El Acuerdo de Santa Marta y sus múltiples lecturas

Antes de que transcurrieran tres semanas desde la interrupción de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia y a pocos días de que hubiere asumido Juan Manuel Santos como nuevo Presidente de este último país, su gobierno y el del Presidente Hugo Chávez suscribieron en la histórica Quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, un Acuerdo destinado a producir efectos de gran magnitud en las relaciones bilaterales de ambas naciones y en el proceso de integración latinoamericano. Concretado en  una Declaración de Principios y un Mecanismo de Cooperación que ampara la creación de cinco comisiones de trabajo, el Acuerdo de Santa Marta culminó un eficaz esfuerzo de negociaciones  entre la nueva Cancillería colombiana y la venezolana, que fue finalmente ratificado, explicitado y políticamente enriquecido en una reuníón cumbre de ambos Jefes de Estado, junto con el Secretario General de UNASUR y ex Presidente de Argentina Néstor Kirchner.

Los últimos días de su mandato presidencial, el ahora ex Presidente Uribe intentó dinamitar el inminente acercamiento entre el nuevo Presidente de Colombia y el Presidente Héctor Chávez. Acusando- quince días antes de entregar el poder- en la OEA al régimen venezolano de apoyar a  la organización guerrillera FARC, mediante la presentación de “ pruebas” fotográficas y computacionales de dudosa procedencia y de aún más dudosa verosimilitud, y,  a dos días  de expirar su mandato, presentando una increíble demanda contra al Presidente Chávez ante el Tribunal Penal Internacional por «crímenes de lesa humanidad», Álvaro Uribe dio una nueva demostración de que no se resigna ni al parecer se resignará a que los colombianos no quisieron renovarle su apoyo y que eligieron un nuevo Presidente por una mayoría electoral  que ni siquiera él mismo obtuvo en su mejor momento político. Y menos que este nuevo Presidente, de su misma ideología y partido, inaugurara su mandato rectificando uno de los puntos centrales de su política exterior: su distanciamiento gradual del régimen de Hugo Chávez, ruidosamente aplaudido por los sectores de la derecha conservadora  en su país, en el resto de América Latina y, sobre todo, en los Estados Unidos.

Por las razones señaladas, el nuevo Presidente colombiano sostuvo claramente que, respecto a las relaciones con Venezuela, quería anteponer las necesidades de ambos pueblos a cualquier tipo de diferencias ideológicas o políticas. Para ello, sostuvo, era necesario dar vuelta a la página e iniciar un proceso de construcción de confianzas a partir de la firma del Acuerdo de Santa Marta. Y el método acordado para iniciar la escritura de la nueva página en las relaciones bilaterales entre dos países unidos por un pasado histórico y por más de dos mil kilómetros de frontera común consistió en la expresa voluntad  de reemplazar “ la diplomacia de los micrófonos ( y de las cámaras) por la diplomacia del diálogo directo y franco”. Se trata de un cambio radical de cuyo cumplimiento dependerá en buena parte que sean los problemas de fondo los que ocupen el lugar central que les corresponde en este diálogo bilateral continuo, desplazando así a los ideologismos y a la retórica incendiaria.

Señalemos, antes de entrar a ennumerar los que son a nuestro juicio esos problemas de fondo, que a las razones nacionales que se pueden vislumbrar como determinantes para que ambos gobiernos suscribieran el Acuerdo de Santa Marta, se debe agregar la influencia de un contexto político regional, y particularmente sudamericano, que jugó sus mejores cartas para influir en la voluntad negociadora de los Presidentes colombiano y venezolano. El Presidente de Brasil, Lula da Silva, profundamente preocupado por la crisis en cierne entre ambos países, desplegó todo su poder de persuasión para que se arribara a este acuerdo. Y el Secretario General de UNASUR, Néstor Kirchner, participó activamente en todo el proceso de negociaciones en tal condición, logrando que su exitoso final se produjera en el marco de UNASUR como instancia de integración sudamericana. Así lo reconocieron ambos mandatarios en la conferencia de prensa posterior a la firma del acuerdo bilateral, con la precisión hecha por el Presidente Santos de que ello no implicaba que Colombia descartara a “ otras organizaciones internacionales” en la búsqueda de solución de los conflictos que pudieren suscitarse en el futuro. En todo caso, se trató de una nueva y potente demostración de que UNASUR se ha consolidado como instancia de integración subregional y como mecanismo eficiente de diálogo político y de solución de conflictos, incluso entre los dos países que figuran en las antípodas político-ideológicas de la región.

