Nicolás Facuse, Director Centro de Estudios Jurídicos FECH (CEJFECH) 2010-2011.
Es mucho lo que se ha escrito y escribirá sobre todo lo ocurrido este año en relación a los estudiantes, sus demandas y su convicción de cambiarlo todo. Las consecuencias de este “movimiento” aun las desconocemos, como así también cuánto tiempo durará el estado de “movilización” que no se reduce ni termina con retomar de manera regular las actividades académicas.
Lo que sí es claro, es que hemos asistido a un momento histórico en la historia de nuestra República, en que por meses las nuevas generaciones le han mostrado al país que el sistema económico-político actual no lo sentimos propio ni nos acomoda y que no tenemos los temores que tuvieron las pasadas generaciones en avanzar mucho mas allá y no sólo “en la medida de lo posible”. En términos concretos y haciendo mía la frase de mi amigo Italo Jaque en su alegato ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se podría resumir esta nueva voluntad popular en que “Nuestra generación, la misma que hoy exige educación gratuita y de calidad, no fue parte del Chile de la dictadura y no le interesa vivir bajo sus leyes”.
En este contexto social, que para muchos ha sido “enrarecido”, pero que personalmente calificaría como “esperanzador” se han levantado demandas y reivindicaciones que se vienen construyendo hace años, pero que ahora han cobrado la fuerza necesaria para ser puestas con el ímpetu necesario sobre la mesa. Junto con estas demandas y no sólo me refiero a las estudiantiles, sino que también a las medioambientales, de género y de libertades sexuales, entre otras, se ha levantado una nueva forma de entender el derecho que tenemos los ciudadanos a demostrarle a la administración nuestra disconformidad con el devenir de los asuntos públicos.
A partir de lo anterior y con mucha humildad, me parece que el aporte de CEJFECH, Asesoría Ciudadana, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras organizaciones, le ha dado un giro copernicano a la forma de entender el derecho a la reunión pública, es decir, el derecho que tenemos como pueblo a manifestar de manera espontánea nuestras alegrías, frustraciones y demandas. Durante décadas nuestra democracia respetó el restrictivo concepto de orden público que nos impuso la dictadura, que nos llevó a asumir que es requisito para una concentración pública “pedir permiso” y que los maltratos físicos y psíquicos al momento de ser detenidos, en este contexto, eran parte de un “actuar policial ordinario”.
Las generaciones que nos antecedieron, las que pelearon en las calles e institucionalmente contra la dictadura, asumieron muchos procedimientos como normales y propios de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Incluso las organizaciones de Derechos Humanos que valiente y arduamente salieron a defender a miles de chilenos durante los 80, también dieron por sentado una serie de prácticas que hoy simplemente nos parecen aberrantes
Como en toda sociedad, la renovación generacional es la savia nueva que le permite progresar. En este sentido, a mi parecer nos ha tocado tomar la posta, quizás antes de lo esperado y tal vez aun no tan preparados como se quisiera, pero absolutamente libre de los prejuicios y temores que marcaron a quienes nos antecedieron. Para las generaciones anteriores, para la sociedad que se formó durante la dictadura, una violación a los DD.HH. tenía relación con los crímenes de lesa humanidad, con la tortura, con la violación a las libertades más fundamentales. Para nosotros el negar el legítimo derecho a manifestarse públicamente, los golpes y amenazas a quienes han sido detenidos ya constituye un atentado contra los DD.HH. y ante ellos nos hemos indignado y hemos actuado.
Desde CEJFECH, en alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Asesoría Ciudadana, hemos trabajado en terreno en las mayorías de las manifestaciones, visitando las comisarías siendo, de manera general, observadores de DD.HH. Además, contribuimos al trabajo realizado por Pikete Jurídico y un enorme grupo de voluntarios de la Facultad de Derecho para difundir herramientas y nociones de lo que llamamos “Derecho y Protesta Social”. En ese contexto, se realizaron cientos de talleres y foros dirigidos a estudiantes universitarios, secundarios, padres y apoderados movilizados.
Nos hemos coordinado para responder decenas de consultas recibidas en nuestro correo institucional. Expusimos en el CONFECH del 22 de Octubre realizado en Osorno, en donde asumimos la responsabilidad de iniciar la coordinación en el plano jurídico de todas las Federaciones del país. Aportamos en la presentación e informe que realizara Asesoría Ciudadana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y nuestro trabajo no sólo se ha centrado en la violencia policial y en la manifestación pública. El año pasado asesoramos a diferentes gremios de operadores de buses del Transantiago en la regulación normativa de la tarifa y el funcionamiento del mismo sistema. En la actualidad nos encontramos impulsando una alianza estratégica junto “Periodistas por la Refundación” con quienes abordaremos sus derechos laborales y la función pública de la prensa. Así mismo, hemos abierto nuevos espacios de trabajo relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.
En suma, esta iniciativa ha crecido en número de personas participantes, pero también, en contenido y en la convicción de que es absolutamente posible utilizar el derecho como una herramienta de cambio social, en re-enfocar nuestras vocaciones académicas y en retroalimentarlas con un trabajo que hemos sentido cercano, productivo y transformador.
Esperemos que este sea el primero de muchos aniversarios de CEJFECH, que los informes de trabajo y boletines con publicaciones se multipliquen con el transcurso del tiempo, que los estudiantes sigan siendo el alma que mantiene joven en ideas a esta Universidad.
Informe Anual CEJFECH 2010 – 2011 disponible aquí.
