Un llamado a legislar con urgencia por la creación de un sistema de garantías de los derechos de la niñez formularon 23 sociedades académicas, científicas, políticas y organizaciones sociales que asistieron a la Comisión Especial encargada de tramitar los proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
“El avance del proyecto de ley del servicio de protección especializada de la niñez y adolescencia no podrá ser efectivo sin las bases generales de la protección integral de la niñez”, reza una declaración entregada el 19 de agosto a la comisión especial del Senado, que insta a avanzar en el sistema de garantías de los derechos de la niñez, “como ha sido demandado prioritariamente desde hace más de 20 años”.
Se trata de una exhortación a las autoridades parlamentarias y ejecutivas a hacerse cargo de estas urgencias, formulada por organizaciones de la sociedad civil como el Colegio Médico, el Comité de Pediatría Social, el Colegio de Psicólogos, el Programa de Estudio Interdisciplinario Sobre Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales. U de Chile, además de centros de estudio políticos como el Instituto Igualdad, Fundación por la Democracia, ICAL y organizaciones de la sociedad civil como Hogar de Cristo, Fundación Ideas para la Infancia, Corporación Opción, ACHNU (Asociación Chilena de Naciones Unidas), y ONG´s la Caleta, Movilizándonos, Raíces, Asociación Chile Puede contra el Abuso sexual Infantil, Fundación YNES, Colectivo Migrante Haitiano, Solidarios por la Infancia., Colectivo Sin Fronteras, Comunidad Organizaciones Solidarias, Fundación San Carlos de Maipo, Fundación Pro Acogida, Bloque por la Infancia.
Las organizaciones consideran prioritario enfrentar desde un comienzo la instalación en los territorios en los cuales se desarrolla la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, de un sistema de protección que integre y coordine al conjunto de instituciones.
Pidieron que el sistema de protección integral y/o sistema de garantías considere la implementación de una autoridad de protección administrativa en todos los territorios del país en esta materia específica; el financiamiento para dar satisfacción a los derechos de la niñez; la eficiencia y eficacia en el trabajo intersectorial y en el uso de recursos y servicios; así como la evaluación y monitoreo del cumplimiento de derechos de la niñez.
En relación al proyecto de ley del servicio de protección especializada, las organizaciones pidieron que se consideren estructuras que permitan una adecuada gestión local basada en las necesidades de cada territorio; líneas de acción que permitan desarrollo de programas pertinentes y centrados en los niños, niñas y sus familias de cada territorio; mecanismos de fiscalización externa, que den garantía de imparcialidad, transparencia y aseguren calidad en la protección y atención; y, fortalecimiento, capacitación permanente y mejoramiento de condiciones laborales de los trabajadores de este servicio.
