Comisión programática Seguridad Ciudadana
El actuar del gobierno en materia de seguridad ha sido efectista y reactivo; sin una estrategia clara, salvo una inversión masiva en tecnologías de seguridad como drones, pórticos, cámaras de tele-vigilancia, globos aerostáticos, entre otros, respecto de los cuales no hay ninguna evidencia de su efectividad. Más aun, la cuantiosa inversión en estas tecnologías genera inquietud en términos de los montos a invertir, los procesos de licitación de los mismos así como los términos de arriendo y el uso que empresas privadas (que serán las dueñas de estos dispositivos) darán a la información de ciudadanos vigilados por estos medios. Además , es probable que la implementación y operatividad de esto sistemas genere más problemas (de coordinación y competencias) que soluciones a los mismos.
Nos preocupa sobremanera la distribución territorial de esta cuantiosa inversión y el riesgo que termine destinada precisamente en aquellos lugares y comunes que más recursos tienen, en desmedro de las comunas más vulnerables y donde los problemas de seguridad son tales que no se solucionan con una cámara o un dron de vigilancia.
Ninguna de las promesas realizadas en la cuenta pública anterior se ha cumplido. De las 7 promesas que implicaban proyectos de ley, el gobierno aún no logra la aprobación de ninguno. Tampoco hay avances respecto de las propuestas y compromisos suscritos en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad.
En términos generales las propuestas del gobierno para enfrentar los problemas de seguridad en el país reflejan la visión de la derecha en estos temas, vale decir, una apuesta por la vigilancia de los ciudadanos y espacios públicos y privados; y la creencia que el aumento de las penas va a solucionar los problemas de inseguridad de la población. Sin embargo, está demostrado que el Populismo Penal no es efectivo para el combate contra la delincuencia, como tampoco lo es la utilización de tecnologías de vigilancia sin consideración de los contextos en que se implementa y, sobretodo, sin que se tengan claros los objetivos que se buscan (más allá de generalidades respecto del combate a la delincuencia o apoyo a las policías). Las famosas rondas preventivas de Carabineros, que tanto gustan al gobierno, son un ejemplo de efectismo e ineficiencia en el uso de recursos que podrían ser destinados a mejores fines.
Por otro lado, el gobierno ha abandonado las estrategias que sí cuentan con evidencia científica de efectividad y que además son respaldadas por todos los organismos internacionales y nacionales. Nada dice la cuenta pública respecto de la necesidad de trabajar en estrategias de prevención con los gobiernos locales y las comunidades.
La única manera de reducir la criminalidad es con la participación activa de la comunidad, el trabajo a nivel de comunidades para potenciar la cohesión social y organización vecinal, así como el despliegue en este nivel de medidas preventivas dirigidas a niños y jóvenes. Como lo señala la evidencia internacional, el rol del municipio en estas tareas es insustituible dado su cercanía con la comunidad y su conocimiento directo de las manifestaciones concretas del delito en el territorio y sus causas. Sin embargo, el gobierno desfinanció los Planes Comunales de Seguridad y no lo ha reemplazado con niguna otra iniciativa. Hoy, los municipios, el primer contacto de la ciudadanía con el Estado, no cuentan con ningún apoyo del gobierno para enfrentar los problemas de seguridad que aquejan a sus vecinos. En este contexto, resulta preocupante, el anuncio de intervención policial en 33 barrios sin apoyo de medidas sociales que impidan la reproducción del narcotráfico en ellos, y sin participación alguna de los municios ni la comunidad organizada.
En resumen, los anuncios del presidente en materia de seguridad dan cuenta que el gobierno cree que los problemas de delincuencia se solucionan con cámaras de vigilancia y aumento de penas. Esta visión reduccionista del problema se acrecienta al constatar que no hay claridad respecto de los objetivos a lograr mediante esta inversión. Del mismo modo constatamos un abandono preocupante de todas las otras dimensiones y áreas involucradas en la construcción de seguridad y combate a la delincuencia.
La cuenta pública muestra una ausencia preocupante de programas de prevención social y comunitaria, así como del rol de los municipios y comunidad organizada en estas tareas. Toda la evidencia disponible indica que este tipo de acciones son las que permiten enfrentar de manera efectiva los problemas de inseguridad. Lamentablemente para los chilenos y chilenas, el gobierno prefiere hacer caso omiso de estas evidencias, y concentrarse en los que es la vocación de la derecha en esta materia, o sea, vigilar y castigar.
