El estallido social que ha movilizado al país completo era previsible y esperable. Eso dicen ahora muchos de quienes estos hechos les explotaron en la cara. Digamos las cosas como son, pero pilló de sorpresa por su magnitud, extensión y masividad a dirigentes políticos y sociales, a autoridades gubernamentales y a parlamentarios, a periodistas, centros de estudios e intelectuales, incluso a quienes teorizan sobre la conflictividad social y trabajan con estudios, encuestas, cifras y estadísticas de todo tipo.
Hubo un detonante, el mismo que muchos historiadores recuerdan ahora como aquella que fue denominada “la revolución de la chaucha” en 1949, por el alza del transporte colectivo en 20 centavos de peso (una chaucha en lenguaje popular), bajo el gobierno de González Videla en alianza con la derecha política de entonces y que provocó un estallido. Iniciado igual que ahora por los estudiantes, sumó después a trabajadores e incluso a dueñas de casa. Barricadas, incendios, volcamiento de autos y buses, derribamiento de postes del tendido eléctrico estuvieron presentes en las manifestaciones de entonces que, al igual que lo que hemos vivido recientemente, fueron reprimidas desproporcionadamente por la fuerza pública de carabineros y militares con muchos heridos y un indeterminado número de muertes.
Pero hasta ahí el parecido. El detonante es el alza del transporte por el significado e impacto que tiene en las vidas de millares de ciudadanos que a diario pagan una proporción considerable de sus ingresos para trasladarse de sus hogares a sus trabajos en demorosos trayectos con una insuficiente calidad del servicio. Fue la gota que rebalsó el vaso.
Dos alzas de la tarifa eléctrica del orden del 20% en este mismo año; varias ciudades densamente pobladas sin suministro de agua para la población por negligencia y falta de inversiones de las empresas; información reciente divulgada en medios de comunicación sobre el tremendo contraste en los altos precios de los remedios en Chile por comparación con países como Argentina y España, precedieron este anuncio.
Con un desmesurado despliegue de fuerzas policiales en las estaciones de Metro (no hay imágenes comparables en los países europeos con atentados terroristas) y con autoridades políticas y voceros de derecha denunciando como inaceptables las evasiones del pago por parte de los estudiantes, mientras en fechas recientes ha sido pública la evasión del pago de contribuciones en propiedades de alto valor por parte de sectores de altos ingresos, incluido el propio Presidente de la República y cuando el Subsecretario del Interior tiene un juicio por compra irregular de tierras indígenas en el ejercicio de este mismo cargo en el gobierno anterior de Piñera. Sin dejar de mencionar el contrate entre la sanción pública y eventualmente penal que se hace a las protestas y sus destrozos por contraste con las sanciones irrisorias de quienes han defraudado al fisco por evasión y elusión tributaria, o por boletas truchas, así como a los bolsillos de los consumidores por colusiones en productos básicos y remedios, por años.
Y todo esto con comentarios sarcásticos de ministros -cuya insensibilidad ante la realidad social y económica de la mayor parte de la población altamente endeudada y con bajos ingresos- demuestra que viven en una burbuja muy lejana de la ciudadanía. Al ministro de Hacienda le costó su cargo, no tanto su porfía para entender que su proyecto de reforma tributaria carecía de respaldo político y ciudadano, sino sobre todo sus chistes de mal gusto invitando a la población a comprar flores porque han bajado de precio. Y otro tanto con un ministro de Economía quien, educado en la lógica economicista de incentivos y castigos, ofrecía premiar con bajar la tarifa del Metro a los que madrugaran y usaran dicho transporte entre las 6 y las 7 de la mañana.
Lamentablemente permanece en el gabinete la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien a lo largo del ejercicio de su cargo ha fomentado el clima de violencia previo al estallido de octubre y que ahora continúa exacerbándolo con sus provocaciones, mintiendo con los resultados del proceso de admisión del sistema escolar y anunciando que hará cabildos con los apoderados disconformes con los resultados de la admisión escolar de sus hijos.
Fuerza pública desproporcionada hacia los manifestantes que será investigada por organismos internacionales de derechos humanos -con heridos, presos y muertes- y no sólo concentrada como debió haber sido en los repudiables actos de violencia y vandalismo que ocurrieron en paralelo, y largos 5 días de protestas y manifestaciones sin propuestas del gobierno, escalaron el estallido así como la acumulación de demandas muy sentidas y largamente postergadas. Para cuando el presidente Piñera ofreció un acotado paquete de medidas sociales, el estallido social ya venía de vuelta y la sociedad a lo largo de todo el territorio se manifestaba pacíficamente e iniciaba sus primeros cabildos de diálogo y encuentro ciudadanos. Ya no se trata entonces de un subsidio más, o de un congelamiento de tarifas, o una compensación mayor en el pilar solidario del sistema previsional, o un alza del ingreso mínimo con aportes fiscales. Esas aspirinas ya no calman esta enfermedad de desigualdades y abusos que atacan tantos planos de nuestras vidas.
