Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 18 de diciembre de 2020.
Cómo van a funcionar realmente las flamantes gobernaciones regionales que se elegirán en los próximos meses es un gran misterio. No está clara la división de funciones con los delegados presidenciales, que seguirán coordinando, en la región, a los órganos dependientes de cada uno de los ministerios nacionales – dependientes a su vez del Ejecutivo – lo cual no es poca cosa, ni poco poder, ni poca plata. En algún momento de la vida estos últimos organismos procederán a transferirle algunas funciones a la gobernación regional, pero eso no tiene un cronograma claro.
En todo caso, se visualiza que la elección e instalación de este tipo de autoridad regional es un paso adelante en el proceso de descentralización territorial, por cuanto lo que pase en la región no pasará solamente por las decisiones de funcionarios elegidos en Santiago, y cuya permanencia en el cargo depende de lo bien o de lo mal que hagan lo que desde Santiago les señalen. Habrá un funcionario llamado Gobernador, que por lo menos ejercerá el sagrado derecho a pataleo y que intentará ser vocero de las aspiraciones y proyectos que tienen raíces en la región. Seguramente coordinará a alcaldes y a organismo sociales, pero sin platas ni recursos asignados, la cosa es difícil. Es probable que, en la duda, los alcaldes y los líderes sociales vayan a golpear la puerta de quien tiene a su cargo los organismos ministeriales con presencia en la región, que algo de recursos y de poder tienen, y que no la soltarán con facilidad.
Sin recursos financieros los gobernadores no podrán hacer mucho, y es posible que todo este experimento de descentralización territorial no logre despegar. De allí que reflexionar respecto al financiamiento de las gobernaciones regionales es un tema relevante, ya sea que se pueda establecer algo al respecto en la Convención Constituyente, o fuera de ella, en el Parlamento, que seguirá existiendo y definiendo presupuestos hasta un buen rato hacia adelante.
En materia de financiamiento es dable pensar que las gobernaciones tengan – o debieran tener- al menos cuatro fuentes de financiamiento paralelas y simultaneas. Por un lado, un monto de fondos base que se le asigne en el Presupuesto anual de la nación, que son fondos provenientes de los impuestos que pagan todos los chilenos – o son ingresos que de una forma u otra pertenecen a todos ellos – sean de la región que sean, y que irán parcialmente a financiar el funcionamiento de las gobernaciones regionales. En esa materia luce importante que se establezca el criterio simple y claro de que el porcentaje del presupuesto nacional que vaya a las gobernaciones regionales deba responder a un criterio redistributivo de ingresos, de modo tal que la región que sea de menor desarrollo relativo sea la que en términos relativos reciba más. Algo parecido, y si es posible mejor – aprovechando la experiencia acumulada – que lo que se hace con los fondos municipales.
Una segunda fuente de financiamiento de las gobernaciones regionales debe radicar en tributos o ingresos propios. Si no tienen ingresos propios las regiones se convertirán de por vida en solicitadores de ingresos a la Dipres y al Ministerio de Hacienda. Una proporción de ingresos propios les concede una porción adicional de autonomía. Ingresos propios pueden ser tasas o porcentajes, aun cuando sean modestas, de la riqueza que se realiza en su territorio. Hay que tener como referencia, para que no siga sucediendo lo mismo, que muchas ventas sobre productos generados en el norte minero, dejan ingresos en los municipios santiaguinos, pues allí se localizan las oficinas administrativas y de venta. Hay que captar en beneficio de la región una parte de la riqueza generada en la región, por ejemplo, en actividades primario exportadoras, sin perjuicio de la parte de esa riqueza que les corresponda por la vía del Presupuesto de la nación.
Una tercera fuente de financiamiento debe provenir de fondos concursables, contra la presentación de proyectos. Se debe generar una sana competencia en cuanto a la generación de proyectos de beneficio regional, financiables con fondos que queden disponibles para estos efectos en el Presupuesto de la nación, pero que no formen parte de la alicuota del Presupuesto que le corresponda a cada región.
En cuarto lugar, fondos que se correspondan con las actividades que le sean transferidas a las gobernaciones regionales por parte de las instancias ministeriales, y que pasen a ser atendidas en todos los aspectos por el gobierno regional.
Como quiera que sea, sin discutir en serio sobre financiamiento, el experimento democratizador y redistributivo de poder y de ingresos que implica la elección y la instalación de los gobernadores puede quedarse en pura poesía.
