Ernesto Águila
A estas alturas resulta bastante claro que el Ministro Eyzaguirre equivocó el orden de los factores en la reforma educativa escolar. El eje de esta –para no hablar del “corazón”- debe ser la reconstrucción de un sistema de educación pública inclusivo, diverso y de excelencia, que se constituya en la columna vertebral de la educación en Chile e impregne con sus valores el tipo de sociedad que queremos construir. Qué educación para qué país, se responde poniendo en el centro de la Reforma el fortalecimiento y relegitimación social de la educación pública.
Es cierto que en ese camino se debe normalizar la relación del Estado con la educación privada, especialmente con aquella subvencionada con recursos públicos. No es razonable que con financiamiento del Estado se pueda lucrar ni segregar. La educación particular subvencionada no puede pretenderse pública para acceder a fondos estatales y privada para todo lo demás. En este sentido, medidas como el fin del copago y del lucro, así como la eliminación de mecanismos de selección, van en el sentido correcto, pero no colocan la reconstrucción de la educación pública en el centro de la acción social, gubernativa y legislativa. Las medidas anunciadas podrían desembocar en la paradoja de que al hacer más accesible la educación particular subvencionada, sin mejorar previamente la educación pública, se genere un nuevo desplazamiento de matrícula pública hacia la privada.
Tres objetivos debieran plantearse a favor de la educación pública en este período: incrementar su cobertura; desmercantilizarla; e impulsar una renovada propuesta de educación pública, que anime una ética y una épica en torno a ella, favoreciendo una amplia participación social.
En concreto, al final de este gobierno debiera haber más educación pública: más cobertura y nuevas instituciones en todos los niveles del sistema. Ello a través de una política activa de recuperación de la matrícula escolar; de la expansión de la cobertura de las universidades estatales; y de la anunciada creación de instituciones de formación técnica superior del Estado en cada región del país. Por otro lado, se trata de hacer pública la educación pública (una redundancia necesaria), dotándola de sus señas de identidad histórica: gratuidad, pluralismo, inclusión, desplazando las lógicas de autofinanciamiento y competencia (imposible de lograr sin salir de la modalidad de subsidio a la demanda, dicho sea de paso). Y por último, relanzar un nuevo proyecto de educación pública, que sume a su ética social y democrática, criterios de excelencia académica. Lo anterior a través de una fuerte inyección de recursos –ahí debe ir el grueso de la reforma tributaria – que permita mejor docencia pero sobre todo mejores condiciones para la docencia; equipamiento e infraestructura; y una diversidad de proyectos que le dé a la educación pública pertinencia regional, intercultural y comunitaria (es un mito que la diversidad del sistema educativo solo puede provenir de proyectos privados). En esta etapa, colocar la educación pública como eje de la reforma permite resituar la conversación -y los recursos- en lo realmente fundamental.
