Programa Constitucional Instituto Igualdad
Hace más de 40 años, en las horas más oscuras de Chile y a días del plebiscito ilegítimo que llamó la dictadura para imponer su Constitución, personas justas reunidas en elllamado “Grupo de los 24” llamaban “a todos los chilenos libres a contraer un solemne compromiso por la democracia[1]”.
Este grupo, junto con denunciar los atropellos a los derechos humanos, la violencia y la injusticia, definían a este compromiso como la voluntad de recuperar la libertad, la igualdad y el funcionamiento de la democracia, convocando a una Asamblea Constituyente que “restablezca la unidad”, promueva “un gran pacto económico-social” y haga justicia a los sectores postergados.
Traemos a colación esta declaración, pues tal como hace 40 años, hoy también debemos asumir un nuevo compromiso constitucional, que involucra tres dimensiones a considerar.
Una primera dimensión consiste en la lealtad con las denominadas “bases constitucionales”, doce enunciados que formaron parte del preacuerdo entre la mayoría de los partidos políticos que llevó a la reforma activadora de este tercer intento. Dicho compromiso, debe responder al respeto y la fidelidad a lo ya acordado manteniendo no sólo la adhesión a los valores involucrados en el acuerdo, sino también y lo que es más importante, el fin que este acuerdo persigue: alumbrar una nueva Constitución que instituye un Estado democrático, un Estado de Derecho y un Estado social.
De esta lealtad institucional emanan obligaciones recíprocas para todos los sectores que intervienen en el proceso constitucional y que considera la voluntad de llegar acuerdos, establecer puntos en común de negociación, desterrar toda imposición unilateral y actuar con honestidad intelectual y política que permitan discutir los diversos conceptos que se ponen en juego en la elaboración del proyecto constitucional.
Su segunda dimensión implica identificar un terreno común en la que puedan confluir corrientes ideológicas, políticas y sociales diferentes. Un terreno lo suficientemente sólido para construir progresivamente un régimen político y social que nos represente a todos. Sin duda, este momento, conlleva la renuncia de alguna aspiración y aceptar otras que nonecesariamente se ajustan a las preferencias políticas e ideológicas propias con el objetivo de alcanzar concesiones recíprocas. Al contrario de lo que algunos podrían pensar, este aspecto no debe ser visto como una debilidad, sino como la principal fortaleza del pacto constitucional que se busca someter a la decisión de la ciudadanía.
Todo lo anterior, obliga a un acto de honestidad poderosa, que vendría a ser una tercera dimensión: no basta con el mero cambio formal de Constitución, cual acto psicomágicoque depurará inmediatamente nuestras instituciones políticas. En esta nueva realidad que enmarca el proceso constituyente de 2023, no puede simplemente aprobarse el nuevo texto por defecto, sino que su construcción debe ir de la mano con la defensa de las bases constitucionales que, conjunta y cohesionadamente, orientan hacia la construcción de un Estado social y democrático de Derecho en plena forma, y no a la mantención de principios subsidiarios bajo nuevos ropajes.
Esta debe ser la convicción que debe animar a los comisionados y a los futuros consejeros y consejerasconstitucionales: abandonar cualquier pretensión maximalista e ir construyendo un genuino reflejo del “contrato social” (siguiendo al ineludible Rousseau) en que queremos como sociedad vivir. Las opciones están abiertas.
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[1] Declaración “Compromiso por la Democracia” de 9 de septiembre de 1980. Link: https://bit.ly/3u9cUzR.
