En todo el mundo, el proceso de modernización ha implicado importantes avances científicos y cambios culturales. Estas transformaciones han tenido profundos y significativos efectos en distintos ámbitos de la sociedad. Uno de éstos, en los que tales efectos han sido más radicales, es el comportamiento demográfico. En específico, los avances de la medicina, la desnaturalización del rol tradicional de la mujer y la masificación del acceso a la salud, han permitido aumentar la esperanza de vida de la población, reducir la mortalidad infantil y, en un segundo momento, reducir la natalidad de todas las sociedades que han transitado hacia la modernidad. El resultado final de este conjunto de cambios es una población envejecida, en la cual el número de personas mayores y adultas progresivamente iguala, para luego superar, al de jóvenes y niños.
En su expresión más radical, el resultado antes mencionado genera importantes problemas para el crecimiento económico. Este es el caso de las principales economías europeas: Alemania, Francia y el Reino Unido. De acuerdo a las estimaciones del World Factbook para el año 2013, en estos países el promedio de hijos por mujer es inferior a la tasa de reemplazo poblacional, la media de edad supera los cuarenta años, la esperanza de vida está por sobre los ochenta y la cantidad de inactivos por cada cien personas en edad de trabajar sobrepasa los cincuenta. En este escenario, los costos en pensiones, salud y cuidados destinados a la población jubilada serán crecientes y tendrán que ser sostenidos por cada vez menos personas en edad de trabajar. Todo esto, haciendo abstracción de otros factores, conlleva efectos negativos crecientes sobre el crecimiento económico.
Según las mismas estimaciones, en Chile la situación es levemente mejor que en las principales economías europeas. La tasa de natalidad viene bajando hace varias décadas (ver gráfico 1), la cantidad de hijos por mujer (1,85) está por debajo de la tasa de remplazo poblacional y la esperanza de vida es de setenta y ocho años. No obstante, a diferencia de los países arriba analizados, la media de edad es de treinta y tres años y la cantidad de inactivos por cada cien personas en edad de trabajar es de cuarenta y cuatro, constituyendo un mínimo histórico y un punto de inflexión dentro de una tendencia que hace varios años venía a la baja (ver gráfico 2). En este escenario, los costos de mantención de la población retirada aún no son tan elevados como en los casos anteriores, pero en un futuro no muy lejano también se incrementarán y descansarán en el esfuerzo de un número decreciente de trabajadores, constituyendo un problema para el crecimiento económico de Chile durante las próximas décadas.
Gráfico 1
Gráfico 2
Para hacer frente a este problema, Alemania, Francia y el Reino Unido han desarrollado diversos incentivos para que sus habitantes tengan más hijos. Por su parte, en Chile el Presidente Piñera acaba de anunciar que el Estado enfrentará el problema de la baja natalidad bonificando monetariamente a todas las familias que tengan más de dos hijos. Este incentivo se traduciría en cien mil pesos por cada hijo después del segundo y aumentaría a doscientos mil a partir del quinto. Al margen de lo risible que este monto pueda resultar, para analizar su eficacia potencial hay que observar el resultado de incentivos similares en Europa, pues el comportamiento demográfico de su población es similar el de Chile. En esta dirección, Mark Pierson, Director de la División de Políticas Sociales de la OECD, señala que las políticas pro-natalidad puramente económicas sólo han tenido efectos marginales en el viejo continente.
¿Significa este diagnóstico que Chile debe buscar otras alternativas para incentivar la tenencia de hijos? No todavía, ya que su población atraviesa por el mejor momento de una etapa de la que Europa viene saliendo, en la cual una baja tasa de natalidad puede traducirse en importantes beneficios económicos. A esta fase se la denomina bono demográfico y se define como el período en el cual la proporción de personas en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) excede por mucho a la población potencialmente dependiente (menor de 15 y mayor de 65 años). Si bien no hay una definición consensuada de su inicio ni de su fin, la CEPAL señala que el bono demográfico existe mientras la cantidad de personas potencialmente dependientes por cada cien en edad de trabajar está por debajo de las sesenta y siete. Bajo este criterio, Chile habría entrado en esta etapa en 1983 y saldría de ella en 2026, estableciendo un ciclo de cuarenta y tres años potencialmente beneficiosos para el crecimiento económico.
