Artículo de Sergio Arancibia
publicado en la edición digital de EL CLARIN (Chile) el día 18 de junio de 2020.
El Gobierno lanzó en el mes de mayo un plan consistente en asumir la garantía de nuevas líneas de créditos que fueran otorgados por la banca. Ese plan no solo tenía como posibles beneficiarios a las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también a las grandes tipo 1 y las grandes tipo 2, siendo estas últimas las que presentaran ventas anuales hasta un límite superior de un millón de UF.
Ese plan, que pretendía beneficiar a un millón de empresas, hasta el día de hoy solo ha beneficiado a 85 mil empresas, ubicadas en todo el universo de empresas elegibles. Se podría decir, legítimamente, por lo tanto, que el plan ha fracasado, pues no ha cumplido con los objetivos o las metas que se propuso. Muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas, han solicitado créditos invocando este plan, pero han sido rechazadas, pues la banca, que es la que tiene la última palabra en esta materia, les encuentra alguna razón para negarles la solicitud.
Pero ahora – en el acuerdo recientemente logrado entre el Gobierno y la oposición – se establece que también podrán ser beneficiarias de créditos de la misma naturaleza aquellas empresas que están por arriba del millón de UF como nivel anual de ventas. No queda claro en el acuerdo si esas empresas super grandes beberán del mismo fondo ya creado para garantizar los créditos a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, o si se creará un fondo distinto.
Si se trata de lo primero, es obvio que éstas super empresas agotarán rápidamente el total de crédito disponible, y no dejarán nada para el resto de las empresas más chicas. Si se trata de un nuevo fondo, se necesita que alguien explique cuál será su monto, y una vez que se sepa ese dato, hay que explicar de dónde se sacarán esos recursos. Esos son algunos de los aspectos abiertos, o sujetos a debates posteriores, presentes en el famoso acuerdo entre Gobierno y oposición.
Tampoco el acuerdo establece condicionalidad alguna para que las empresas super grandes puedan ser beneficiarias de esta nueva línea de crédito. No se les impone, por lo menos hasta este momento, condiciones en términos de su comportamiento reciente en materia de respeto a las leyes laborales y tributarias, ni condiciones en materia de transparencia, apego a normas sindicales, de género, medioambientales, nacionalidad de sus propietarios, residencia legal de la empresa etc. En la medida en que no hay condicionalidad alguna, pareciera que el acceso a la nueva línea crédito tendrá un carácter automático. Todo esto – en la medida en que no está explicito, en un sentido u otro, en el Acuerdo – deja a los partidos en libertad de acción como para plantear y defender sus particulares puntos de vista al respecto. El momento en que estos acuerdos – que son hasta este momento meros acuerdos entre caballeros – lleguen al parlamento como proyectos de ley, se supone que será la ocasión de entrar en todo ese tipo de aclaraciones.
Pero, además de todo lo anterior, en el Acuerdo se mencionan apoyos de diferente naturaleza – que pueden ser garantías a de créditos, compra de bonos u otros mecanismos financieros – para favorecer a las llamadas “empresas estratégicas”, que no se define cuáles son, ni en que se diferencian de las empresas grandes y supergrandes. Para este grupo indefinido de empresas se establece en el acuerdo que su tratamiento será “caso a caso” – no un acceso automático como se supone sucede en los casos anteriores – pero no se explicita cual será el criterio de diferenciación que permitirá elegir a una empresa y dejar fuera a otras. Tampoco se explicita el monto de recursos financieros que estarán disponibles para este tipo de empresas, ni de donde se sacarán.
Como se puede ver, hay muchos temas que quedan abiertos y sobre los cuales cabe la más amplia y legítima discusión a nivel parlamentario, social y ciudadano. No hay que perder de vista que el diablo se oculta en los detalles, que en este caso son muchísimos.
