Intervención de la ex presidente Michelle Bachelet en el seminario sobre Pobreza y desigualdad

El pasado 26 de agosto se realizó el Seminario “Pobreza y desigualdad en Chile: su realidad y propuestas de futuro”, organizado por los Centros de Estudios de la Concertación en la sede de la Fundación Telefónica, y que contó con importantes representantes del mundo académico, político y social. A continuación las palabras de la Dra. Michelle Bachelet, quién inauguró el Seminario.

Buenos días a todas y todos.

Permítanme antes de iniciar mis palabras, hacer llegar un saludo y un abrazo fuerte a los 33 mineros y sus familias que están ahí en el campamento Esperanza, en la región de Atacama.

Hemos sido testigos desde el domingo de la gran hazaña protagonizada por los 33 mineros que sobrevivieron al derrumbe y que gracias a las tareas llevadas adelante con éxito por el gobierno, se ha logrado hacer contacto a 700 metros de profundidad.

Seguimos llenos de esperanzas cada jornada y estamos a la distancia con nuestro abrazo y solidaridad. Fuerza Mineros!

Esta mañana nos hemos dado cita varios centros de estudios de la Concertación como una señal de voluntad y unidad para hacer del debate de ideas un eje central de nuestro quehacer, pensando en el país y construyendo propuestas que hagan de Chile una sociedad más justa e integrada.

Hace algunos días estuve en Ginebra invitada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para presidir un Grupo Asesor de Naciones Unidas para la elaboración de un informe mundial sobre un Piso de Protección Social, trabajo que debemos entregar en septiembre del próximo año. Durante esos días pude constatar, una vez más, el respeto con que se mira la trayectoria de Chile en materia de políticas públicas y protección social de los últimos años.

Somos reconocidos por expertos mundiales como un país que ha logrado dar estabilidad democrática y económica a sus ciudadanos, al tiempo que se reconocen los logros especialmente en la reducción de la pobreza. Créanme que siento un enorme orgullo por lo realizado y siento orgullo de pertenecer a una coalición política que ha trabajado con dedicación por Chile y su gente.

Pero quiero serles muy franca. Soy por naturaleza una persona autocrítica e insatisfecha ante las exigencias que tenemos para con los derechos de los chilenos y chilenas. Si bien el país ha bajado la tasa de pobreza a menos de la mitad en las últimas dos décadas, desde el 38.7% en 1990 al 15.1% en el 2009, no deja de ser muy doloroso que aún tengamos pobreza. Eso me compromete y compromete a las fuerzas progresistas a las que pertenezco.

Avanzamos estos años decididamente: legislamos para tener prestaciones sociales garantizadas que han permitido universalizar derechos en la salud y en la educación; reformamos el sistema de pensiones en Chile y hoy los adultos mayores que pertenecen a los hogares más vulnerables reciben una Pensión Básica Solidaria digna; las mujeres, especialmente las más jóvenes, han logrado ingresar con más fuerza al mercado laboral; ampliamos las inversiones públicas a lo largo de todo el territorio nacional reequilibrando el peso de las regiones; enfrentamos la peor de las crisis económicas internacionales de los últimos años invirtiendo aún más en las personas para protegerlas del impacto que venía. Sin embargo, no fue suficiente.

La pobreza existente -a la que hay que agregar la nueva pobreza que se suma a partir del terremoto- y la persistente desigualdad -aún si muchas brechas se han comenzado a acortar- no permite que nos declaremos satisfechos. Superar la pobreza y las desigualdades es una tarea que nos compromete con tanta fuerza hoy como ha sido durante toda nuestra trayectoria.

Pero nos apela desde la experiencia reciente, desde el impacto que globalmente ha tenido la peor crisis económica internacional en los últimos 60 años en las sociedades del mundo desarrollado y en desarrollo, y que ha llevado a plantearse la necesidad de establecer sistemas de protección social si es que queremos cautelar el cumplimiento de las Metas del Milenio. Es un desafío global y lo es también en Chile.

Tenemos una tarea urgente y permanente. Lo urgente es ir reduciendo el número de hogares que vive en condiciones de pobreza. Lo permanente es proteger a todos los sectores vulnerables de nuestra sociedad, tanto a aquéllos que viven en la pobreza, como aquellos que no siendo pobres enfrentan bajos salarios, empleos precarios, así como a sectores medios que ven amenazadas sus condiciones de vida y el ejercicio de sus derechos en situaciones de crisis económica.

