Los procesos de cambios sociales profundos siempre son etapas de gran complejidad y plagados de múltiples contradicciones, en particular para las propias fuerzas que los impulsan o llevan a cabo. Una situación que grafica este aserto es lo vivido en Bolivia por estos días, con la promulgación por parte del Presidente Evo Morales (25.10) de la denominada Ley Corta del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) que pone fin a la marcha que por 65 días buscó impedir el paso de una carretera por el Parque y Territorio Indígena. ¿Qué tiene de especial este acto en un gobierno caracterizado por reivindicar los derechos indígenas? Que la marcha tuvo siempre la oposición del gobierno y de parte importante de las organizaciones sociales que lo respaldan.
La marcha se inició el 15 de agosto en Trinidad, capital del Departamento del Beni, y terminó el miércoles 19 de octubre en el centro de La Paz, con un apoyo trasversal, desde agrupaciones pro oficialistas a organizaciones de derecha, que de pronto habían descubierto su lado verde e indigenista.
El conflicto afecta un territorio indígena habitado por tres pueblos originarios: los tsimanes, yuracarés y mojeños, los que no sobrepasan los 13.000 individuos. La zona también es ocupada por “colonizadores”; cocaleros, y madereros. Por lo tanto los indígenas afectados son escasos demográficamente y poco relevantes políticamente. Las organizaciones que constituyen los pilares del poder interno del MAS son la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, CSUTCB (de la que son parte los cocaleros del Chapare), la Confederación Sindical de Colonizadores (CSCB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, “Bartolina Sisa”, las llamadas “trillizas”, organizaciones que se distribuyen las principales cargos del MAS.
La vía cuestionada buscaba vincular directamente (sin pasar por San Cruz) el Beni (amazónico) y Cochabamba, esfuerzo que también interesa y financia el Brasil: la empresa OAS lo construye y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) financia los 332 millones de dólares que cuesta la construcción de la carretera.
La marcha tuvo una serie de incidencias a lo largo de los más de dos meses; sin embargo el punto de quiebre lo constituyó la incruenta represión policial ocurrida el 25 de septiembre; incidente que aunque no concluyó con victimas fatales, la masividad de la represión, lo indiscriminado de ella y algunas vejaciones inéditas en Bolivia, generaron una crisis política. El Presidente Morales inicialmente tuvo que suspender la construcción de la vía y, aceptar varias renuncia de colaboradores, algunos por convicciones otros por eventuales responsabilidades políticas en los hechos.
Respecto a la dimensión política conflicto, podríamos señalar que esta dice relación tanto a la escasa gravitación de las organizaciones indígenas de las “tierras altas”; como a intereses de otros actores sociales que respaldan al gobierno del MAS: cocaleros, “inter-culturales” (o colonizadores) y a los ya mencionados intereses brasileños.
La dimensión legal del conflicto se relaciona con lo que dispone la nueva Constitución promulgada el 2009, que refuerza un nuevo nivel en la estructura política administrativa, la indígena. La denominada autonomía indígena originaria campesina es la expresión máxima de este enfoque, el que cruza toda la Carta Magna. Esta autonomía es una de las cuatro que contempla el nuevo ordenamiento, junto a las departamentales, provinciales y municipales. La autonomía indígena consiste en el “autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (artículo 289).
De este modo, el enfoque indianista que fue definitivamente plasmada en la nueva Carta entró en colisión con las inercias económicas de un modelo de acumulación que en el fondo no es sensible, ni a la protección del medio ambiente, ni a los derechos de los pueblos originarios, en particular de aquellos que no son pieza central en la distribución del poder masista.
A la luz de lo anterior, se puede postular que de alguna manera las actuales autoridades están cosechando las ambigüedades y expectativas que ellas mismas sembraron. Por lo tanto, la crisis actual podría ser una de las tantas que germinen producto de definiciones tan escasamente reflexionadas.
Aunque éste es el segundo traspié del gobierno en menos de un año (el primero fue el gasolinazo en diciembre del 2010) la solidez de la figura del Presidente Morales (así como la hegemonía del MAS) parece indiscutible. La caída de Morales en las encuestas debe ser relativizada por la sub representación de las zonas rurales. Tanto sus competidores en la izquierda, como el Movimiento Sin Miedo del ex alcalde de La Paz, Juan del Granado; como organizaciones de centro-derecha como Unión Nacional, de Samuel Doria Medina, parecen atomizadas y poco relevantes, incluso pensando en fechas tan lejanas como las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines del 2014.
Sin embargo la solución encontrada dejo varios heridos y contradicciones: la prensa nos informa que el Vicepresidente no asistió a la firma de la Ley; los parlamentarios oficialistas han destacado que la “intangibilidad” del TIPNIS que establece la nueva ley sería un error y, medios oficialistas han destacado que existen otros sectores y ocupantes del Territorio Indígena que estaban de acuerdo con la construcción de la carretera.
Como sabemos, los problemas de gobernabilidad que refleja el conflicto comentado no son ninguna novedad para el proceso de cambio que vive el país desde enero del 2006. Período político que ha estado plagado por múltiples crisis, la mayoría de las cuales el gobierno ha zafado en forma exitosa. La particularidad de ésta es que se produjo en el campo propio, al menos simbólicamente.
Finalmente, lo que también parece evidente es que esta segunda gestión del MAS es menos épica y carente de la iniciativa política de la primera; se muestra como más reactiva, desplegando prácticas políticas poco participativas, representativas de los núcleos duros del poder masista: los campesinos cocaleros y las organizaciones indígenas del altiplano. Con una derivada sorprendente: la reciente postulación de las FF.AA. (06.08) como el otro pilar del proceso de cambio, él que se sumaría a los movimientos sociales. Pero eso, ya es otra historia.
