Hernán Frigolett
La pandemia entró en su fase más desatada en el Gran Santiago, dejando en evidencia que la estrategia adoptada falló, y se ha perdido un tiempo valioso. Estamos entonces en un volver a empezar, y si reiniciamos el conteo, la situación de cuarentena durará hasta la segunda semana de julio, siguiendo la experiencia de los países europeos.
Una estrategia sanitaria que ha especulado al máximo con la convivencia de actividades económicas parcialmente paralizadas, especialmente en el contexto de pymes en barrios más densamente poblados y con alta informalidad. En esos sectores no se ha mantenido una conducta sanitaria adecuada porque ante la declinación del presupuesto familiar, y ante la ausencia de apoyo fiscal, l@s jef@s de hogar se vieron obligad@s a salir por ingreso diario.
El desempleo ya entró en el tramo de dos dígitos, y probablemente supere 20% en el mes de junio considerando las relaciones laborales suspendidas por al menos tres meses. Para estos trabajadores el mal manejo sanitario será desastroso en sus presupuestos familiares porque deberán enfrentar el mayor impacto económico de la pandemia con menos del 70% de sus ingresos.
El déficit fiscal ha crecido más por caída de recaudación que por aumento del gasto, porque se ha optado por una fuerte reasignación de gasto corriente y recortes de inversión, y los recortes seguirán. Surgió otro número mágico de contención del déficit en 8% para este año. La filosofía del recorte se ha llevado por delante incluso los anuncios presidenciales, y es así como los 2.000 millones de dólares para trabajadores informales o cuenta propia quedó en exiguos 830 millones.
El ingreso familiar de emergencia (IFE) se ha aprobado con una leve mejora que no discriminará dentro del 60% de hogares más vulnerables, pero su monto es insuficiente: parte en $260.000 por hogar y termina al tercer mes en $180.000. Así, se obligará a muchos hogares a una sistemática interrupción de pagos de servicios básicos, de arriendos, de cuotas de casas comerciales, agudizando los problemas de sostenibilidad financiera, y adicionalmente no pagarán impuestos mayormente a beneficio municipal.
El gobierno sigue midiendo la política fiscal desde un indicador tendencioso como el déficit fiscal, que se deteriora por menor recaudación y no por recursos fiscales que fortalecen la demanda agregada y consumo de hogares. El presupuesto se ha reasignado reemplazando prestaciones, y recortando inversiones profundizando el ciclo recesivo.
El Banco Central sigue haciendo su trabajo, con una política expansiva de la liquidez y se ha cubierto a futuro con la solicitud de línea de crédito flexible al FMI por 24.000 millones de dólares. Pero el Central asegura la sostenibilidad financiera, y no la actividad económica porque sabe que sus impactos serán cuando la actividad entre en fase de normalización a fin de año.
¿Y Hacienda, qué ha hecho? Una colocación de un bonito de 2.000 millones de dólares colocados fácilmente, y nada más, en un contexto bastante propicio dadas las bajas tasas en el exterior como en el mercado interno. Lo razonable es aprovechar la liquidez que tienen las AFP para colocar bonos de la TGR, y fortalecer la acción de la política fiscal en el corto y mediano plazo. Hay una verdadera parálisis en Teatinos 120, con un Director de Presupuesto que está con la obsesión de la caja fiscal y sin mayor creatividad para una sólida política de acción de corto plazo para apuntalar la demanda interna, y menos aún para diseñar y pensar un plan reactivador de mediano plazo con signos pro empleo. Sin embargo, se requiere visión, de país, de desarrollo y sacudirse del síndrome de Harpagón.