El INJUV y la Concertación

El pasado 12 de Agosto el Presidente Piñera celebró el Día Nacional de la Juventud, acoplado desde el 2007 a la versión internacional establecida por la ONU en 1999. Se presentó en sociedad el nuevo Consejo Asesor del INJUV, y dado que últimamente circulan aires de cambio en los servicios que componen MIDEPLAN, amerita dar una mirada – aunque sea de reojo – a lo que en esta materia hicimos en las últimas décadas, previo a un análisis de lo que el actual gobierno pretende realizar.

Los gobiernos han querido siempre contar con el apoyo de las nuevas generaciones. Ni siquiera Pinochet dejó pasar los llamamientos a los jóvenes y a poco andar la dictadura estableció el 10 de Julio como Día Nacional de la Juventud;  el decreto 908 del año 1975 destacaba en sus consideraciones la cooperación mostrada por la juventud chilena “…al destierro definitivo del territorio patrio de doctrinas extranjerizantes, contrarias a nuestra idiosincrasia.”

El contenido de este decreto, el cual pasó inadvertido durante 17 años hasta que Bachelet lo derogó y reemplazó el 2007, fue coherente con la lógica de eliminación de los partidarios de izquierda, así como también con el ejercicio de cooptación de organizaciones sociales mediante el uso de instituciones como la Secretaría Nacional de Juventud (SNJ), semillero del trabajo social de jóvenes que a futuro conformarían la UDI, y que en 1977 actuarían como Frente Juvenil de Unidad Nacional en el rito con tintes fascistoides que fue la ascensión de Chacarillas; con esto se buscaba reafirmar el compromiso de “la juventud chilena” con el proyecto refundador de la dictadura.

A pesar de esos esfuerzos, una década después la Concertación de Partidos por la Democracia ganó el plebiscito empujado por la energía y los votos de una mayoría de jóvenes, quienes como generación pagaron el costo de la exclusión social y de su rol protagónico en la movilización política contra la dictadura. Fue en respuesta a esa realidad que para conducir las nuevas políticas sociales de juventud el presidente Aylwin creó en 1991 del Instituto Nacional de la Juventud (INJ), cuyo rol principal propuesto – en oposición al que tuviese la SNJ- fue de carácter más bien técnico: asesorar al ejecutivo en la generación y articulación de las políticas públicas dirigidas a la inclusión social de la juventud.

Los inicios de los ‘90 fueron años de puesta a prueba y control de la novel democracia; y en ese contexto desde el gobierno se bajó el perfil a los movimientos sociales que demandaban el cumplimiento del relato concertacionista de igualdad y democracia plena. En paralelo las políticas sociales dirigidas a la juventud desde el Estado se justificaron cuando comenzaron a mostrar resultados en la superación de la pobreza, en la ampliación del acceso a la educación secundaria y universitaria, y en el fomento del empleo.

Fue la época en la que el INJ realizó sus mayores esfuerzos y estuvo más cerca de integrar y coordinar las políticas públicas desde una mirada global, a través de programas como el PROJOVEN -fundamentalmente dirigido a superar la brecha entre el sistema educativo y las competencias para la inserción laboral -; a generar mecanismos masivos de acceso a la cultura, de apoyo a las organizaciones sociales juveniles, y a establecer una vinculación intersectorial más sólida a través del Grupo de Trabajo Interministerial Coordinador de Políticas de Juventud (GTI).

Con el tiempo, el Instituto Nacional de la Juventud se fue consolidando como una institución conocedora de la realidad de las juventudes en Chile. En menor medida, también se transformó en interlocutor de redes y organizaciones juveniles que encontraron apoyo para el desarrollo de sus proyectos socioculturales.

Sin embargo, desde sus inicios la debilidad político-institucional del INJ se expresó de diversas formas. Varios directores nacionales transitaron velozmente por el cargo al plantear orientaciones sobre temas vetados, por expresar ideas con un lenguaje gráfico poco convencional para la elite política conservadora, o derechamente por la mala gestión financiera que – como en el gobierno de Frei- llevó no sólo al descabezamiento del INJ, sino también a la minimización de su rol y a una reducción de sus recursos, que sólo fue posible recuperar en la última administración de la Concertación.

