Por Cristóbal Vega C. Investigador Observatorio Legislativo – Instituto Igualdad.
El sistema educativo chileno, se ha caracterizado en las últimas décadas por ser una de las estructuras con mayor cantidad de mecanismos de sanción y castigo a los miembros de la comunidad educativa e instituciones involucradas en el proceso de enseñanza. A modo de ejemplo, se han alzado voces disidentes a las consecuencias punitivas de la prueba SIMCE, al entrenamiento enfocado en resultados PSU y a la calificación de desempeño de escuelas, producida por la Agencia de la Calidad de la Educación (“escuelas triple i”) y su eventual cierre. Entre las características comunes de dichas unidades educativas, se observan; comunidades educativas altamente segregadas, desfavorecidas socioeconómicamente, con niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, sin redes de apoyo, estigmatizadas y agobio laboral docente.
Tal escenario, lejos de ser aminorado o redireccionado. Se ha profundizado en la actual gestión del Ministerio de Educación a cargo de la Ministra Cubillos, estableciendo como objeto de vigilancia y castigo principalmente a estudiantes. Los intentos ministeriales por instalar en la agenda educativa proyectos de ley como “Aula Segura”, “Admisión justa” y de “anti-adoctrinamiento político”. No han hecho más que instaurar una realidad, más bien, cercana al uso de conceptos relacionados a materias judiciales o de seguridad pública (justicia, seguridad y doctrina), exponiendo a los miembros de la comunidad a una dinámica de persecución político-educativa.
Michael Foucault a mediados de la década del 70’ en su obra “Vigilar y Castigar”, identifica en las instituciones (entre ellas la escuela) una nueva forma de castigo con la finalidad de encausar la moral de los individuos y normalizar su comportamiento en sociedad. En este caso, desde el Ministerio de Educación, se nos invita a ubicarnos en el panóptico a vigilar -sin ser vistos- y condenar la actitud de nuestros estudiantes, una convocatoria a ser nuestros propios policías. Dicha actitud institucional ¿lograría frenar las manifestaciones de molestia producidas por la comunidad educativa? En efecto, no. Pues, en teoría toda acción conlleva una reacción y en está pasada la presión ejercida a la comunidad ha desencadenado un cambio de lógica, ahora son ellos quienes castigan socialmente y en las calles el actuar errático de la institución y a sus responsables.
La judicialización de asuntos escolares, la justificación del mérito (obviando las desigualdades de origen) por sobre la opción de elegir el establecimiento educativo por parte de las familias, el adoctrinamiento a través de correos electrónicos masivos y, ahora último, la subestimación del espíritu reflexivo y crítico, tanto de estudiantes y familias a través del proyecto “anti-adoctrinamiento político”. Parecen ser los asuntos prioritarios en la agenda educativa del Mineduc, relegando a un segundo y tercer plano; la inclusión, calidad y equidad como norte en la planificación de política pública. La vigilancia y el castigo como prioridad educativa del actual gobierno.
