El Partido Socialista, con el apoyo del Instituto Igualdad, ha tomado la decisión de conformar un equipo diverso de personas, con diferentes perfiles y trayectorias, respondiendo a la necesidad de identificar las debilidades, los incumplimientos de los acuerdos, y las trabas de las políticas públicas y de los proyectos de ley impulsados por el gobierno que tienen como fin proteger a las familias afectadas por la emergencia sanitaria y social causada por la enfermedad del COVID-19.
El grupo está compuesto por:
• Carlos Montes, Senador
• Manuel Monsalve, Diputado
• Marcelo Schilling, Diputado
• Clarisa Hardy, Presidenta Instituto Igualdad, ex Ministra MIDEPLAN
• Karina Delfino, socióloga, Coordinadora Ejecutiva Instituto Igualdad
• Sergio Echeverría, Alcalde San Joaquín
• Fernanda Villegas, ex ministra de Desarrollo Social
• Gabriel De La Fuente, Director Área Legislativa del Instituto Igualdad, ex Ministro SEGPRES.
• Lysette Henríquez, Ingeniera Industrial, Presidenta de la Comisión Económica del Partido Socialista
• Francisco Díaz, abogado y ex Subsecretario del Trabajo
• Álvaro Díaz, economista y ex subsecretario de Economía. Coordinador Foro Desarrollo Justo
• Patricia Silva, abogada y ex subsecretaria de SEGPRES
• Hernán Frigolett, economista, Académico, y ex Tesorero General de la República
• Rafael Pizarro, académico de gestión pública
• María José Becerra, economista.
• Sergio Sánchez, médico, presidente de la Comisión de Salud del PS.
Este es el tercer informe de seguimiento del equipo, y su objetivo es analizar las consecuencias del COVID19 y de las políticas implementadas en el ámbito laboral, poniendo énfasis en la destrucción del empleo formal, la suspensión y la reducción de ingresos, la alteración de rutinas de trabajo en muchas empresas y aceleración del teletrabajo, así como fuertes restricciones para el trabajo informal.
En el trimestre móvil marzo-abril-mayo se estima que 3 millones 284 mil personas se han desmovilizado del mercado laboral o están desempleados o con relación laboral suspendida (Según datos INE).
Han sido expulsados de la Fuerza de Trabajo 1 millón 256 mil personas que están esperando para reincorporarse, probablemente muchos de ellos lo harán a puestos de trabajo informales.
Los trabajadores cesantes son 879 mil, que no se encuentran afectos a la protección de empleo, y muchos de ellos pueden incluso estar fuera del seguro de cesantía si sus puestos de trabajo eran informales.
Dentro de los ocupados, se registran 1 millón 149 mil trabajadores ausentes, que estarían con algún grado de suplencia de ingresos, pero que ya están con una tasa de reemplazo de 55% que sin duda los deja bajo el salario mínimo.
Este informe analiza cómo el gobierno ha enfrentado la pandemia en el mundo laboral, poniendo énfasis en la nueva normativa que se ha dictado en este tiempo, sus efectos jurídicos y consecuencias prácticas, algunas situaciones específicas que no han sido abordadas por la autoridad, así como el rol de la institucionalidad laboral durante este período.
Para la evaluación de esta normativa se ha consultado la opinión de más de 70 dirigentes sindicales nacionales y regionales de diversos sectores productivos y de servicios, privados y públicos. La conclusión no es positiva, y se pone en evidencia que, en esta crisis los trabajadores no están protegidos.
