- El Instituto Igualdad y la Fundación Friedrich Ebert (FES) organizaron una serie de encuentros destinados a analizar la situación migratoria en Chile, su aumento en las últimas décadas y los proyectos legislativos sobre la materia. La primera sesión reunió al senador José Miguel Insulza, a la abogada Lorena Fríes y a un dirigente de la comunidad venezolana en Chile.
Fotografía: BBC
Estos seminarios buscan dialogar sobre algunas de las dimensiones políticas del fenómeno migratorio, escuchando a las organizaciones de migrantes, de la sociedad civil y a representantes de la política, en la perspectiva de reflexionar juntos sobre el futuro de un Chile del que ahora son parte.
El panel titulado “El derecho internacional y el derecho nacional”, tuvo por objetivo abordar el debate sobre las garantías de las y los migrantes, las políticas públicas y las normas del Estado de Chile para regular los flujos migratorios, y los límites del derecho nacional en el marco del Derecho Internacional.
El tema “La perspectiva desde l@s migrantes”, estuvo a cargo de Luis Zurita, presidente de la Asociación de Venezolanos.
Zurita hizo un repaso de todas las situaciones por las que han tenido que pasar los venezolanos para poder ingresar a Chile, partiendo por las características de la visa de responsabilidad democrática que demora 6 meses por lo que, claramente, no es una visa humanitaria. “Es un visado que busca flexibilizar la migración venezolana”, dijo.
Después citó el pacto de Quito, donde 11 países firmantes, entre ellos Chile, se comprometían a reforzar las políticas de acogida de los migrantes venezolanos y justo vino la contingencia de Chacalluta, donde 500 personas quisieron entrar al país. “El derecho de solicitar asilo tiene implícito el derecho a no devolución y a la no negación en la frontera”, dijo Zurita.
Recordó que se ha hablado mucho de una coordinación entre los países de la región para recibir a los venezolanos, por eso es que no se explica cómo Chile no se coordina con Perú respecto a nuevas medidas administrativas. “Sabemos que Chile no puede recibir a todos los venezolanos pero la región sí puede. Queremos que los países se pongan de acuerdo y establezcan cuotas para recibir a las personas venezolanas”, concluyó.
Luego expuso Lorena Fríes, Directora Fundación Humanas, el tema “Derecho internacional y derecho chileno”.
La abogada mencionó que, de acuerdo a los datos del último Censo, hay más de un millón 200 mil personas migrantes, sin contar la migración irregular que se ubica entre las 400 y 700 mil personas.
-Desde 1990 estamos regidos por un decreto con fuerza de ley que viene de la dictadura. Uno se pregunta qué nos pasó que no hemos podido hacer modificaciones decentes y legales en el derecho de las personas y de regulación. En los gobiernos democráticos hemos ido parchando con normas que no tienen carácter legal. Es el caso, por ejemplo, del acceso a la salud y a la educación pero que no genera estabilidad- dijo.
Opinó que el proyecto de ley del primer gobierno de Piñera era utilitarista porque las personas que migraban debían estar al servicio del Estado de Chile y no se les reconocía la condición de personas.
El actual proyecto, dijo, con las medidas administrativas implementadas, comienza a esbozar una política migratoria que está, curiosamente, inserta en el ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que explica qué pensamos de la migración.
Criticó Lorena Fríes que el proyecto actual que se discute en el parlamento no diga nada respecto de la relación con las organizaciones de migrantes, de los derechos de niños y niñas, la reunificación familiar y el debido proceso.
Finalmente, sobre los “Desafíos de la política exterior ante la crisis migratoria” expuso el Presidente de la Comisión Relaciones Exteriores del Senado, José Miguel Insulza.
El senador socialista dijo que este es un problema inesperado y el tema le interesa al país mucho más de lo que le interesaba hace 5 años atrás, debido a que la presencia de migración venezolana podría llegar a los 7 millones dentro de poco. De hecho, ya está en 4 millones de personas y es la más grande que se ha registrado en la historia de América Latina.
Mencionó que como parlamentarios han tratado de reaccionar a la nueva legislación pero lo que se ha hecho no resuelve todo el problema. “La legislación migratoria es de 1975 y trata más bien temas de visas. Hay escasa política e institucionalidad migratoria. Al final, depende del funcionario a quién le da los papeles”, dijo Insulza.
El senador pidió reflexionar sobre cómo queremos que sea la migración y reconoció que el texto de Marrakech, que surgió en el marco de la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas, les gustaba. El proyecto del gobierno usa las palabras segura, ordenada y regular, pese a que Chile, dijo, no firmó el texto.
Señaló que el actual gobierno ha violado dos principios: nadie puede ser discriminado y nadie puede ser excluido y eso significa tener leyes claras, el tipo de visa que se dará y que sea válida para todos. “Este gobierno hizo exactamente lo contrario. Anunció una ley que todavía no se ha mandado y que discriminaba en favor de unos. La visa de responsabilidad democrática para unos y la invitación a salir del país para otros. Esto partió mal. Nosotros tenemos que afianzar la no discriminación. La gente viene en busca de una vida mejor y si nosotros vamos a empezar a decidir quién entra…estamos mal”, dijo.
A continuación, se preguntó por el derecho al asilo y la necesidad de detener las devoluciones arbitrarias.
Insulza estimó que la ley se sacará arreglada, fortaleciendo algunos valores fundamentales que, por lo menos, definan los principios que están en la declaración universal de Marrakech.
Los próximos seminarios se realizarán los lunes 7 y 14 de octubre.