Durante el gobierno de Lagos el INJ pasó a ser INJUV, y aunque fue gradual la recuperación presupuestaria, se avanzó en la creación del Comité Intergubernamental en Juventud y la formulación de un Plan de Acción 2004-2006, cuyas expresiones regionales contaron con una buena dosis de participación de jóvenes.

El gobierno de Bachelet permitió al INJUV continuar su posicionamiento entre las juventudes e instituciones estatales y no gubernamentales, a través de un discurso promotor de los derechos sociales de las juventudes y una mayor ejecución programática. Sin embargo los principales esfuerzos políticos estuvieron orientados a otorgarle una mayor jerarquía institucional a través de la creación de una Subsecretaría dentro del hoy fracasado proyecto de Ministerio de Deporte y Juventud.

No han sido fáciles estos 20 años para el INJUV legitimarse en su rol de asesor gubernamental, cuando ha debido que conjugarlo con una demanda por mayor ejecución programática proveniente de la sociedad y en particular de los jóvenes. Con los pocos recursos que ha contado ha hecho bastante.

El INJUV ha mantenido una buena vinculación con los jóvenes cumpliendo un rol de acercamiento entre el gobierno y las organizaciones de jóvenes más activas; ha difundido los programas públicos y promovido los derechos de los jóvenes; ha aportado con su mirada al desarrollo de diversos programas públicos, y no hay institución que en su análisis sobre las juventudes no considere los estudios publicados por el Observatorio de Juventud.

Sin embargo, el principal obstáculo para avanzar ha sido no contar con una Política que explicite una estrategia del aporte de las juventudes al desarrollo del país, la que junto con promover sus derechos y participación en la gestión de las políticas públicas, le permita dialogar e integrar  las diferentes miradas que sobre el tema conviven en la sociedad. Adicionalmente, la falta de jerarquía institucional ha limitado su capacidad de incidir más profunda y sistemáticamente con su enfoque en las políticas desarrolladas por ministerios y servicios.

Sería injusto negar el avance en la disminución de la pobreza entre los jóvenes; el mayor nivel de educación de las nuevas generaciones; los avances en los derechos y la justicia laboral; el mejoramiento en los programas de empleo, capacitación, y subsidio a la contratación; la ampliación de las ayudas estudiantiles en la educación superior, las becas que garantizan el acceso a los estudios secundarios y los estudios de postgrado; el acceso a la cultura y el mayor desarrollo deportivo entre otros.

Sin embargo como develara una vez más la 6ta Encuesta Nacional de Juventud, y recientemente la encuesta CASEN – ambas con trabajo de campo el 2009-, una enorme desigualdad cruza a las oportunidades de los jóvenes chilenos, lo cual genera justificada frustración en los sectores más vulnerables, y cuestiona el funcionamiento mismo del sistema democrático.

Son millones los que no participan en las elecciones de autoridades; y no deja de ser llamativo que quienes menos confían en las instituciones del Estado sean los jóvenes de menores recursos; allí donde se ha avanzado en acceso a ciertos bienes públicos, la calidad de los mismos y por tanto los efectos sobre el desarrollo de los jóvenes es muy desigual. El Estado chileno bajo los gobiernos de la Concertación se negó a reconocer y garantizar derechos sociales que vienen siendo demandados hace años por las juventudes, y tampoco institucionalizó los espacios para canalizar inteligentemente sus demandas.

Se han cumplido siete meses desde que los chilenos decidieron que la Concertación de Partidos por la Democracia dejara de ser gobierno. La derecha intenta conducir al país y al mismo tiempo desprestigiar lo que hemos hecho; lo hace sin un relato nítido sobre su proyecto político, pero con claros tintes conservadores respecto de lo avanzado en las políticas sociales igualadoras; desde MIDEPLAN su ministro desprestigia el INJUV, y garabatea una reforma de su institucionalidad cuya real implementación está por verse.

Desde la Concertación no ha habido respuesta. Es hora de asumir los errores y comenzar a construir una relación y un proyecto de futuro que convoque nuevamente a las nuevas generaciones, a partir de una visión global de sociedad, y también de propuestas de política pública e institucionalidad en juventud coherentes con el nuevo desafío político.