¿Cuál es el balance de 38 años del sistema de AFP y en particular como afecta a las mujeres?
Las pensiones son, en la mayoría de los países, parte del sistema de seguridad social. Dicho de otra forma, la sociedad protege los ingresos de las personas en la etapa de vejez cuando éstas tienen limitaciones para generarlos por la vía del trabajo, por temas del mercado laboral, por salud o porque están en etapa de descansar. Estos sistemas otorgan certezas respecto a los ingresos que se van a percibir en esa etapa. Pero en Chile, hace 38 años (1981) se inventó un sistema de pensiones de ahorro individual obligatorio de mercado -el sistema de AFP- que sobre lo único que otorga certezas es respecto a la contribución que se debe hacer, pero que no entrega ninguna certeza sobre el monto de pensión a recibir durante la vejez y si esto le va a alcanzar para cubrir sus necesidades básicas o si estos ahorros le alcanzaran para sus años de vida restante. Los cotizantes deben asumir todos los riesgos, los del mercado financiero, de las expectativas de vida, del mercado laboral, etc. Estos se transforman en consumidores de servicios financieros, debiendo moverse en un mercado que no tienen por qué conocer. Yendo a lo anecdótico, por ejemplo, si Trump se pelea con los chinos probablemente le afecte a más de alguien en sus pensiones en Chile. ¿No es absurdo? ¡Eso dista mucho de ser un sistema de seguridad social!
El balance de los 38 años es dramático. Según la Comisión Bravo (2015) el 79% de las pensiones otorgadas por el sistema están bajo el salario mínimo y el 44 %, bajo la línea de pobreza, lo anterior incluso considerando las altas tasas de rentabilidad promedio de los fondos entre 1981 y 2017 de un 8,2%. Tasas que a futuro posiblemente no volvamos a ver ya que han tendido a decrecer situándose en torno a un 3-4% en los últimos tiempos, similar a la tendencia internacional.
Las mujeres han sido las más castigadas por este sistema, básicamente muy individualista. Su mayor esperanza de vida de casi 6 años más respecto a los hombres; su menor densidad de cotizaciones, históricamente de 26% versus el 53% de los hombres, debido a una vida laboral interrumpida muchas veces por las labores del cuidado de miembros de la familia; y las menores remuneraciones percibidas que se han traducido en diferencias de ingreso imponible de un 21%, sin duda han generado una mala mezcla. Esto se expresa en una diferencia del orden de un 38% en las pensiones de vejez entre hombres y mujeres en el sistema. Las tasas de reemplazo de las mujeres respecto a su último salario son de 12%, sin subsidio y de 29%, con subsidio. En al caso de los hombres esa tasa de reemplazo, sin subsidio, es de 33%.
El Cuadro a continuación muestra las diferencias para iguales tiempos de cotización en las recientes jubilaciones de diciembre de 2018 entre hombres y mujeres.
Existe una generación de cotizantes sacrificada, aquella que su mayor parte de vida laboral transcurrió en dictadura en los años´70 y ´80, que fue compelida a ingresar al sistema, con un mercado laboral desregulado, con sindicatos y negociación colectiva prohibida, grandes niveles de cesantía y bajos salarios. Esa generación está jubilando en estos años y con sus fondos se financió el desarrollo del mercado de capitales de este país. En el análisis del sistema, es menester separar lo ya ocurrido con lo que se plantea para el futuro, haciendo las distinciones necesarias.
En referencia a lo expuesto, la Comisión Económica del PS plantea que a estos jubilados a lo menos debiera de garantizárseles una pensión equivalente a un salario mínimo de por vida, complementando por la vía de la APS (Ahorro Previsional Solidario). Por edad no pueden esperar, están jubilados ahora, pagaron el costo del sistema y requieren una pensión que cubra a lo menos sus necesidades básicas.
