Nueva Institucionalidad y Reforma Educacional

Nueva Institucionalidad y Reforma Educacional

Iván Borcoski

Secretario Nacional de Desarrollo Regional y Local

Partido Socialista de Chile

Chile está siendo testigo de un momento sin precedente en el marco de su política educacional. Este nuevo gobierno de la presidenta Bachelet se ha atrevido a proponer cambios que debieron plantearse mucho antes. La nueva reforma educacional se está haciendo cargo no solo de errores heredados de la dictadura, sino también, de errores cometidos por los gobiernos democráticos, de los cuales hemos sido parte fundamental.

Dentro de los cambios y medidas comprometidas asoman fundamentalmente dos proyectos en trámite (Subsecretaría de Educación Preescolar y el Proyecto de Inclusión) y dos reformas que deberían ingresar a tramitación legislativa en los próximos meses: “Desmunicipalización” y Política Nacional Docente.

De las dos primeras medidas, es necesario relevar el proyecto llamado de inclusión, que pone fin a tres grandes anomalías del sistema educativo chileno: la selección, el lucro y el copago.

Frente a esta constatación, los socialistas tenemos el deber moral de influir en su corrección y enmendar el rumbo. Las correcciones que hoy se pretenden impulsar, buscan devolverle a la educación chilena valores históricos, pues si bien los establecimientos educacionales particulares subvencionados han existido desde hace mucho tiempo, fue con nuestro respaldo que se profundizó el copago y el consiguiente lucro.

La propia Ley de Educación Primaria Obligatoria, de mayo de 1930, en su Artículo 68 establecía:

“Los establecimientos de educación primaria o vocacional sostenidos por sociedades o particulares, serán acreedores a una subvención anual de $ 25 por alumno de asistencia media, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que sean gratuitas…”

Ni siquiera las primeras medidas implementadas por la dictadura, respaldadas por una intención privatizadora, cambiaron el carácter histórico de educación gratuita y sin lucro como lo demuestra el Decreto Número 456, del 13 de Mayo de 1974:

“Los Establecimientos Particulares Gratuitos de Educación Básica Común, Diferenciada o Especial y de Enseñanza Media Humanístico-Científica y Técnico Profesional, tendrán derecho a percibir subvención fiscal por sus alumnos.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior dichos establecimientos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

– Que no persigan fines de lucro.”

Esta evidencia es relevante al compararla con lo sucedido durante la década del 90, lo cual convierte a la actual reforma en imprescindible , adoptando especial relevancia en estos días, cuando algunos de nuestros “socios políticos” pretenden desconocer lo comprometido en el programa de gobierno.

Como sabemos, el “financiamiento compartido”, responsable en gran medida de los altos niveles de segregación en nuestro sistema escolar y de la generación del lucro, tuvo sus primeros atisbos en los últimos años de la dictadura, sin embargo, el modelo que impera hasta hoy se estructuró en 1993, momento a partir del cual los establecimientos particulares subvencionados crecieron en más del 100%, creándose hasta el 2013, 3221 nuevos colegios. Sin lugar a dudas, esta explosión en la apertura de escuelas demuestra la excelente “oportunidad de negocio” que se abrió con las medidas descritas y si se considera la tendencia negativa del factor demográfico en los últimos años, es muy fácil acreditar que ese crecimiento aconteció a costa del detrimento de la educación pública, que ha perdido en dicho periodo más de 1000 establecimientos y aproximadamente 600.000 alumnos.

Según un estudio reciente realizado por el medio digital Ciperchile, respecto de cifras correspondientes al año 2013, de ingresos obtenidos por sostenedores particulares subvencionados de la región Metropolitana, el grupo educacional que más recursos ingresa por concepto de subvenciones y copago, obtiene potencialmente utilidades cercanas a los 3 millones de dólares; dicha cifra, al margen de losdesacuerdos sobre qué considerar lucro, está muy lejos de que seriamente la consideremos como “justa retribución” por el servicio prestado, como suelen enmascararlo quienes colocan el lucro por encima del derecho a la educación.

