Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 06 de noviembre de 2020.
Para efectos de reactivar la economía – es decir, para hacer que entre en un proceso de crecimiento de la actividad productiva, de utilización de los factores productivos que se encuentren ociosos y de crecimiento consiguiente de los empleos y de los ingresos – hay muchas medidas de política económica que pueden ser implementadas. Un papel de primera importancia juega en ese campo la inversión pública, la cual se guía – o debería guiarse – no solo por los criterios convencionales de la rentabilidad privada, sino por criterios de rentabilidad social, equidad, justicia social y/o apoyo a estrategias de desarrollo nacional de mediano y de largo plazo.
Pero en el campo del apoyo o incentivo a la inversión privada, podemos, como una primera aproximación, decir que un grupo de dichas medidas pueden estar centradas inicialmente en estimular la demanda, mientras que otro grupo de medidas se centran en estimular la oferta.
Entre las medidas que centran su atención en la demanda se ubican todas las medidas que se han conocido durante el año 2020 en materia de transferencias directas a ciertas categorías de ciudadanos. Allí podemos mencionar el IFE, en todas y cada una de sus versiones, y los préstamos para la clase media. La idea general que preside estas medidas es que hay que incrementar los activos monetarios en manos de los ciudadanos, para que estos puedan realizar compras de bienes y servicios en los mercados y que, como consecuencia de ello, el aparato productivo responda incrementando la producción y generando, por la vía del pago de salarios, nuevos incrementos de demanda. Para que este esquema funcione se necesita que el aparato productivo tenga la suficiente capacidad de respuesta ante los incrementos de la demanda. Si el aparato productivo no reacciona, entonces la mayor demanda solo se traducirá en incrementos de precios, con lo cual se perderá parte del poder de compra que se pone inicialmente en manos de los trabajadores y, de rebote, los empresarios tendrán ganancias adicionales.
Entre las medidas por el lado de la oferta hemos conocido en el año medidas tales como el crédito a una baja tasa de interés, otorgado por la vía de Fogape, el mantenimiento de un dólar barato y ahora el subsidio a la contratación de mano de obra. El común denominador de todas estas medidas es que pretenden bajar el costo que tiene para los empresarios la adquisición de determinados insumos que son necesarios para un eventual aumento de la producción. Se les proporcionan así, dólares baratos, crédito barato y mano de obra barata. Se asume, en este esquema, que estos estímulos de oferta bajarán los costos unitarios de lo producido y ello conducirá a producir y vender más, debido a que menores costos se traducen en menores precios y en mayor volumen de producción y de ventas. Puede suceder, sin embargo, que los empresarios no aumenten la producción ni bajen los precios de venta al público, sino que mantengan los niveles de producción, solo que con menores costos y con mayores ganancias, sin mayores efectos reactivadores. Dado que la gran empresa tiene espaldas financieras como para asumir dólares, créditos y mano de obra sin necesidad de los subsidios correspondientes, es altamente conveniente limitar estos estímulos a la micro, pequeña y mediana empresa, es decir, a los que realmente los necesitan, tal como se pretendió hacer con los créditos Fogape, aun cuando el Gobierno impuso su criterio de extender ver dicho beneficio a todo tipo de empresas.
Los menores costos, pero con igual nivel de producción, es altamente posible que se presenten en relación al crédito barato y al dólar barato. El subsidio a la mano de obra, en cambio, obliga a contratar más mano de obra y a pagar los nuevos salarios correspondientes, lo cual incrementa el empleo, los ingresos y la demanda que con estos se realiza. Pero también puede significar subvencionar actividades y empresas que tienen capacidad financiera como para asumir las compras de todos esos insumos al precio que imponga el mercado, sin necesidad de subsidios estales. Más aun, hay empresas que estacionalmente contratan volúmenes variables de mano de obra, lo cual es parte de su plan de negocios habitual y no deberían hacerse merecedoras de subsidio alguno. Por todo ello, para evitar que los tiburones se metan a gozar de una medida destinada a beneficiar a las sardinas, es bueno nuevamente limitar la aplicación de esta medida solo para las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que tienen real necesidad de apoyos de oferta o de demanda que les permitan reactivar sus niveles de producción.
