Por Juan Peña, abogado, asesor legislativo y colaborador de Igualdad
“No cabe en el proceso de creación normativa la asepsia política, y todas las actitudes que pretenden eludir este hecho, es decir, todas las actitudes que se proclaman o se sienten neutrales, o son hipócritas o son inconscientes.”.
La reflexión precitada, de autoría del sabio maestro del Derecho Penal, don Manuel de Rivacoba, tras más de veinticinco años de haberse hecho por primera vez, cobra hoy más sentido que nunca, y es de suma utilidad para (re) afirmar lo siguiente: La política criminal impulsada por el Ejecutivo durante el presente periodo se ha caracterizado por proteger y dar seguridad preferente a los intereses de los más poderosos, dejando a los más indefensos, en cambio, en el más total abandono e indefensión.
Prueba del primer planteamiento es el reciente y pomposo anuncio por parte del Presidente de la República de un proyecto de ley cuyo objetivo es perfeccionar y adecuar los delitos de incendio en el Código Penal, además de crear una nueva calificante para este delito.
Recurriendo, una vez más, a la más dolorosa de las herramientas de control social, es claro que este proyecto de ley (innecesario, pobremente fundamentado y carente de sentido) está pensado para congraciar a un gremio que históricamente se ha caracterizado por su carácter reaccionario y amenazante. Resulta cuanto menos curioso (por no decir impresentable) que, al primer ruido de sus bocinas, en La Moneda aceleraran al máximo la confección de una iniciativa que diera por satisfechos sus intereses.
Prueba del segundo planteamiento, en tanto, es la demora en la dictación del reglamento relativo a la organización del sistema de libertad condicional, el cual se encuentra pendiente tras la reciente reforma al DL N° 321, así como también la falta de tribunales encargados de controlar la ejecución de las penas.
Su pronta puesta en marcha, así como también el otorgamiento de soluciones definitivas a este problema endémico de nuestra legislación penitenciaria, sería de mucha utilidad y podría contribuir a evitar que se cometan errores, como la liberación del imputado por la muerte de Ámbar.
Pero ahí está el reglamento, y ahí está el proyecto que establece los tribunales de ejecución de penas, ambos durmiendo el tristemente denominado “largo sueño de los justos”.
A la dispar velocidad con la que opera la política criminal para unos y otros, debemos agregar la demora deliberada en la tramitación de dos proyectos claves que buscan dar protección y resguardo a un segmento de la población, a saber, los niños, niñas y adolescentes: Me refiero al proyecto de ley de que establece un sistema de garantías de la niñez, así como también, el Servicio de Protección Especializada.
Luego de una larga tramitación de este último, el Presidente decidió vetarlo al observar que el mismo propone su entrada en vigencia una vez que Chile cuente con un marco integral de garantías para sus niños, niñas y adolescentes, cuestión que todos los expertos han manifestado como necesario. Se va a cumplir un mes de presentado el veto y aún no se observan avances claros al respecto. Tampoco mayores movimientos en el sistema de garantías.
Y, sin embargo, ahí están los niños, niñas y adolescentes que siguen clamando por un Estado que los proteja debidamente.
Curiosamente, la seguridad de toda la población es una de nuestras bases de la institucionalidad y es, asimismo, uno de los deberes más relevantes de quien detenta la máxima autoridad en nuestro país.
Sin embargo, y por lo anteriormente dicho, es claro que al Presidente parece importarle más la seguridad de la propiedad (y de una determinada propiedad: la de los más poderosos) que la seguridad e integridad de la vida de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables y que demandan mayor protección.
Crédito fotos: Juan Eduardo López
