Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN el día 2 de diciembre de 2020.
Es difícil no aceptar que Chile vive una situación económica que se caracteriza por una caída de la producción, de la demanda, del consumo, del empleo y de los ingresos de la población. Sin embargo, no circula ni se procesa mucha información sobre lo que está sucediendo en materia de comercio exterior, a pesar de que en ese frente se están presentando fenómenos que son importantes de ser conocidos y procesados por los agentes políticos y económicos del país.
Una primera cuestión que es importante mencionar en este campo es que las exportaciones del país, en los diez primeros meses del año, solo han caído en un 1.7 % lo cual es una cifra que bien puede tener lugar en un año normal, dadas los vaivenes que son propios del comercio internacional.
Si tomáramos como referencia solo los seis primeros meses del año – para poder hacer algunas comparaciones con países de la región – la caída de las exportaciones chilenas fue de 7.2 %, con respecto a igual período del año anterior, lo cual es una caída menor que el promedio de América Latina y el Caribe, que fue de 16%, con caídas nacionales de 25.3 % en el caso de Colombia, de 26.8 % en el caso de Perú, o de 19.5 % en el caso de México.
Esta caída leve del nivel de las exportaciones es una situación indudablemente positiva. El lado negativo, sin embargo, es que éstas siguen siendo básicamente exportaciones de recursos naturales con poco valor agregado, que generan renta a sus propietarios, pero que no difunden adecuadamente sus beneficios al conjunto del país y que no incentivan modernización tecnológica ni diversificación productiva en el conjunto de la economía nacional. Del total de lo exportado en los diez primeros meses del año, que suma 55.551 millones de dólares, 30.879 son exportaciones mineras, 7.946 millones de dólares corresponden a exportaciones hortofrutícolas, 5.162 millones de dólares son exportaciones generadas por la pesca y la acuicultura, 3.990 millones de dólares provienen del mundo forestal y 1.534 millones de dólares son de vino embotellado.
Hay un consenso mayoritario en el país en el sentido de que es imprescindible caminar hacia un nuevo modelo de desarrollo, lo cual implica formas nuevas de inserción en los circuitos del comercio internacional contemporáneo, exportando más valor agregado, más tecnología y más diversidad de productos y servicios. Pero todo ello tiene costos monetarios – pues es necesario invertir para cosechar esos frutos – además costos de tiempo, pues eso no se puede hacer de un año para el otro. Por ello, es bueno que la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo se inicie y si es posible avance en maduración antes de que el modelo viejo entre en una etapa de decadencia total y definitiva – como le ha sucedido a varios países petróleos de la región.
En otras palabras, la promoción y el incentivo de un nuevo modelo de desarrollo no puede hacerse sobre el cadáver del modelo actualmente vigente. No solo en el corto y mediano plazo, sino también a largo plazo, se necesita que las exportaciones actuales se mantengan, o exhiban una caída modesta, sin perjuicio de que se camine hacia la modificación de su contenido tecnológico y su grado de manufacturación. Ningún gobierno medianamente responsable puede jugar a favor de una caída o de una reducción violenta de las exportaciones actuales, no pena de sumar una crisis de pagos internacionales a las crisis económica, social e incluso institucional que hoy en día se viven en el país, y que se mantendrán como herencia para un próximo gobierno. Sin perjuicio de ello, lo que sí se puede y se debe hacer es imponerle al actual sector exportador rentista contribuciones y responsabilidades sociales, tributarias, salariales y medioambientales de mayor envergadura, de modo de financiar los procesos de transformación que el país necesita para caminar seguro en la senda del siglo XXI.