Los fondos de pensiones ya suman 75% del PIB (US$ 212.000 millones) y están invertidos en más de un 40% en el extranjero. El flujo de cotizaciones anuales supera los US$ 7.000 millones, administrados por 6 empresas -en su mayoría extranjeras- que perciben por comisiones y utilidades más de US$ 912 millones al año. A las empresas financiadas por el sistema les fue muy bien en estos 38 años, ya que obtuvieron dinero barato para financiar sus inversiones. También les fue excelente a las AFP, con rentabilidades sobre Patrimonio en torno al 26% en este lucrativo negocio. A los únicos que nos les ha ido bien es a los pensionados/as que no reciben pensiones dignas, tampoco tienen incidencia real en el manejo de sus propios fondos y estos no están aportando al desarrollo inclusivo del país.
¿Resuelve en algo los problemas actuales de pensiones el proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cómo se compara con el proyecto presentado por Bachelet?
El proyecto de Ley de Pensiones de Piñera (2018) se podría calificar de “malito”. Por una parte, profundiza el sistema de Ahorro Individual, o sea, es más AFP. Y por otra, no mejora sustantivamente el monto de las pensiones de los ya jubilados ni de los futuros pensionados; tampoco aborda en forma realista los sesgos de género, es decir las desigualdades entre las cotizaciones y pensiones de hombres respecto de las mujeres. Además, sus formas de financiamiento, mediante “holguras”, son dudosas. En el caso del proyecto de Ley de Bachelet (2017), éste avanzaba hacia un sistema de seguridad social, era menos AFP; las soluciones que planteaban para elevar los montos de las pensiones de los ya jubilados y de los futuros pensionados eran en el corto y mediano plazo y las soluciones de carácter solidario entre mujeres y hombres, mayores y menores ingresos, jóvenes y adultos mayores; el abordaje de estas desigualdades era más realista; y las fuentes de financiamiento de la Reforma eran claras.
Analizando los aspectos más específicos de los proyectos de ley, es conveniente examinarlos desde la perspectiva de la calidad del beneficio (monto pensiones, oportunidad, sesgos); del financiamiento del sistema y la administración de los fondos; de la participación de los involucrados en las decisiones respecto a la gestión de los fondos y su destino; entre otros.
La piedra angular del proyecto de Ley de Pensiones de Piñera descansa en el aporte adicional gradual del empleador de 4%, destinado a un fondo de ahorro individual (AFP o equivalente) a completarse en 8 años y que incrementará el monto de las pensiones en 40%, pero… en 40 años más. Y para ser más precisos en 40+8 años, considerando el período de gradualidad. Naturalmente este incremento de cotizaciones seguirá destinándose al sistema de AFP que han lucrado bastante con el negocio. Y seguirán los cotizantes no teniendo injerencia real en la administración de sus fondos, salvo como observadores, mirando desde el borde de la cancha, en una Comisión de Usuarios.
¿Quiénes verán este beneficio y cuándo? y ¿Es realmente significativo?
Saquemos cuentas: los últimos doce meses la pensión del sistema de capitalización individual promedia los $218.144. Por lo tanto, si las condiciones se mantuvieran -supuesto muy cuestionable en materia de tasas de rentabilidad y mercado laboral- en 48 años más, la pensión sería de $315.000. Algo más que el salario mínimo. ¿Es un beneficio relevante? El sistema de ahorro individual basado en AFP no está en condiciones de resolver por sí solo el problema de las bajas pensiones a futuro. Igualmente, se plantea el otorgamiento de un bono, destinado a las mujeres con un requisito de densidad de cotizaciones de 16 años, a las cuales muy pocas podrían acceder y probablemente sean las que menos lo necesitan, dado la baja densidad de cotizaciones de éstas. Cuando hablamos de 16 años puede ser una densidad de cotizaciones en torno a un 53% e históricamente la densidad de cotizaciones de las mujeres ha sido aproximadamente un 26% (mediana). Esto quiere decir que en la práctica el 50% de las mujeres que cotizaron lo hicieron por menos de un 26% del tiempo que estuvieron afiliadas o de su vida laboral remunerada.