Concretamente, el beneficio económico provisto por el bono demográfico tiene tres causas principales (Bloom, Canning y Sevilla 2003; van der Ben y Smits 2011). Primero, esta etapa del desarrollo poblacional implica un aumento en la oferta de trabajadores. En este sentido, el papel de la mujer en la economía es clave. Al combinarse el envejecimiento de la población con la reducción de la natalidad, la gran cantidad de personas nacidas durante el baby boom tiene familias relativamente pequeñas, con un promedio levemente inferior a los dos hijos. Esto permite que las mujeres tengan menos obligaciones ligadas a su rol tradicional de madres y, producto de lo mismo, puedan integrarse con mayor facilidad al mercado del trabajo, continuar perfeccionándose y ser más productivas. En segundo lugar, el bono demográfico significa una mayor capacidad de ahorro, tanto para las familias como para el Estado (Queiroz 2010). Al disminuir el tamaño relativo de la población infantil y de adultos mayores, las familias tienen menos hijos que educar y pocos abuelos que sostener. Para el Estado, esto implica que los mayores beneficiarios de políticas públicas, niños y ancianos, disminuyen su tamaño en relación a la población productiva, hombres y mujeres en edad de trabajar. Esta situación no sólo produce excedentes en el sector público y privado, sino que genera las condiciones para que parte importante de éste pueda ser ahorrado, entregando recursos a las instituciones financieras y al fisco que posteriormente pueden ser invertidos en la economía real o en políticas públicas destinadas a aumentar la productividad. Para finalizar y en relación a esto último, el bono demográfico permite una mayor inversión en capital humano. Al haber menos niños y mayores recursos, las familias pueden invertir más en la formación de sus hijos y el Estado puede aumentar su gasto per cápita en educación, con los consiguientes beneficios de largo plazo que ambas decisiones tienen en la productividad de un país.
No obstante, que un país entre en esta fase del desarrollo demográfico no implica que pueda cobrar automáticamente los beneficios de este bono. En este sentido, es necesario que el mercado pueda absorber la mayor oferta de trabajadores, que existan políticas macroeconómicas que permitan y fomenten el ahorro, y que el Estado asegure una salud y educación de la más alta calidad posible (Bloom, Canning y Sevilla 2003). Además, es necesario contar con políticas de planificación familiar que permitan, reducir en un primer momento y luego mantener bajar las tasas de natalidad (van der Ben y Smits 2011). Por último, el envejecimiento futuro de la población exige a los países que acceden al bono demográfico pensar desde un comienzo en políticas de salud y previsión social sostenibles en el largo plazo (Saad, Miller, Martínez y Holz 2008). De lo contrario, todos los beneficios económicos que se obtengan en un primer momento pueden dilapidarse cuando llegue ese momento.
En relación a las previsiones descritas en el párrafo anterior, las dificultades que han enfrentado otros países en vías de desarrollo pueden ejemplificar los desafíos que Chile debe asumir en este momento. Al respecto, los casos de India, los países árabes y Brasil pueden resultar ilustrativos. En India, dos de las aspectos más problemáticos son la calidad de la educación y de los empleos (James 2008). En este sentido, destacan la baja formación de la población adulta y la gran cantidad de personas desempleadas o en empleos poco productivos. Por su parte, en los países árabes, a los problemas antes mencionados se agregan la baja inversión privada, una pobre inserción en la economía internacional y la excesiva dependencia del petróleo (Asaad y Roudi-Fahimi 2007). Por último, en Brasil las mayores dificultades derivan de la baja inversión en capital humano y la debilidad institucional (Queiroz 2010).
Todos estos factores están estrechamente relacionados. Primero, economías poco diversificadas tienen problemas para absorber el aumento de trabajadores. Segundo, una educación de baja calidad limita la productividad. De este modo, ambos factores impiden la maximización de ganancias derivadas del aumento relativo de la masa laboral. Finalmente, la debilidad institucional se traduce en derroche de recursos públicos y desconfianza hacia el sistema financiero, mermando la posibilidad de ahorrar parte del excedente derivado del bono demográfico. La importancia de este último factor puede no notarse en un primer momento, pero de él depende la posibilidad de tener crecimiento económico en el futuro, sin arriesgar los crecientes gastos en salud y pensiones que implica una población envejecida (Queiroz 2010).
¿Qué ha hecho Chile para enfrentar estos problemas? Muy poco. Al margen del exitismo del gobierno de Sebastián Piñera, el renacer de la economía chilena durante los últimos años esconde todos los problemas que han impedido el acceso pleno a los beneficios del bono demográfico en los casos arriba analizados. En primer lugar, detrás de las cifras alegres de desempleo se esconde una gran proporción de empleos informales y poco productivos, en los cuales la participación de las mujeres es particularmente crítica (ver estudio de la Fundación Sol). En segundo lugar, la economía chilena es poco diversificada, pues su crecimiento depende en gran medida de su principal recurso natural: el cobre (ver entrevista a Gabriel Palma). Por otro lado, la educación sigue estando muy por debajo de los estándares exigidos por la OECD (ver informe Revisión económica: Chile 2010). Finalmente, la capacidad de ahorro se ha dañado enormemente durante el último tiempo. En el año 2012, como hace mucho no se registraba, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 9,5 mil millones de dólares. Además, la divulgación de las enormes utilidades del sistema previsional, al tiempo que se le cuestiona por las exiguas pensiones que entrega y por invertir los ahorros de los trabajadores en empresas involucradas en delitos (ver reportaje CIPER), debilita la confianza de la población activa en el sistema previsional y desincentiva el ahorro privado.