Estas consideraciones han sido el fundamento del Sistema de Protección Social cuyas bases, iniciadas en anteriores gobiernos de la Concertación, terminaron por instalarse durante los cuatro años de mi gestión. La gran tarea era y debe seguir siendo que nadie quede socialmente desprotegido ante la adversidad, especialmente los sectores más vulnerables que son los más indefensos ante los riesgos.

La última fotografía de la CASEN nos mostró cómo la crisis económica externa y los altos precios de los alimentos pueden golpear con desempleo y castigar los ingresos de los hogares. Pero también nos enseñó cómo hay que tener instrumentos, programas y legislaciones para asegurar que estos riesgos no menoscaben los derechos sociales de las personas. Eso hemos hecho y en ese camino hay que perseverar.

Quien analice con seriedad el período de mi gobierno podrá reconocer que, aún antes de la crisis, construimos las bases de la protección social y no fue sino con la crisis que adquirió visibilidad y fue valorada por la población. La protección social no es, por lo tanto, una medida de emergencia o asistencialista. La protección social es -y debe seguir siendo- una política permanente de garantía de derechos sociales.

Los antecedentes proporcionados por la CASEN nos muestran en qué importante medida los sectores más pobres de la sociedad compensaron las bajas de sus ingresos gracias a las transferencias monetarias que hicimos en subsidios, bonos de apoyo familiar y pensión básica solidaria. Más todavía, que en medio de la crisis y con pérdida de puestos de trabajo, ello no impidió que las madres pudieran mantener a sus hijos pequeños en salas cunas y jardines infantiles, que los estudiantes de esos hogares pudieran continuar sus estudios y que la salud siguiera siendo un derecho en pleno ejercicio.

Seguimos esperando que parte de esa información de la CASEN 2009 sea entregada por el gobierno. Que nos muestren de qué manera el gasto social del Estado –no sólo las transferencias monetarias- sino las que se realizan en prestaciones de educación y salud, mejoran los ingresos de los hogares más vulnerables, corrigiendo con ellas la desigualdad en los ingresos del trabajo.

Eso se llama impacto distributivo del gasto social y ese es una verdadera prueba que permite evaluar las políticas sociales.

Y quiero aclarar que cuando digo que la información aún no ha sido entregada es porque, si bien es cierto que el gobierno ha liberado las bases de datos para que nuestros centros de estudios e investigadores puedan hacer sus propios análisis, esas bases de dato no son suficientes. El impacto distributivo de los gastos o inversiones en educación y salud no se puede evaluar solamente con las bases de datos de la CASEN, se requiere información administrativa de los respectivos ministerios sectoriales y esa información sólo la puede proporcionar el gobierno. Y aún no la entrega.

Con esa información sí es posible evaluar cuántos recursos del Estado llegan a los hogares chilenos, terminando con los juicios infundados de que éstos se pierden en la burocracia pública o en los bolsillos de los funcionarios. Son precisamente esos datos que no se entregan públicamente los que dan seriedad y rigor a las afirmaciones.

Hacer un uso político y mediático de una cuestión tan importante como es la lucha contra la pobreza, como lo hizo inicialmente el gobierno, entregando los resultados de manera parcial, donde deliberadamente se omitió la información de que la encuesta se hizo en plena crisis económica y con fuertes alzas en los precios de los alimentos, es una imprudencia.

Al omitir las explicaciones reales de los datos dados a conocer, el gobierno puso en tela de juicio la credibilidad de todos los datos. De hecho, se levantaron algunas voces poniendo en duda la metodología utilizada y hasta la muestra. Y lo peor que puede hacer un gobierno es debilitar nuestras fortalezas y patrimonio: me refiero a la calidad de los instrumentos con los que contamos por décadas y de nuestras instituciones públicas que no deben sufrir daños de credibilidad.

