Ernesto Águila
Sin duda, uno de los desafíos que deberá enfrentar la segunda administración de Michelle Bachelet será cómo abordar la relación con los movimientos sociales y, en un sentido más amplio, con la conflictividad y la demanda social. Dicho en otros términos, a partir de qué forma de entender el vínculo entre lo político y lo social construir dicha relación.
Es claro que el gobierno que acaba de concluir nunca logró dar con el tono en este tema. Su actuación osciló entre la concepción conservadora autoritaria que asimila la conflictividad social a un problema de orden público y la perspectiva (neo)liberal que reduce a los movimientos sociales a “grupos de interés” o de “presión” siempre tras la búsqueda de “capturar” al Estado con sus reivindicaciones. Dichos enfoques tienen en común el no reconocer a los actores sociales como interlocutores válidos, portadores de intereses pero también de visiones de sociedad.
A diferencia de la derecha, la centroizquierda y la izquierda entienden la política como un reflejo de lo social y de su conflictividad. La política vendría a ser el lugar donde la conflictividad social o de clases debe ser representada, procesada y eventualmente resuelta. Sin embargo, esta forma de concebir la relación entre lo político y lo social puede dar lugar a formas tan contrapuestas como el modelo elitista de la “gobernabilidad” post 90 o el de gobiernos con sociedades altamente movilizadas como lo fue el “allendismo” en los 70 o la idea de la “promoción social” durante el gobierno de Frei Montalva en los 60.
En el modelo de la “gobernabilidad” -el cual operó más allá de lo que razonablemente podía ser el peligro de una regresión autoritaria- lo social fue entendido siempre como un riesgo. La conflictividad social y sus actores debían ser, por tanto, subsumidos íntegramente en la política institucional representativa. A lo social no se le reconocía su capacidad de representarse de manera directa y autónoma en su potencial político. Ello contrasta, con la concepción que entiende la política y la acción gubernativa no como inhibidoras de lo social sino como promotoras de la transformación de la sociedad y de sus actores en sujetos de la política. La apelación constante a un “sujeto del cambio” como parte del acto de gobernar, junto a la activa construcción de un “nosotros” presentes en los discursos de los 60 y 70 horadaba esta verdadera muralla china de desconfianza que separa actualmente lo político y lo social.
¿Cómo entender la relación entre política y conflictividad social en este llamado “nuevo ciclo”? Lo que es claro es que no resulta viable persistir con el modelo de la “gobernabilidad” de los 90. Hay aquí un evidente vacío teórico. Por otro lado, ronda lo que podríamos llamar la “tentación postmoderna” de transformar la sociedad en una “audiencia mediática”, reemplazando, así, un posible vínculo real y sincero de la política con lo social por la emoción televisiva. Por último, cabe preguntarse si un programa de cambios como el de la Nueva Mayoría puede cumplirse con una sociedad espectadora y despolitizada, o si no es acaso condición de su éxito la existencia de una sociedad organizada y movilizada.
