Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 26 de julio de 2020.
El llamado Fondo Covid es hijo del Acta de Entendimiento del 14 de junio. Allí se convino en establecer un fondo de 12 mil millones de dólares para hacer frente a la pandemia y a los gastos de reactivación económica. Primero eso fue un pacto de caballeros, pues no tenía fuerza legal alguna, sino meramente la fuerza política de los firmantes. Ahora se ha convertido ya en un proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento.
En ese proyecto se establece, efectivamente, que el Ejecutivo queda autorizado para emitir nueva deuda hasta por un monto de 8 mil millones de dólares. El resto se supone que saldrá de los fondos soberanos con que cuenta el país, en particular del Fondo de Estabilización Económica y Social, FEES, que está ligeramente por sobre los 10 mil millones de dólares. Si el endeudamiento es menor, el retiro o liquidación del FEES ser mayor. Lo importante es que entre los dos sumen 12 mil millones de dólares y que la nueva deuda no exceda los 8 mil millones de dólares.
Esas platas entrarán por Tesorería y desde allí serán asignadas, por decreto de Hacienda, a uno u otro ministerio o institución pública, para efectos del financiamiento y la ejecución de los proyectos que se estime conveniente. Será, por lo tanto, una asignación presupuestaria que no formara parte de la Ley de Presupuesto del Sector Público y que no estará sujeta a aprobación del Parlamento, sino que será el Ministro de Hacienda el que decida, acuerdo a su saber y entender, cuanto y a quien se harán las asignaciones que la nueva ley le autoriza. Todo eso, desde luego, de acuerdo a Las instrucciones que reciba al respecto de parte del Presidente de la República.
Pero el asignador fundamental de esos 12 mil millones de dólares será el Ministro de Hacienda. El decidirá que proyectos, nuevos o en desarrollo, es conveniente financiar, y hará las asignaciones correspondientes. Se puede decir, por lo tanto, sin exagerar, que el Ministro de Hacienda tendrá alta capacidad decisión sobre el destino o utilización de 12 mil millones de dólares pertenecientes a las arcas nacionales. Esa es mucha plata, que queda bajo la decisión de un solo hombre.
Creo que nunca antes en la historia reciente del país un ministro de hacienda ha gozado de tal grado de autoridad como para decidir sobre una masa tan grande de recursos. Ni siquiera los super ministros que tuvo la dictadura tuvieron tanto poder financiero en sus manos.
Aun cuando uno suponga que el ministro es un santo varón, no queda duda de que él responde, en última instancia, a las fuerzas económicas y políticas que gobiernan hoy en día al país, y que las presiones serán muchas, máxime en un período cómo el que se viene, que estará lleno de elecciones. Además, este Gobierno ha dado sobradas pruebas, en los dos o tres últimos meses, de que lo domina una irresistible tendencia a salvaguardar los intereses de la gran empresa, generando para el resto más vulnerable de la población solo apoyos tardíos y a cuentagotas.
Es cierto que el Ministro deberá dar cuenta mensualmente al Parlamento de la ejecución de esos cuantiosos fondos, para conocimiento de los honorables parlamentarios, pero no para recibir aprobación o desaprobación, ni para solicitar autorización para hacer tal o cual asignación presupuestaria, sino solo para que estén informados de lo que se está haciendo y, a lo más, para que hagan uso del sagrado derecho a pataleo.
Tanto poder no parece ser bueno para la democracia, en que tiende a imponerse, sobre todo en las grandes cifras y en las grandes decisiones, el diálogo y la decisión compartida entre Parlamento y Ejecutivo.