Pero volvamos a la información disponible. Podemos ver que todavía hay un reto de mayores proporciones que es la mala distribución de los ingresos autónomos, los que se generan en el mercado, en el mundo del trabajo. Es con base a la información de la CASEN que puedo afirmar que las políticas sociales han estado cumpliendo un rol redistributivo, pero que es en el ámbito del mercado donde persiste la desigualdad, en el espacio de las relaciones privadas del trabajo. Ello nos pone de frente a la necesidad de debatir, con tanta o más fuerza que el ingreso ético familiar planteado por el actual gobierno, el ingreso digno del trabajo.
Y ambos nos obligan a asumir un gran debate nacional conducente a un nuevo pacto fiscal y laboral que fundamente relaciones sociales y del trabajo más igualitarias.

Yo extraigo lecciones de estas primeras miradas de la CASEN. La primera es que a través del gasto social y de las políticas sociales, el Estado ha asumido con fuerza su responsabilidad social indelegable: no sólo conteniendo y mitigando las situaciones adversas de los más pobres, apoyando con transferencias monetarias la satisfacción sus derechos esenciales, sino también generando capacidades y oportunidades, al asociar a los beneficios monetarios directos a las familias, mayores recursos fiscales y crecientes prestaciones en áreas tan cruciales como educación y salud.

Algunas de las cifras conocidas de la CASEN revelan los importantes avances en las coberturas de educación, justamente en medio de la crisis, tanto a nivel de educación inicial, enseñanza básica y media, como superior. En anteriores crisis muchos jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios superiores, sin embargo ahora resulta ser que la cobertura ha sido la más alta desde 1990.

No se me escapa que todavía se sostiene la desigualdad en esa área y que sigue habiendo una brecha de acceso a la educación superior entre los jóvenes más ricos y más pobres, pero me parece igualmente destacable que, en dos décadas, se haya duplicado el número de jóvenes de los hogares más pobres que ingresan a la educación superior. Es insuficiente, sin duda, pero es un salto digno de considerar si asumimos que estos estudiantes provienen de familias en que son la primera generación que ingresa a la educación superior, cuyos padres tienen bajos niveles de escolaridad y, por consiguiente, que provienen de hogares con muy pocos estímulos para perseverar en sus estudios.

Estos jóvenes de los sectores más pobres, a diferencia del pasado, han logrado romper las vallas de sus antecesores y derrotar el círculo intergeneracional de la pobreza. Si me permiten expresarlo de otra manera, con nuestros avances en protección social, más que derrotar la pobreza estadística y la desigualdad distributiva, hemos logrado batir en retirada la desesperanza. Muchos jóvenes de hoy, a diferencia de sus padres y abuelos, pueden plantearse un proyecto personal. Es verdad que son muchos jóvenes, pero no todos los jóvenes. Por eso no podemos estar satisfechos, ni abandonar la presión por seguir avanzando, incluso con más rapidez ahora, porque los mismos avances conquistados han generado, legítimamente, mayores expectativas.

Amigas y amigos:

Es de tal envergadura lo que debemos enfrentar que hay que ser muy rigurosos con las metodologías y con los análisis. Los análisis apresurados y mediáticos no permiten encontrar las soluciones correctas.
Espero que durante este seminario avancemos en esa dirección, sobre las principales interrogantes metodológicas: qué medir, cómo medir bien y mejor, y cómo interpretar la realidad con un análisis más complejo ahora que tenemos la rica información proporcionada por la CASEN.

Sólo adecuadas metodologías y análisis permiten las mejores respuestas. Pero las respuestas no son neutrales y responden a visiones de la sociedad deseable.

En los gobiernos de la Concertación hicimos una opción y ella corresponde a una cierta visión del país y del tipo de sociedad que queremos construir, combinando crecimiento con justicia social. Y aunque avanzamos muchísimo, aún quedan tareas pendientes, tareas a las cuales nos debemos dedicar con convicción, rigurosidad y compromiso, esta vez como fuerzas políticas en la oposición.

Tenemos que darle espacio a las ideas, al debate y a la reflexión para reconcursar con propuestas ante la ciudadanía, con un proyecto de país que permita seguir avanzando hacia una sociedad más justa y con oportunidades reales para todos. Espero que este reto y esta vocación que debe ser la tarea propia de los centros de estudio, marque el desarrollo de esta jornada.

Termino haciendo un llamado a que seamos capaces de que este tipo de jornadas también se desarrollen en las regiones de nuestro país.

Muchas gracias y éxito en la tarea.