“Si genuinamente se quiere avanzar en modernizar y perfeccionar nuestra institucionalidad en la perspectiva de hacerla más eficiente, eficaz, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, gobernada por principios de integridad y que cuente con una legitimidad política y social a toda prueba, más que un gran “acuerdo nacional para mejorar la política y fortalecer las instituciones”, lo que necesita Chile es una Constitución nacida en democracia, plena de legitimidad política y social”. Escribe Gabriel de la Fuente.
Finalmente, el Gobierno estaría elaborando un calendario de envío de proyectos al Congreso para iniciar reformas constitucionales y de leyes orgánicas, respondiendo a un proceso de consultas a partidos políticos y corporaciones parlamentarias.
Sin embargo, según se ha informado, el gran acuerdo nacional sería más bien una agenda muy limitada de modificaciones legales asociadas a agilizar trámites de urgencia en el proceso legislativo, modernización de asesorías parlamentarias, mejoras en normas de transparencia y probidad de ambas Cámaras y cambios a sus gobiernos corporativos y, según algunos señalan, otro conjunto de modificaciones referidas a la gobernanza de diversas entidades autónomas. Es decir, bastante poco, como para un llamado tan ampuloso.
Entre los cambios que el gobierno plantea incorporar en el acuerdo para modificar las instituciones se encuentra la Ley Orgánica del Congreso; modificaciones al Poder Judicial, realizando cambios al nombramiento de jueces; perfeccionamientos al Ministerio Público; cambios a la Contraloría; Consejo de Defensa del Estado y Tribunal Constitucional.
A la hora de emprender una agenda para fortalecer las instituciones y mejorar la política debemos preguntarnos, en primer término, por el real estado de nuestra institucionalidad democrática. Elaborar un diagnóstico mínimamente compartido entre todos los actores es vital a la hora de emprender reformas y modificaciones que generalmente consumen mucho capital y esfuerzo político e institucional. Por ello es imprescindible convenir que este esfuerzo no solo puede referirse al Congreso Nacional. Debe abarcar, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, al Ministerio Público y la Contraloría General de la República y también enfrentar la relación de pesos y contrapesos entre el poder legislativo y el ejecutivo. Discutir sobre nuestro régimen de gobierno para terminar con el ultra presidencialismo y avanzar hacia formas semipresidenciales constituiría una oportunidad que no puede despreciarse.
Seguidamente, debiéramos intentar desentrañar la naturaleza de las debilidades institucionales y las razones que estarían detrás del descrédito de estas. Indagar si ello obedece a problemas de eficiencia, eficacia, faltas de probidad, diseños de gobernanza o bien, se trata de cuestionamientos vinculados con fallas de legitimidad social o política, es una cuestión trascendente toda vez que determina ineludiblemente la forma de abordar e intentar resolver estos temas tan acuciantes para la salud de nuestra democracia.
Puestas así las cosas, resulta evidente que el gran acuerdo nacional a que nos quiere convocar el primer mandatario es insuficiente y debiera ser más omnicomprensivo de todo el entramado institucional que sostiene nuestra democracia.
Si genuinamente se quiere avanzar en modernizar y perfeccionar nuestra institucionalidad en la perspectiva de hacerla más eficiente, eficaz, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, gobernada por principios de integridad y que cuente con una legitimidad política y social a toda prueba, más que un gran “acuerdo nacional para mejorar la política y fortalecer las instituciones”, lo que necesita Chile es una Constitución nacida en democracia, plena de legitimidad política y social. Una nueva Constitución que reordene y modernice nuestras instituciones, reequilibre los poderes estatales y nos dote de derechos individuales y sociales que posibiliten el desarrollo pleno de la persona humana.
