 señalaba que, a propósito del nuevo texto constitucional en ciernes, era necesario asegurar a los grupos étnicos autóctonos el derecho a desarrollar su personalidad cultural y el cultivo de su lengua materna y reconocer a la Isla de Pascua el derecho a tener un representante en el Congreso.
• La obligación del Estado de crear y mantener condiciones objetivas que permitieran que todas las garantías establecidas puedan ser amparadas, manteniendo una vigencia efectiva. Por otro lado, disponía una declaración de deberes sociales que surgían como correlato y complemento del catálogo de derechos. Para el texto estas obligaciones debían ser capaces de encauzar la vida social bajo el signo de la hermandad y solidaridad entre los hombres.
• En cuanto a el Gobierno y la Administración del Estado, contemplaba “la participación organizada del pueblo y los trabajadores en la Administración del Estado en las decisiones de la Administración y en la integración de los Organismos de Control de la actividad administrativa”. Además, se establecía que secciones especiales de la futura constitución se debían ocupar en forma más detallada de los derechos específicos de participación del pueblo en la estructura del Estado.
• En relación con los procesos eleccionarios, el proyecto constitucional dispone que en estos se utilizaría un sistema que asegurara la representación proporcional de todas las opiniones, con el objetivo de garantizar la participación política de los diversos sectores de la sociedad.
• En materia de seguridad social señalaba la necesidad de ser concebida como un servicio público. Esta sería administrada “por las instituciones que creara la ley, la que debía contemplar especialmente la participación directa de representantes de los trabajadores y otros sectores de la comunidad.”
• Contemplaba la iniciativa popular de ley. Se sumaba a la tradicional iniciativa del Legislativo y el Ejecutivo. Para materializar aquélla se exigía “la firma de a lo menos cinco mil ciudadanos o el patrocinio de la Central Única de Trabajadores.”
• A nivel de gobiernos locales se proponían interesantes mecanismos de participación, como el Cabildo Vecinal, el cual debía representar ante la Corporación Municipal los problemas de la comuna y sus posibles soluciones, controlando la actividad del municipio y decidiendo respecto del plan de desarrollo comunal. Este órgano del gobierno local estaba constituido por representantes de todas las organizaciones comunitarias y de trabajadores, empresas, servicios y sindicatos.

El proyecto constitucional reflejaba la visión que el presidente Allende y su coalición de Gobierno tenían sobre el Estado y la sociedad en sus dimensiones política, económica, cultural y social. Sus perspectivas respecto a fortalecer la independencia y soberanía del Estado chileno, la profundización y ampliación en materia de garantías constitucionales además del establecimiento, en todos los niveles, de medidas concretas de reconocimiento y participación popular, tenían por propósito ampliar la democracia.

Dicho texto no tenía la pretensión de ser definitivo, sino que, al contrario, se constituía en un punto de partida para un amplio proceso de debate nacional animado por el propio presidente de la República quien emplazaba a la ciudadanía para que fuera esta quien analizara, pensara y sintiera la necesidad de darse una nueva carta fundamental.

Tal como hoy, hace 50 años, hombres y mujeres se daban la tarea histórica de impulsar un proceso constituyente en democracia para construir un país más justo e igualitario.

Dicho desafío sigue pendiente, llegó el momento de cumplir.