Por José Díaz Gallardo. Coordinador del Taller de Defensa.
El miércoles 13, la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional una nueva ley para el financiamiento de la adquisición de sistemas de armas (“capacidades estratégicas de la Defensa”) de su operación y sostenimiento. El proyecto fue aprobado ampliamente por 107 votos a favor, cuando el quórum requerido era de 68 votos. En lo que sigue, se analiza el merito mismo del Proyecto, no las lógicas parlamentarias que permitieron su aprobación, legitimas por lo demás.
Los cuantiosos volúmenes de recursos involucrados, exigen una evaluación permanente de la ejecución presupuestaria, y una estimación de posibles ahorros. Pero, al mismo tiempo, es preciso aprovechar la oportunidad para un significativo incremento en la transparencia de los fondos, ampliando a su vez, las instancias de toma de decisiones que incorporen las perspectivas políticas y estratégicas del conjunto de la sociedad civil.
Terminar con la actual modalidad de asignación de recursos constituye un paso positivo, tanto desde la perspectiva de las políticas públicas, como del fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. La consolidación del régimen político exige un claro liderazgo civil en el sector; advertido de las indiferencias del pasado, como consciente de los actuales privilegios corporativos. Las reformas legislativas en el sector, tienen en la dictación de la Ley N ° 20.424 (o del Ministerio de Defensa) un paso significativo.
Sin duda representa un avance involucrar al Congreso, a la Contraloría General de la República y, aunque suene paradójico, al gobierno central (a través de los Ministerios de Defensa y Hacienda) en la aprobación y fiscalización de las adquisiciones del sector. El “hoyo negro” que en las finanzas fiscales representaba todo lo concerniente a la Ley reservada del Cobre, era una asignatura pendiente en la modernización del estado chileno. Sin embargo, consideramos insuficientes las modificaciones que se han propuesto.
Como han señalado una serie de especialistas (como Augusto Varas, Claudio Fuentes y Marcos Robledo) en la actual normativa financiera fiscal chilena es un privilegio la obtención de presupuestos plurianuales; en este caso de cuatro años. También lo es, tener un piso presupuestario previo a la discusión parlamentaria; que en el caso comentado sería del 70% de los recursos de los años 2006-2010, según lo informado a UNASUR. Finalmente, el Fondo de Contingencia es un mecanismo infrecuente para procurar recursos a la defensa.
La gestión presupuestaria y la asignación de pisos mínimos de financiamiento constituyen los aspectos más cuestionables del Proyecto comentado. La creación de un Fondo de Contingencia Estratégica constituye una “innovación” en la línea de mantener situaciones anómalas. De paso, parte importante de las proposiciones no potencian el papel que debiera desarrollar el Ministerio, y tampoco privilegian la posición del Jefe de Estado Mayor Conjunto en la conducción de la defensa y el proceso presupuestario.
La literatura comparada de los procesos de consolidación democrática, y de los desarrollos de liderazgo civil en el sector, señalan la necesidad del gradualismo en las modificaciones legislativas. No obstante, en la región (no es sólo un problema nacional) se parte de tan atrás en la conciencia sobre la conducción de las instancias políticas, que modificaciones tan menores como las introducidas en la Cámara de Diputados, parecen satisfacer a actores que en otros ámbitos de las actividades nacionales se muestran más acuciosos y exigentes.
El marco político actual, en especial el ciclo de activación de las demandas sociales, puede ser el peor contexto, el más contraproducente, para formalizar situaciones de privilegios no fundadas en una discusión amplia y transparente, sino basadas en percepciones decimonónicas que no hacen más que disminuir el imperio de la soberanía popular. El debate que se producirá en el Senado puede ser la oportunidad para analizar una norma que, teniendo virtudes, incluye insuficiencias para los momentos que vive nuestro país.
Finalmente, no cabe duda que las democracias en proceso de consolidación deben incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión de la defensa y de las fuerzas armadas. Para lo anterior es decisiva la institucionalización de la conducción civil de la política pública. El proyecto aprobado en la Cámara tiende a desconocer los avances realizados por el país en la relación civil militar y en el ámbito de la política de defensa, al traslucir desconfianza en la civilidad y excesivos resguardos para los requerimientos de las instituciones armadas.