Artículo de Sergio Arancibia
Publicado en la edición digital de EL CLARIN (Chile) el día 13 de julio de 2020.
Ya sabemos, sobradamente, que la crisis sanitaria derivó en una crisis económica y social. La crisis económica y social, a su vez, se encamina aceleradamente hacia una crisis política, gubernamental e institucional, en la medida en que al interior de los partidos políticos que participan en el Gobierno cada uno de sus parlamentarios y dirigentes corta por su lado; el Gobierno no tiene capacidad de liderar ni de poner orden ni en su propio sector político ni mucho menos en el país en su conjunto; y los conflictos de poderes y competencias entre el parlamento y el Ejecutivo se hacen cada día más intensos.
Los últimos episodios de esta madeja de crisis han girado, aparentemente, en torno a la necesidad de implementar medidas que vayan en ayuda o en apoyo de los sectores de ingresos medios dentro de la población. Por un lado, ha tomado cuerpo la iniciativa de permitir que los afiliados a la AFP puedan sacar el 10 % de sus ahorros, medida que iría complementada con el establecimiento de un fondo solidario, con cotizaciones del Estado y de los empresarios, que permitiría cubrir ese retiro y no causar daño a las futuras jubilaciones.
Si una ley de esa naturaleza se aprobara – y si las AFP han ido leyendo la prensa y se van enterando del curso de los acontecimientos y toman las medidas que correspondan – se podría responder rápidamente a esos retiros. En poca más de una semana se podría comenzar a pagar a los beneficiados el 10 % que deseen retirar. No hay nada complicado que calcular, y la entrega de los fondos que cada uno desee retirar se entregaría por la vía las cuentas bancarias que una gruesa parte de la población posee – sobre todo las cuentas RUT- y cuyos datos son de sobra conocidos por parte de las AFP. Se trata, por lo tanto, de un sistema rápido, no sujeto a análisis individualizado alguno y que puede operar en una forma altamente desburocratizada. Po lo menos 10 millones de chilenos podrían beneficiarse de este proyecto.
El Gobierno ha intentado detener esta iniciativa parlamentaria con un proyecto de última hora que es, como siempre, mezquino, complicado, burocrático, sujeto a condicionalidades y que no asegura a los potenciales beneficiados ni el monto a recibir ni el momento ni el mecanismo en que eso sucederá.
Veamos. El famoso crédito a los sectores medios que se ha ofrecido está encaminado, en el mejor de los casos, a cubrir el 70 % de la caída de los ingresos, lo cual es una cuestión que, no siendo precisa ni evidente, es necesario pasar a demostrar por cada uno de los solicitantes. La solicitud se hace ante el Servicio de Impuestos Internos, y solo la pueden hacer aquellos que demuestren haber tenido, antes de la presente crisis, una renta mensual mayor a los 500 mil pesos. Además, el crédito funciona solo para aquellos que demuestren estar desempleados o con trabajos suspendidos. Si se comprueba cumplir con todos esos requisitos, se gana la posibilidad de contraer una nueva deuda. Es decir, a este ciudadano que está hoy en día desempleado – y probablemente endeudado -se le abre la posibilidad de pasar a estar más endeudado aún.
Es difícil suponer que esa proposición ayuda y protege a los sectores medios. Es igualmente difícil aceptar que el Gobierno haya descubierto recién que los sectores medios existen y que es necesario diseñar políticas en relación a ellos. La verdad de la milanesa es que el único objetivo de toda esta tardía creatividad y de este creciente desespero que se ha puesto en juego, radica en la necesidad de proteger y de apoyar a las AFP, de modo que no se les toque ni con el pétalo de una rosa, pues ese sistema de ahorro obligatorio es el riñón del sistema financiero nacional. Pero una ayuda tan mezquina y un racionamiento tan pobre puede llevar a que el día de mañana las propias AFP le digan al Gobierno “no me ayude tanto compadre”.