Este hecho debería hacer meditar a los sectores de la derecha chilena que o se oponen a la ratificación del Tratado Constitutivo de UNASUR o disfrazan su oposición proponiendo inconducentes declaraciones interpretativas y otras argucias  sin fundamento jurídico ni consistencia política. Su defensa de la OEA como única organización en la que deben examinarse los conflictos regionales y su alegato de que UNASUR está hegemonizada por el Presidente Hugo Chávez resultan patéticos a estas alturas del desarrollo de la política internacional sudamericana.

Antes de precisar los problemas de fondo a los que se abocarán las comisiones recién creadas, resulta necesaria una visión somera de algunos de los factores sociales, económicos y políticos que constituyen el contexto de dichos problemas de fondo. Partamos diciendo que el último Informe Regional del PNUD nos ha recordado que América Latina es la región con mayores índices de desigualdad del planeta y que 10 de los 15 países con mayor desigualdad son latinoamericanos .En el caso de Colombia, sus elevadas tasas de crecimiento económico no han ido acompañadas de una disminución de la pobreza, que sigue siendo muy elevada,  lo que ha generado una profundización de la desigualdad. La existencia por más de 60 años de una guerrilla hoy anacrónica y envilecida , que actualmente aparece muy debilitada debido a la larga lucha en su contra de parte de las tropas colombianas ,con apoyo norteamericano; la todavía fuerte presencia del narcotráfico, a pesar del Plan Colombia y la existencia de los paramilitares, con apoyos oficiales encubiertos, conforman un panorama complejo que impide el desarrollo de todas las potencialidades de un país económica y culturalmente rico . La violencia de diversas procedencias ha sido un componente de la historia contemporánea de Colombia, cuyos gobiernos de los últimos 20 años presentan el peor historial de derechos humanos de la región. Y los efectos de sus conflictos internos y del narcotráfico se han ido desplazando inevitablemente hacia los países fronterizos. Bástenos recordar , respecto de Venezuela, que más de cuatro millones de colombianos han sido desplazados o han elegido vivir en territorio venezolano, especialmente en sus zonas fronterizas.

Aunque subsisten agudos problemas sociales en Venezuela, el régimen del Presidente Hugo Chávez puede exhibir logros importantes, tales como una sustancial disminución de la pobreza, aunque ésta sigue siendo alta, y similar disminución de la desigualdad. El Informe del PNUD lo sitúa como el tercer país con menor coeficiente de desigualdad de la región. Ello explica las sucesivas victorias electorales del Presidente Chávez a lo largo de los últimos años. Pero obviamente que ello no significa que el país se haya liberado de los déficit sociales ni de los problemas del subdesarrollo económico, que subsisten. La violencia de origen delincuencial y del narcotráfico es muy elevada, presentando Venezuela uno de los índices más elevados de homicidios de la región: 48 homicidios por cada cien mil habitantes.

Si a estos antecedentes le agregamos que el comercio bilateral es muy importante para ambas economías, que Venezuela importa buena parte de los productos alimenticios que consume su población desde Colombia y que la industria que allí los produce emplea a miles de colombianos, contribuyendo de ese modo a disminuir las tasas de pobreza y desigualdad, podremos concluir que la interrupción de relaciones diplomáticas entre ambos países constituía un atentado en contra del bienestar de ambos pueblos. El Acuerdo de Santa Marta, construido sobre nuevas bases de entendimiento y de confianza, viene a restituir la cordura en las relaciones entre países que si bien son gobernados por Presidentes de distinto signo político, enfrentan problemas comunes para cuya solución resulta indispensable la cooperación entre ambos.