Las demandas resumen el malestar con el neoliberalismo
A dos semanas de iniciado el estallido, en las calles y en los centenares de cabildos autoconvocados el debate ha pasado a ser sobre qué sistema de salud, educacional y previsional requerimos para terminar con las desigualdades que se expresan en la provisión de estos derechos sociales. De paso, sobre cómo se financian tales derechos ante el intento del gobierno de reducir la carga tributaria a los más ricos.
Sobre cómo se defienden los ingresos de los trabajadores y la justa retribución del trabajo si se desconoce a las organizaciones sindicales en empresas y sobre todo ramales y si la Dirección del Trabajo, al igual que otros servicios que deben protegernos, se debilita y pierde facultades.
Sobre cómo se regula y determinan las tarifas de servicios básicos que en manos privadas han terminado por ser grandes negocios y no prestaciones necesarias para la vida cotidiana de la población. Y por cierto, por qué estos servicios –en particular el agua- están en manos privadas.
Pero sobre todo, cansancio frente a la evidencia que hay que llegar a los extremos de trastocar las actividades cotidianas dada la normalización de los abusos como prácticas. Y por tanto, el reclamo que nace en el estallido social pasa a ser esencialmente político: sobre cómo y quiénes toman las decisiones, cómo se expresan y representan las diversidades sociales, sus derechos y necesidades. Cómo se configura el sistema político, cómo se legitima y cómo se avanza y profundiza la democracia no sólo representativa sino también participativa. No podemos dejar de mencionar que sobre esta materia en particular el Instituto Igualdad elaboró en junio de este año un documento titulado “Por un acuerdo nacional democrático” (que reproducimos en este número de El Igualitario) en respuesta al llamado presidencial en su mensaje a la nación para mejorar y fortalecer la calidad de la política e instituciones republicanas. Y produjimos dicho documento porque nos pareció insatisfactoria y muy reducida la agenda del entonces ministro del Interior Chadwick para abordar tal reto, que ahora vuelve a cobrar plena vigencia.
Chile propone: el pueblo como sujeto
Esta vez prendió, como nunca antes, el reclamo por una nueva Constitución, pues si lo que está en juego es el neoliberalismo entonces lo está la Constitución Política que, a pesar de múltiples reformas democratizadoras, sigue consagrando el sistema neoliberal, no sólo como dimensión económica, sino como organizador de una sociedad a la que atomiza en individuos que no parecieran vivir en sociedad, ni ser parte de una misma comunidad.
Así como aparece con más fuerza que nunca antes el reclamo por una nueva Constitución parida en democracia, surge una demanda de que ella emane de la voluntad soberana del pueblo que hasta ahora no ha sido consultado. Esa es la Asamblea Constituyente y hay múltiples experiencias internacionales de las cuales sacar ejemplos, tanto de gobiernos progresistas como de derecha, en países de largas tradiciones democráticas -como algunos europeos- y en países que han logrado recuperarla más recientemente después de cruentas dictaduras, como América Latina.
La ciudadanía masivamente le ha mandado estos mensajes al gobierno y a los partidos políticos que lo sustentan, así como a los opositores. Ante estas señales el gobierno no podrá mantener su propuesta de reforma de pensiones y tributaria que no sólo es regresiva sino que le resta recursos fiscales a un país que ahora debe abordar una exigente agenda social con verdadero sentido de protección de derechos y de seguridad social.
Pero nada de ello será posible si no se asume la esencia del problema. Crear las bases y las condiciones para el nuevo pacto político y social que nos va a regir en una nueva Constitución Política. Tras la elección presidencial, quienes teníamos la convicción que el proceso iniciado en el gobierno de Michelle Bachelet debía culminar, pensamos que había quedado clausurado dicho proceso con el cambio de gobierno a manos de una derecha que, entre otros argumentos, nos dijo que eso no era prioridad y que sólo en momentos de crisis se dan condiciones para un proceso constituyente. Pensaban ellos que estábamos en el oasis de América Latina. La vida les ha demostrado que no es así y será el momento de cobrarle la palabra a este gobierno y a sus fuerzas políticas: esta es la mayor crisis que vivimos desde el retorno de la democracia y el reencuentro de la política con la ciudadanía necesita un nuevo pacto constitucional. Si quieren ser consecuentes con lo que han afirmado y realistas respeto de lo que se está viviendo en el país, entonces deben apoyar la propuesta de plebiscitar la idea de una nueva Constitución y de su mecanismo de reforma. Que sea el pueblo que despertó el que proponga si quiere o no una nueva carta fundamental y cómo quiere ser parte de su autoría.
