Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CIUDADANO el día 02 de octubre de 2020.
Los diputados y senadores son representantes del pueblo y, por lo tanto, del soberano. Se podría pensar, a partir de lo anterior, que en un régimen republicano, en que el poder está dividido en diferentes órganos – Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre otros – el Parlamento, como órgano colectivo conformado por los representantes del pueblo, tiene la alta responsabilidad de elaborar y aprobar las leyes o las norma que presiden el funcionamiento de la sociedad y de la economía nacional.
Pero no es así. La realidad pura y dura es que su poder es bastante limitado. La constitución actual le quita la posibilidad de proponer y de resolver sobre un grupo grande de las cuestiones más importantes que determinan lo que sucede en el país. Veamos.
En el campo de la política monetaria – donde se decide sobre tasas de interés, sobre política crediticia, y sobre política cambiaria, entre otras cosas – los honorables diputados y senadores no se pueden meter. Eso es un coto exclusivo de un órgano denominado Banco Central, que goza de alta autonomía para fijar sus propias metas y propósitos y para elegir e imponer los instrumentos de política monetaria que se van a desplegar en el país y que condicionan la vida de millones de sus ciudadanos.
En lo que respecta a la política fiscal – ingresos y gastos fiscales – tampoco se pueden meter. Eso es un terreno exclusivo del Ministerio de Hacienda, el cual envía periódicamente un presupuesto de ingresos y gastos sin que los parlamentarios puedan modificar los ingresos ni los gastos, es decir, casi sin poder hacer nada, excepto ejercer el derecho a pataleo. Y eso no sucede solo en relación a ese importante instrumento de política que es el presupuesto del sector público, sino que en ningún momento de su ejercicio como parlamentarios pueden hacer proposiciones que tengan incidencia fiscal, lo cual limita extraordinariamente su accionar, pues todo implica algún grado de incidencia sobre los ingresos y los gastos fiscales.
Si se trata de crear alguna empresa que el desarrollo nacional reclame, la iniciativa debe ser aprobada en el parlamento con quorum calificado, lo cual en la práctica significa que el parecer de la minoría tiene capacidad como para bloquear la decisión de la eventual mayoría de los diputados y senadores, y el Parlamento en su conjunto queda paralizado frente a ese tipo de iniciativa. Por ello, entre otras cosas, es que en los últimos 40 años no se ha creado ninguna nueva empresa pública. Si este tipo de normativa hubiera existido en décadas anteriores, no se habrían podido constituir empresas tales como los Ferrocarriles del Estado, Huachipato, Enap, Codelco y ni siquiera empresas como como Famae o Asmar.
En síntesis, en la constitución actual del país, los parlamentarios no tienen iniciativa económica, eso está limitado al Ejecutivo, y/o son todas cosas que quedan sometidas al mercado, y en las cuales ni el Ejecutivo se puede meter. En esas circunstancias no es extraño que la ciudadanía tenga la impresión de que el quehacer de los parlamentarios no afecta la cotidianidad de sus vidas y que la política, entendida como el mero acto de elegir periódicamente a los representantes del pueblo, no cambia las estructuras ni el funcionamiento del país.
Toda esta situación tiene que cambiar. El parlamento tiene que volver por sus fueros y volver a ser la instancia donde se discuta y se resuelva sobre las grandes cuestiones que afectan la vida de los chilenos. En otras palabras, donde se vuelva a hacer política. En esa medida, la elección misma de los representantes del pueblo, volverá a ser una cuestión relevante para la vida y las esperanzas de las grandes mayorías nacionales.
