Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARIN (Chile) el día 18 de abril de 2020.
El Gobierno actual – a pesar de ser un gobierno en que domina la impronta gerencial – no se ha caracterizado en los últimos tiempos por prever el curso de los acontecimientos, ni por adelantarse a ellos, como se supone que deben hacer los buenos gerentes. Mas bien las acciones y reacciones del Gobierno han sido tardías, improvisada y tomadas bajo presión, tanto en el aspecto propiamente sanitario – como fue, por ejemplo, la compra recién en marzo de los ventiladores pulmonares – como en los aspectos sociales y económicos, – como es el salvaguardar los ingresos de los sectores más vulnerables.
En varias cuestiones relacionadas con la crisis actual, el Gobierno ha enviado al Parlamento los proyectos de ley correspondientes cuando ya los hechos que se pretenden evitar están plenamente presentes en el escenario nacional. El Parlamento se ve así enfrentado a una disyuntiva que linda con el chantaje: o aprueba lo que el Gobierno plantea, sin posibilidad de mucho dialogo ni mucho trámite parlamentario, o se hace responsable de una tardanza adicional en la toma de decisiones.
Hay algunas cuestiones que están ya presentes en el horizonte, e incluso en los debates del día a día, sobre las cuales sería deseable que el Gobierno se adelantase y generara con la debida antelación las herramientas legales e institucionales que sean necesarias, sin tener que discutir sobre ellas en la hora undécima.
Una de ellas es la necesidad de que el Banco Central pueda comprar bonos de Tesorería, para poder cubrir gastos fiscales no presupuestados y que sean necesarios para paliar la crisis sanitaria y la crisis económica social que ya estamos viviendo y que todo parece indicar que se agravará en el futuro cercano. Eso requiere reformas constitucionales que se pueden hacer en pocos días cuando hay los diálogos y los acuerdos políticos correspondientes. Sería muy triste que, dentro de pocas semanas, enfrentados a una mayor gravedad en crisis sanitaria – que no da signos de estar decayendo – se hicieran necesarios grandes desembolsos fiscales y no existan los fondos ni los mecanismos como para cubrir esos gastos.
Una segunda cuestión es dotar a los municipios de los fondos y de las atribuciones como para que puedan ser actores muchos más activos en la solución de los problemas que ya hoy en día se presentan en forma manifiesta. Hasta ahora los municipios y los alcaldes han estado pintados en la pared. No han sido tomados en cuenta ni en la toma de decisiones ni en la implementación de las medidas que se van tomando. Eso no es bueno para nadie. Los municipios no tienen la capacidad de endeudarse con la banca nacional no extranjera, ni de emitir bonos de deuda, sino que tienen que funcionar con un estricto equilibrio entre ingresos y gastos. Se necesita, por lo tanto, que el Gobierno complemente los ingresos municipales actuales – a todos menos a los 5 municipios más ricos del país – de modo de ampliar su radio de acción. Pero también se necesita modificar sus atribuciones, de modo de incorporar y convertir a esa importante rama de la institucionalidad política nacional, en parte de las soluciones y no meramente en voceros angustiados de los problemas que les toca vivir y conocer tan directamente. Sobre todo ello se puede legislar ahora, cuanto antes, cuando todavía no es demasiado tarde.
Una tercera y última cuestión – en una mención obviamente no exhaustiva- dice relación con los préstamos con garantía estatal a las grandes empresas. Hasta ahora, legalmente, el Gobierno puede promover que fluya hacia ellas una cantidad sustanciosa del crédito bancario, incluido el crédito con garantía estatal. Pero tarde o temprano, por razones de buen funcionamiento económico – pero también por razones de justicia y de decencia política – se hará necesario que el Estado capitalice los fondos que se ponen en juego, es decir, asuma el control accionario total o parcial de las empresas que se rescaten y que declaran no poder seguir funcionando con sus nivele actuales de ingresos y de gastos. Eso tampoco se puede hacer en el contexto legal actual, en que el Estado esta maniatado de manos para emprender acciones de tipo empresarial. Pero modificar esas normas es posible y deseable, y tanto mejor si se avanza cuanto antes en la toma de decisiones correspondientes.
