El Programa Internacional y el Programa de Derechos Humanos del Instituto Igualdad sostuvieron la semana pasada un conversatorio con una delegación de jóvenes nicaragüenses representantes de agrupaciones sociales que en los últimos meses participaron en el movimiento de protesta en Nicaragua. La cita, que tuvo lugar en la sede del Senado en Santiago, transcurrió en un clima franco y respetuoso que permitió escuchar, preguntar y opinar sobre la crisis humanitaria que vive el país centroamericano, así como analizar el escenario político y sus perspectivas.
Varios de los chilenos y chilenas participantes en este encuentro formaron parte del contingente de militantes de izquierda que se plegaron al proceso revolucionario sandinista (1979-1990) y tras retornar a Chile mantienen los vínculos y los afectos. De allí, la singularidad del intercambio con la delegación opositora y, por lo mismo, hubo sentimientos encontrados: todos quisiéramos seguir entonando el himno sandinista sin explicar que hay un antes y un después.
El relato de la representante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Ariana McGuire, ahondó en la forma cómo se inició en abril último el movimiento contestatario, el impacto que provocó la represión, la subsiguiente cadena de solidaridad y articulación sobre la marcha de organizaciones diversas para dar lugar a la actual Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las palabras de Ariana traslucían incertidumbre. Hay compañeros, vecinos, amigos y familiares entre los muertos, heridos, desaparecidos y encarcelados. No hay respuestas sobre el futuro, pero frente a las interrogantes aclaró: “no protestamos contra el sandinismo, protestamos contra el orteguismo”.
Efectivamente, no está a la vista la salida a la crisis en Nicaragua. La gobernabilidad del país durante estos años se sustentó en una alianza entre Ortega, el empresariado agrupado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Iglesia Católica. Esa alianza se erosionó.
El empresariado en este momento no tiene nada que ganar al alero de un esquema que no provee seguridad. Las expectativas de crecimiento descendieron dramáticamente en los últimos meses.
Por otra parte, el clero cuenta hoy con actores que propiciaron el diálogo y han tomado distancia del discurso oficialista de criminalización de la protesta.
En el exterior, la condena al uso letal de la fuerza contra civiles ha sido extensa. Países y organismos internacionales abogan por el cese de la violencia, por la reanudación del diálogo y para que se investiguen las graves violaciones a los derechos humanos.
La amenaza de golpe de Estado que ha sido esgrimida para justificar la actuación del gobierno no parece sustentarse. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y para ello sus instituciones policiales y militares tienen reglas de enfrentamiento que en el caso de Nicaragua parecen inexistentes. Varios miembros de la ex Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han recomendado la renuncia de Ortega. Entre ellos, su hermano Humberto Ortega, Jaime Wheelock y Henry Ruiz, además del ex Vicepresidente de la República en el primer gobierno sandinista, Sergio Ramírez.
Queremos destacar la relevancia de la reunión del Instituto Igualdad con los jóvenes que denunciaron al gobierno de Ortega-Murillo por graves violaciones a los derechos humanos. No sólo hubo acopio de información y análisis, sino principalmente fue un acto solidario y coherente.
El Programa Internacional de Igualdad -con la colaboración del Programa de Derechos Humanos del instituto- se propone seguir con atención la evolución de los acontecimientos. Nicaragua está muy cerca de Chile, es parte de su historia.
