Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 27 de septiembre de 2020.
Hasta el 30 de septiembre tiene plazo el Gobierno para presentar ante el parlamento el Presupuesto del Sector Público para el año 2021. Ese es un proyecto de ley altamente importante, pues define las prioridades del Gobierno respecto a cómo mantener el país en funcionamiento y cómo sacarlo de la crisis sanitaria, económica, social e institucional en que estamos insertos.
No es posible hoy en día emitir juicios u opiniones definitivas sobre si ese presupuesto será bueno o malo. Primero, obviamente, porque todavía no se ha presentado. El Gobierno mantiene cierto suspenso al respecto. Pero se puede avanzar la idea de que un presupuesto del sector público no se puede analizar ni juzgar solo de acuerdo a las formalidades contables, que suelen ser correctas, ni de acuerdo a si las sumas y las restas están bien hechas. Lo fundamental para emitir juicios en esta materia es ver si ese proyecto de ley responde o no adecuadamente a las grandes necesidades y desafíos que tiene por delante la nación chilena.
Y en ese campo es bueno recordar que la pandemia no se ha terminado, que hay una cantidad importante de casos activos que hay que atender con toda la calidad hospitalaria y sanitaria que corresponda, y que es probable que el país se vea enfrentado a una segunda ola de contagios, tal como ha sucedido en otros países, e incluso en otras regiones de nuestro propio país. Si eso sucede no nos puede pillar desprevenidos, sino que todos los recursos humanos, materiales, institucionales y económicos deben estar a disposición. Además, para que nada de aquello suceda es imprescindible mantener e incrementar la capacidad de testeo y de trazabilidad, de modo de detectar a tiempo cualquier amenaza. Todo ello requiere fondos que tienen que estar disponibles en el presupuesto.
Pero el país enfrenta también un agudo problema de desempleo. Mas de 3 millones de trabajadores están fuera de su actividad laboral habitual y carecen, por lo tanto, de un ingreso adecuado a las necesidades de vida y alimentación de ellos y de sus familias. Durante el presente año se ha socorrido a esos trabajadores con diferentes transferencias directas – cada una de ellas bien regateada – pero que al fin y al cabo han ayudado a parar la olla. Una alta proporción de esos desempleados se mantendrán como tales durante el año 2021 y es necesario enfrentar ese problema con varias líneas de acción. Primero, hay que mantener o perfeccionar los programas de transferencias directas. Una buena solución al respecto es la implantación de una renta básica familiar, para los sectores más vulnerables, para lo cual hay hoy en día, la experiencia organizativa y estadística ganada durante el año 2020. Se debe hacer y se puede hacer mejor. En segundo lugar, hay que llevar adelante grandes programas de inversión pública, encaminadas en alta medida a activar a las pymes, que son las que tienen mayor capacidad de absorber mano de obra. Esos programas deben tener a los municipios y a las regiones como actores o protagonistas fundamentales. En tercer lugar, hay que capacitar a la mano de obra que no esté laborando, de modo de cerrar en alguna medida, las brechas cognitivas que existen entre diferentes sectores laborales, e incluso entre hombres y mujeres, de modo de elevar su capacidad de incorporarse al mercado laboral.
Pero enfrentar estos desafíos se necesita no solo de una elevada visión social y nacional, sino que se necesitan también los ingresos y recursos fiscales, constantes y sonantes, que permitan financiar los mayores gastos. Con los ingresos corrientes provenientes de la estructura tributaria actual no alcanza. Esos mayores gastos se deben financiar con reformas tributarias que eleven el aporte fiscal de los sectores de altos ingresos, tales como el término de las exoneraciones, la desintegración entre empresas y personas, el establecimiento de impuestos a las ganancias de capital, el incremento de las tasas del impuesto a la renta para los tramos de más altos ingresos, el establecimiento de impuestos patrimoniales a las grandes fortunas, el incremento del royalty minero, etc.
Es difícil que el Presupuesto contemple todos los gastos que son necesarios. Más difícil todavía que contemple las reformas necesarias como para financiar los mayores gastos. Pero el debate y la movilización social, política y parlamentaria pueden introducir cambios importantes al proyecto de ley que presente el Ejecutivo, tal como ha sucedido en la tramitación de otras leyes en los últimos meses. La discusión del presupuesto no es una mera discusión contable, sino que es, desde todo punto de vista, una relevante discusión política.
