Cristián Troncoso Alarcón
Director Área Territorial, Instituto Igualdad
Resulta sorprendente la declaración de integrantes de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, en el sentido de solicitar suspensión o postergación de las elecciones de Gobernadores Regionales que, de acuerdo a la Ley, deben llevarse a cabo en octubre próximo.
Si bien esta descentralización en estilo chileno ha resultado controversial, llama la atención que sean precisamente quienes tienen a cargo las administraciones locales los que planteen interés en detener el proceso, los mismos que han sufrido en carne propia los enormes y constantes perjuicios generados por el centralismo. Esta situación lleva a preguntarse cuál es realmente el trasfondo de esta declaración, a revisar con detención los argumentos que esgrimen.
En primer lugar, se mencionan las escasas atribuciones que tendría la nueva autoridad regional. Frente a esto, es legítimo preguntarse si los alcaldes, políticos con experiencia y calle, realmente esperan que el centralismo profundamente arraigado en nuestro Estado y su estructura, va a conceder de pronto en un acto de generosidad extrema, poder político, un gran listado de atribuciones y recursos económicos a una nueva institucionalidad regional.
Las atribuciones planteadas en la actual Ley son ciertamente insuficientes, pero son mucho más de lo que nunca ha existido; será tarea de los partidos políticos, de la sociedad civil y de las propias autoridades regionales trabajar para exigir la profundización del proceso descentralizador, pero solicitar suspender el acto eleccionario es un enorme retroceso.
El segundo punto planteado por las autoridades municipales, señala que existiría una incompatibilidad entre el desarrollo del proceso eleccionario regional, y el debate constitucional que debiera iniciarse en octubre próximo. Esto resulta incomprensible, puesto que, si el proceso constituyente fuera traba para procesos eleccionarios, esto abarcaría la propia elección de alcaldes y concejales. Por otro lado, si la nueva carta fundamental planteara un modelo descentralizador distinto, los ajustes debieran realizarse sobre la nueva institucionalidad, tal como podría afectar a cualquier otro estamento o componente del aparato estatal. Por lo demás, el centralismo es también uno de los elementos criticados fuertemente en el contexto de las movilizaciones sociales desde las regiones.
Finalmente, un alcalde de la UDI basa su argumentación en el alto costo económico que implica la implementación de este proceso de regionalización y descentralización. Realmente, pretender situar el debate en decidir si queremos un Estado más democrático y descentralizado, o uno más económico, da cuenta de una forma de ver el quehacer público que efectivamente en algunos momentos se ha impuesto y que ha terminado generando malestar y desapego de la ciudadanía frente a las instituciones.
Esta rápida mirada sobre los argumentos planteados por la Asociación Chilena de Municipalidades, permite dudar sobre cuál es realmente la motivación que existe para pretender suspender la elección de gobernadores regionales. Algunos alcaldes lo han planteado abiertamente: son partidarios de realizar un proceso de descentralización otorgando mayor poder, atribuciones y recursos de manera directa a los municipios, sin pasar por la generación de una institucionalidad intermedia como sería este nuevo Gobierno Regional con autoridades electas.
Esta aspiración, legítima por cierto, tiene un error de concepción que resulta elemental: el desarrollo territorial tiene carácter multiescalar, requiere ineludiblemente que los proyectos de nivel comunal, provincial y regional posean coherencia y se encuentren debidamente coordinados por una autoridad con suficiente legitimidad para ello. Esta legitimidad estará, a partir de octubre, generada por el voto popular, y ya no más a partir de designaciones del gobierno central.
Este último elemento, debiera cambiar de manera importante la manera en que las demandas de las regiones son canalizadas hacia el gobierno central.
Hoy, la pelota está en el lado de los actores políticos, serán ellos quienes deberán estar a la altura para generar el mejor proceso eleccionario posible, con acuerdos electorales amplios, las mejores candidaturas y con programas viables, porque será el resultado de esta elección y el desempeño de las autoridades electas, lo que marcará el rumbo para el proceso descentralizador, pudiendo profundizarlo o llevarlo a un estancamiento del que será difícil salir.
