El pensamiento socialista -históricamente alineado con los trabajadores- ha abrazado más recientemente otras causas asociadas a su proyecto antineoliberal, el feminismo y el ecologismo. Si las movilizaciones feministas del año pasado pusieron de manifiesto la urgencia de incorporar decididamente la agenda por la igualdad de género como una dimensión ineludible de nuestro modelo de desarrollo, la emergencia climática (y las dantescas imágenes de los incendios en la Amazonía) pone en evidencia que nuestra propia sobrevivencia como humanidad exige incorporar la dimensión sustentable del desarrollo.
Pero nos habíamos quedado sin agenda visible en aquello que está en el centro del tipo de sociedad que queremos construir con una nueva cultura de relaciones humanas y sociales y que forma parte de la esencia del socialismo chileno: el trabajo y los trabajadores. Estaba fuera de la escena una parte considerable de la ciudadanía, aquellos y aquellas que trabajan, de todos los grupos de edad legalmente en condiciones de trabajar, hombres y mujeres, de sectores urbanos y rurales, de todos los credos, razas y etnias, nacidos dentro o fuera de Chile.
Bastó que se retomara un sencillo y acotado proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que estaba dos años languideciendo en el Congreso, referido a un acortamiento de la jornada laboral con un límite de 40 horas, para que esa ciudadanía se viera reflejada. Y tal proyecto –que ha concitado una poderosa base social y política de apoyo- le dio visibilidad a la realidad cotidiana de millares de trabajadores que sienten que su vida se consume en el trabajo.
En la amplia adhesión a la reducción de la jornada laboral se sintetiza todo lo que se puede percibir como fuente de desigualdad, discriminación y abuso: el agobio de traslados muy largos, demorosos e inconfortables entre los domicilios y los lugares de trabajo; las brechas salariales y las generalizadas bajas remuneraciones del trabajo en todas las actividades y sectores; las unilaterales decisiones por asimetrías de poder e información entre empleadores y trabajadores; los daños en la salud mental y física que derivan en rabias por el maltrato ante las licencias médicas (como lo vimos en airadas protestas en oficinas de la CONPIN); las discriminaciones por condiciones de género, edad, o discapacidad en el mundo del trabajo. Y podríamos seguir aumentando la lista de agravios que se experimentan asociadas a la experiencia de trabajar.
Es cierto que sobre la iniciativa legislativa mencionada habrá que reflexionar sobre cómo gradualmente hacemos posible que nuestras jornadas laborales se reduzcan a tiempos compatibles con una mejor calidad de vida, más saludable y centrada en el desarrollo humano; asimismo habrá que analizar en profundidad cómo adecuar esta nueva conquista sobre el uso de nuestro tiempo con nuevos arreglos laborales que nacen de las exigencias de los cambios tecnológicos que están transformando los procesos de trabajo.
Pero siendo eso así, reducir la mirada de este fenómeno -como lo hacen interesadamente dirigentes gremiales de los empresarios y muchos expertos de la plaza, apoyados entusiastamente por este gobierno- a un debate centrado sólo en la productividad, el crecimiento y la inversión, sin hacerse cargo de todas las dimensiones del trabajo y de lo que viven los trabajadores, no sólo demuestra el sesgo de quienes defienden maximizar cuanto más sea posible las ganancias, sino una lamentable insensibilidad e inconsciencia de cómo transcurre la cotidianidad de millares de trabajadores. Todo esto, dosificado con discursos para aumentar los miedos, con argumentos del impacto negativo en los empleos y los salarios. De paso, también se responsabiliza del problema del empleo y salarial a los migrantes para avivar temores y ansiedades que después derivan en rabias xenófobas.
La fuerza con que se instaló esta inesperada agenda de reducción de la jornada laboral que descolocó las prioridades del gobierno de Piñera e hizo que improvisaran respuestas y propuestas contradictorias con gran irritación del bloque de derecha y del mundo empresarial, mostró una vez más que la política, si bien requiere del sustento técnico para sus decisiones (análisis técnico que siendo necesario siempre debe estar sujeto a revisión crítica y a evidencia empírica muy heterogénea mundial y nacionalmente), debe tener como única perspectiva a qué intereses sirve: ¿a quienes concentran el poder o a quienes exigen una distribución democrática del mismo para que el bienestar se difunda?
Así como en julio quedó evidenciada ante la opinión pública mayoritaria de este país que a nombre de la modernización tributaria se quiere legislar una reforma para beneficiar a los más ricos, agosto reforzó esta percepción de que hay un gobierno que definitivamente no está del lado de los y las trabajadores.
