Duro de cambiar

Seis meses de inéditas y masivas movilizaciones estudiantiles se han estrellado con la intransigencia y negativa del gobierno –mezcla explosiva de impericia, indolencia e ideologismo—a conceder algún punto relevante de las demandas. Ello agravado por el intento de profundizar el modelo educativo de mercado apoyándose en la propia fuerza de los movilizados.

El principal logro del movimiento por la educación 2011 es, hasta ahora, un intangible: haber instalado intelectual y socialmente una crítica de fondo al modelo educativo actual y esbozado un paradigma alternativo con ideas hasta ahora impensadas en el debate político chileno de la pos transición: gratuidad, responsabilidad preferente del Estado con la educación pública, republicanismo versus mercado, reforma tributaria, entre otras. No es poco, aunque plantea al movimiento un problema de estrategia para una brega que se visualiza de mediano y largo plazo, para lo cual se requieren formas de presión sustentables en el tiempo.

La ventaja con que corre la derecha en temas educacionales ha sido hasta ahora imbatible: los principales aspectos que requieren ser modificados están blindados por el sistema binominal y los llamados quórums supramayoritarios. Para decirlo de manera llana: antes de cualquier elección la derecha ya tiene cerca del 60% de los “votos” en los temas sustantivos. Por lo mismo, los cambios bajo este sistema político –de ahí su sostenida declinación- solo son posibles con la venia de la derecha. Algunos acuerdos se han logrado, en ciertas coyunturas, fruto de la presión social, o por intrincadas negociaciones que han implicado concesiones y avances parciales. En otros momentos una cierta “hegemonía cultural” ha permitido abrir paso a un sentido común mayoritario que ha terminado venciendo las resistencias de la derecha más conservadora (ley de divorcio, verdad y justicia en derechos humanos, mínimos sociales garantizados, entre otros). También, en algunas ocasiones, la derecha se ha allanado a ciertos cambios tratando de asegurar la “paz social”, por ejemplo, en las reformas tributarias y laborales llevadas a cabo en el inicio del gobierno de Aylwin.

Lo normal en una democracia es que existan diferencias sobre educación y otros temas; lo raro es que ello no pueda dirimirse por la regla básica de las mayorías y minorías o que las ideas de un sector ganen las elecciones antes que éstas se realicen. En Chile el problema no es “programático” como suele decirse sino que tiene que ver con la imposibilidad institucional de generar aquellos cambios que las mayorías decidan. Un eventual gobierno de la centroizquierda en 2013, antes de ofrecer grandes promesas tendría que explicarle a la ciudadanía como pretende realizar los cambios que propone cuando la mayoría de éstos están bloqueados institucionalmente.

El gobierno puede seguir estirando la cuerda, no hacer ningún gesto en el presupuesto de educación 2012, confiar en que sus ideas “al final del día” están protegidas por esa “mayoría” inscrita en la Constitución y en las leyes fundamentales. Seguir confiando, en que se trata, en definitiva, de un modelo educativo “duro de cambiar”. Recurrir cada vez más a la fuerza, intentando transformar la defensa de su particular visión del “orden social” en un problema de “orden público” para los demás. Es decir, recetarse y ofrecerle al país un conflictivo y crispado año 2012.