Todos estos problemas señalan que, hasta ahora, Chile no ha aprovechado del todo los beneficios del bono demográfico. Sin embargo, no todo está perdido. De acuerdo a la CEPAL, Chile saldrá de de este período virtuoso en trece años más. Durante este tiempo, aún es posible tomar medidas correctivas para subsanar los problemas arriba mencionados. Lamentablemente, el bono por hijo propuesto por el Presidente Piñera no es una medida que apunte en esta dirección. Al margen de si el monto que se pretende ofrecer incentivará realmente la natalidad en Chile, cuestión que daría para otra discusión, la literatura académica señala que esta situación no es recomendable durante los mejores años del bono demográfico, cuando la relación entre población dependiente e independiente alcanza su mínimo histórico, período por el cual atraviesa Chile en este momento.
Las razones para sostener este argumento son básicamente tres. Primero, durante este período hay que maximizar el excedente e incentivar el ahorro, mientras que los bonos por natalidad apuntan en la dirección contraria, toda vez que de ser eficaces aumentan los gastos de crianza. Segundo, la baja natalidad durante este período constituye un aporte económico y sociocultural, pues una menor cantidad de hijos por familia disminuye las obligaciones asociadas al rol tradicional de las mujeres, generando incentivos para su participación en el mercado laboral y en el sistema educativo, que luego se traducen tanto en una mayor productividad como en una mayor igualdad de género. Tercero, ninguno de los distintos incentivos implementados por los países desarrollados para elevar las tasas de natalidad ha permitido recobrar los niveles ostentados a mitad del siglo XX. Así las cosas, el envejecimiento de los países que transitan por el bono demográfico es una certeza y Chile no será la excepción. En el futuro, cuando la relación de dependencia se invierta, para mantener los niveles de crecimiento y bienestar, Chile necesitará que su población en edad de trabajar sea significativamente más productiva que hoy, y eso se logra aumentando la inversión en educación y manteniendo a raya la natalidad.
Por tales motivos, para corregir el rumbo y aprovechar al máximo los años que quedan de bono demográfico, Chile debe tomar otras medidas. En este sentido, la socióloga de la Pontificia Universidad Católica, Viviana Salinas (ver entrevista), señala que los principales desafíos para Chile son diversificar su economía, para así terminar con la primacía del sector primario, mejorar la calidad del empleo y aumentar la participación laboral femenina, algo que claramente no se logra consagrando en un altar el rol tradicional de madre. Su opinión respecto al rol de la educación durante este período es mucho más favorable y descansa fundamentalmente en los beneficios de la masificación de la educación superior. No obstante, las críticas que se ciernen sobre la acreditación de todo el sistema universitario plantean serias dudas en relación a la calidad de éste y la capacidad de esos nuevos profesionales para dar forma a una economía diversificada y competitiva en los sectores secundario y terciario. Así las cosas, a los desafíos planteados por Salinas, sin lugar a dudas, habría que agregar una profunda reforma a la educación.
La amplitud y profundidad que estos cambios implican, señalan un nuevo desafío: el político. Al igual que en el caso de los países árabes (Asaad y Roudi-Fahimi 2007), Chile requiere un gran compromiso de su sociedad civil y establecer un nuevo contrato social para el siglo XXI, que considere los cambios inmediatos y de largo plazo que los desafíos antes mencionados implican. En este sentido, la discusión sobre una nueva constitución cobra total relevancia, toda vez que estas transformaciones requieren una acción directa del Estado en la economía y la educación, que la actual carta magna limita tanto en su contenido como a través del poder de veto que otorga a la derecha. Sector político que pregona la explotación intensiva y privada de los recursos naturales, pues ahí estarían nuestras ventajas comparativas, y mira con recelo las políticas industriales que nacen del Estado, ya que ahí residirían los males de la planificación central.
Desafortunadamente, el actual gobierno no está muy consciente de estos imperativos. Prueba de ello es el tono triunfalista que el Presidente Piñera utilizó para comunicar su decisión de bonificar monetariamente a las familias que tengan más de dos hijos, como la mejor solución para enfrentar los desafíos que impone esta etapa de la evolución demográfica. Sin embargo, ésta es una propuesta que apunta a enfrentar los problemas futuros derivados de esta fase, no a maximizar las oportunidades que la misma ofrece. De este modo, pareciera que la principal preocupación del actual gobierno es conservar el sentido tradicional de familia, consagrar a la mujer a su rol de madre y asegurar mano de obra barata para la mantención de un modelo económico basado en la extracción intensiva de recursos naturales. Es de esperar las nuevas mayorías políticas que se constituyan en la próxima elección presidencial y parlamentaria tengan clara la necesidad de apuntar en la dirección contraria.
Fuente: Revista Red Seca