A diferencia de lo anterior, el proyecto del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet planteaba un aporte empresarial mayor de 5% y un período de gradualidad menor (5 años), pero fundamentalmente, la constitución de un sistema de ahorro previsional colectivo con cuatro componentes: bono compensatorio mujer, aporte solidario intergeneracional, aporte solidario intrageneracional y ahorro en cuentas personales. Todo esto manejado por una sola entidad, lo que genera economías de escala, gestiona mejor los riesgos y ahorra en publicidad, marketing y similares. Este sistema de ahorro colectivo permitía, desde el primer momento, mejorar las pensiones. Igualmente, las pensiones de las mujeres mejoraban por la suma de dos efectos: bono compensatorio y aporte solidario intrageneracional, además no consideraba restricciones en materia de densidad de cotizaciones
Cabe señalar que los países de la OCDE con tasas de reemplazo del orden del 60% tienen aportes totales al Fondo de Pensiones de aproximadamente un 18%. En Chile, en el proyecto de ley de Pensiones estamos hablando de un 14%.
¿Qué está planteando actualmente la Comisión Económica en torno a las Pensiones?
La Comisión Económica del PS (CEPS) promovió un voto político en el último Congreso que ponía acento en lo que deberían ser los lineamientos centrales en la postura del PS en torno al tema de pensiones para iniciativas de proyectos de ley y políticas públicas, que pueden resumirse en los siguientes puntos:
- Avanzar hacia un sistema de seguridad social, que garantice un ingreso digno y servicios de salud asegurados a las personas en su etapa de vejez mientras vivan. Además, que éste sea mixto, solidario y vaya superando el sistema de AFPS.
- Establecer un piso mínimo para sistema de pensiones que exprese ese ingreso digno. Que éste se vaya actualizando periódicamente (cinco años) teniendo en cuenta las necesidades básicas del pensionado, la composición familiar, la demografía de la población, la situación de la economía y su capacidad de dar respuesta. En el corto plazo ninguna pensión debiera ser menor al salario mínimo, tanto para los ya pensionados como para los futuros pensionados, sean hombres o mujeres. Se debe cautelar que la protección de la vejez y el monto de las pensiones sea similar para hombres y mujeres, independiente de la historia laboral de cada uno de ellos.
- Promover la solidaridad en el sistema de pensiones: a nivel de género, intrageneracionalmente; e intergeneracionalmente, haciéndose cargo de las características reales del mercado laboral pasadas y futuras (desempleo, bajos salarios, cambio tecnológico), de las distintas formas de relaciones laborales (asalariados, trabajadores independientes, etc.) e incorporar aspectos como la economía del cuidado, particularmente en el caso de mujeres, adultos/as mayores y personas con discapacidad.
- Incorporar a los órganos de dirección del sistema de pensiones en forma claramente vinculante y con capacidad de decisión a los/as incumbentes, tanto en la propiedad de los fondos de pensiones como en los aportes al mismo. En particular a los representantes de los cotizantes, como también al Estado y a los empleadores (si aportan). Estos deben decidir cómo se gestionan los fondos y su destino.
- Promover el financiamiento responsable del sistema de pensiones. Lo anterior pasa por una proporción y gradualidad de los aportes empresariales en consonancia con el esfuerzo requerido (4% es muy poco y 8 años para aportar es mucho tiempo). Una reforma tributaria que genere recaudación adicional específicamente para estos fines proveniente de los sectores de mayores ingresos y que toda persona en edad activa, trabajando remuneradamente contribuya al sistema.
- Impulsar que el destino de los fondos de pensiones aporte más directamente al desarrollo del país, a genera empleos de calidad y al bienestar de las personas que cotizan, en lugar de beneficiar unas pocas empresas nacionales y el mercado financiero internacional.
- Terminar con los privilegios vigentes en materia de pensiones de las Fuerzas Armadas y Seguridad (períodos para jubilación, coexistencia de varias jubilaciones simultáneas, formas de financiamiento de las pensiones, etc.) tendiendo a futuro a tener un solo sistema de seguridad social para los/as trabajadores/as en materia de pensiones. Cabe señalar que el año 2017 el sistema de pensiones de las FFAA y de Seguridad significó al Estado chileno US$ 2.083 millones, mientras que todo el Pilar Solidario ascendió a US$ 1.681 millones.
Sin duda las pensiones son un tema movilizador y transversal de la ciudadanía de este país, siendo tema obligado en la agenda política, económica y social de 2019. ¡Bienvenidos todos y todas al debate!
