Existe una ventaja adicional, pues al reducirse la dieta parlamentaria habría un mayor ahorro fiscal que reduciendo el número de parlamentarios.

En su última cuenta ante el Congreso de la nación el presidente Piñera arrancó entusiastas aplausos y muchos titulares con su propuesta de reducir el número de escaños parlamentarios. Nada más fácil para buscar adhesión que enmendarle la plana a una de las instituciones peor evaluadas por la opinión pública, aunque sea con demagogia y obviando mejores medidas.

Puestos en la disyuntiva de recuperar las confianzas en el Parlamento, el Instituto Igualdad realizó un ejercicio entre ambas alternativas: reducción de escaños parlamentarios o reducción de la dieta de los congresistas. Juzguen ustedes el resultado de este ejercicio.

Chile no está entre los países que cuentan con un exceso de escaños. Al contrario, el tamaño del Congreso está por debajo de muchos otros que tienen un Parlamento más confiable para la ciudadanía y con menores tasas de abstención electoral. Pero adicionalmente a esta evidencia comparada, existe el riesgo de que la reducción del número de parlamentarios pueda restarle proporcionalidad y representatividad y, eventualmente, retrotraernos a un sistema binominal encubierto que tanto esfuerzo y tiempo nos tomó dejar atrás.

En cambio, en lo que somos líderes indiscutidos es en las remuneraciones de quienes ejercen estos cargos de elección popular que, debiendo ser representativos de la realidad nacional, se distancian de manera sideral de las remuneraciones del país. Reveladoras son las cifras de Chile, que siendo el más desigual de los miembros de la OCDE es el que, por contraste, tiene las dietas más altas de sus parlamentarios.

Puestas ambas alternativas en la balanza, así como no existe evidencia del efecto que podría tener la disminución del número de escaños en la recuperación de la confianza ciudadana en el poder legislativo, disminuir las actuales dietas con toda seguridad permitiría reconquistar parte de la confianza perdida y recuperar el sentido  de la política como servicio público.

Además, existe una ventaja adicional, pues al reducirse la dieta parlamentaria habría un mayor ahorro fiscal que reduciendo el número de parlamentarios.

Si de 155 se pasara a 120 diputados y diputadas y de 43 a 38 senadores, el monto anual del gasto en dietas sería $13.463.785.440 y $4.263.532.0560 respectivamente. En cambio, si se mantuvieran los actuales escaños pero se les redujera la dieta en un 30%, el gasto anual en dietas en la Cámara de Diputados sería $12.173.504.700 y en el Senado $3.377.166.181. Y si el monto de la dieta se redujera a la mitad, como propone un grupo de parlamentarios, el gasto anual en dietas de diputados y diputadas pasaría a ser $8.695.361.430 y en senadores $2.412.261.558.

Es decir, reducir las dietas en un 30% al actual número de parlamentarios permite un ahorro fiscal anual del orden de un 10% en diputados y diputadas, y del 20% en senadores en comparación con lo que se gastaría al reducir el número de diputados, diputadas y senadores. Y el ahorro fiscal anual pasaría a ser 35% en la Cámara de Diputados y 43% en el Senado si la actual dieta se reduce a la mitad, sin necesidad de reducir el número de congresistas.

El Siglo