En los últimos años, se han estado incorporando de manera sistemática Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en organizaciones del Estado. El mejoramiento de la gestión interna como de la interacción entre ciudadanos y autoridades, bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y participación en un marco de derechos, se presentan como los objetivos estratégicos a concretar.En el año 2012, según el estudio E-Government Surveys de Naciones Unidas, Chile se posiciono en el lugar 39 del ranking de gobierno electrónico; primero a nivel regional, fue seguido por Colombia, Uruguay, México, Argentina y Brasil.
Por supuesto que una modernización de la gestión pública es tanto un proceso paralelo como un medio que aplica, fomenta y garantiza un marco normativo – jurídico alineado con derechos digitales imperativos en el actual contexto.
Es por ello que la incorporación y utilización de las nuevas tecnologías en las diferentes dimensiones de gobierno implica a su vez, el garantizar la soberanía tecnológica de estas, de organismos privados y particulares. En este sentido, el resguardo de la propiedad intelectual, por ejemplo y entre otros derechos básicos, cobra importancia.
La discusión en torno a la confluencia entre lo digital, el derecho y el Estado es amplia; esto supone sopesar tareas, desafíos y propuestas con claridad.
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