Política Nacional Docente

La Reforma Educacional plantea además especial preocupación por la profesión docente,esta es una necesidad que ha sido postergada permanentemente. En el gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, se inició un trabajo conjunto entre el MINEDUC y el Colegio de Profesores, donde pudieron abordarse puntos en común, sin embargo no llegó a buen puerto, quedando solo el fruto del trabajo realizado que sin duda, podría ser útil para las políticas actuales.

La realidad indica que con el correr de los años la profesión docente ha ido debilitándose, por una parte a causa de la ausencia de programas de formación permanente y actualización necesaria, en el caso de los docentes en ejercicio; y por la otra parte, pésima estructura formativa de los nuevos docentes debido a la mercantilización de la educación superior y la escasa regulación del Estado.

Es preciso avanzar hacia un cambio radical en la profesionalización y dignificación efectiva de la docencia, partiendo por el acceso a la formación inicial, mediante mecanismos que consideren verdaderamente la vocacion de los jóvenes, generando estrategias de formación inicial alineados con un objetivo común: formar profesores con capacidad para acompañar el avance hacia el salto de calidad educacional que el país requiere y demanda.

Nueva Institucionalidad de la Educación Municipal

La principal iniciativa contemplada en el programa de reforma es el cambio de institucionalidad de la educación pública. Poner fin a la municipalización de la Educación Pública es imperativo en la actual reforma. Este proceso, que se gestó bajo la lógica privatizadora instaurada por la dictadura, sin ningún resguardo de garantías básicas para un adecuado funcionamiento, usó como uno de sus pretextos que la descentralización contribuiría a lograr mayor eficiencia en los servicios educacionales, sin embargo, realmente la intención era desligar al estado de estas responsabilidades.

Con el transcurso de los años ha sido demostrada la incapacidad de los municipios para hacer frente a las demandas de la educación. Esta afirmación no es un prejuicio en sí mismo, pues reconocemos que en muchos países la educación pública funciona bajo la administración de los municipios, parte de los cuales han tenido buena conducción, como es el caso de Finlandia. Sin embargo, la institución municipal chilena goza de limitaciones estructurales significativas. Tampoco aconteció un proceso previo de preparación para asumir la responsabilidad vital de hacerse cargo de la administración educacional.

Uno de los problemas estructurales de la administración municipal es la diferencia drástica de ingresos entre los municipios. Una comuna rica de la región Metropolitana de gran presupuesto, aporta a la educación en su comuna 1.500.000 pesos anuales por alumno, sin embargo este aporte solo significa 2,5% de sus ingresos propios; por el contrario, una comuna de escasos ingresos aporta una cifra cercana a 1.000.000 de pesos anuales , transferencia que representa más del 20% del presupuesto de dicha comuna.

Esta desigualdad entre municipalidades también afecta en la capacidad de gestión, pues mientras unas pueden crear equipos de gestión robustos, las municipalidades pobres realizan transferencias solo para complementar el costo de un servicio educativo básico; es decir, solo pueden financiar los gastos de remuneraciones y demás gastos de operación.

Algunos podrían afirmar en consecuencia, que el foco propuesto por la reforma es incongruente debido a que no se está apuntando al problema fundamental que es la capacidad municipal, no obstante, los cambios al sistema municipal son de tal envergadura que si decidimos reformar la institución municipal estaríamos postergando por muchísimos años los cambios que requiere nuestra educación, lo cual sería desastroso para las nuevas generaciones.

Adicional a los nudos críticos de la administración local, se suman los efectos de la estructura financiera heredada de la dictadura y que ha regido hasta hoy, basada en un perfil economicista, sin ningún componente de calidad y mucho menos con énfasis en la perspectiva pedagógica.

La instalación de un servicio educativo que retome su papel histórico de garante de la educación, es la expectativa de la ciudadanía frente al actual gobierno, en consecuencia debemos abocarnos a cumplir lo prometido, porque esta es la oportunidad precisa. Chile debe tener una educación pública que actúe como reguladora del sistema educativo en general y si no salvamos dicha educación ahora, mañana será demasiado tarde.

*Documento preparado con la colaboración del compañero Raciel  Medina