El más complejo de los problemas de fondo que abordará una de las cinco comisiones bilaterales recién creadas es el la seguridad, tanto militar como social y policial. Ya dijimos que la existencia de la guerrilla en territorio colombiano se remonta a 60 años atrás , sin que ello tenga relación alguna con el régimen de Hugo Chávez, que data del  final de la década de los 90. Pero la ideología de izquierda de su régimen tenía coincidencias objetivas en el análisis de los problemas sociales y en algunos aspectos de su  proyecto de superación de las contradicciones del capitalismo con las que tenían las FARC antes de su desnaturalización producto de sus posibles vínculos con el narcotráfico y de su utilización de los secuestros como método político. Bastó lo anterior, más algunas referencias benévolas y poco prudentes del Presidente Chávez hacia las FARC, para que el gobierno de Álvaro Uribe, apoyado fuertemente por el Presidente Bush, se lanzara en una campaña destinada a convencer a la población colombiana de que era el apoyo del régimen venezolano el que explicaba la vigencia de una guerrilla sexagenaria que no era sino el producto de la marginación y la pobreza de amplias capas de la población colombiana y de un proceso histórico que ponía de relieve la incapacidad de su sistema político para procesar dicha marginación.

Las claras expresiones de parte del Presidente Chávez rechazando la utilización de la violencia como método para conquistar el poder en pleno siglo XXI y en un país democrático, su rechazo total hacia la práctica de los secuestros, sugiriendo que las FARC deberían entregar en forma unilateral e incondicional a todos los secuestrados y su reflexión sobre lo contraproducente que era la existencia de una guerrilla en la Colombia de hoy, ya que ello podía servir de pretexto para la presencia de tropas norteamericanas en el área constituyen el marco dentro del cual deberá trabajar la comisión de seguridad. En el comunicado respectivo se acuerda que Venezuela impedirá la presencia en su territorio de todo tipo de grupos que ejerzan ilegalmente la violencia, tales como los guerrilleros, los paramilitares y los narcotraficantes colombianos que aprovechan la porosidad de la extensa frontera entre ambos países para sus propios fines. Para ello requiere, desde luego, de la cooperación del gobierno colombiano y sobre esta base de confianza mutua que deberá irse creando en esta conflictiva área se podrá ir avanzando en la superación progresiva de estos complejos problemas.

El otro gran problema de esta área, el acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos, tuvo una ligera mención en el comunicado, consistente en el reconocimiento de parte del Presidente Hugo Chávez de que dicho acuerdo era una atribución soberana del gobierno de Colombia, así como de la seguridad que ambos gobiernos reconocían como indispensable de que ni este ni ningún otro acuerdo militar significare una amenaza a la integridad y soberanía de otro Estado sudamericano.

Las otras cuatro comisiones creadas tienen por objeto avanzar en la integración económica bilateral. La primera de ellas se abocará a reimpulsar las deterioradas relaciones comerciales y a solucionar el pago de la deuda que importadores venezolanos tienen respecto de exportadores colombianos. En la solución de este problema tiene una alta incidencia el Estado venezolano y sus restricciones cambiarias. La segunda comisión deberá trabajar un proyecto de acuerdo de complementación económica entre ambos países. La tercera dedicará sus esfuerzos al desarrollo de un plan de trabajo conjunto en inversión social en la frontera. La cuarta comisión tendrá como objetivo el desarrollo de planes de infraestructura y conectividad que favorezca la integración bilateral. Y la quinta, ya analizada, se dedicará a los temas de seguridad.

En conclusión, Colombia y Venezuela han iniciado un camino de cooperación e integración que puede resultar ejemplar para el proceso de integración latinoamericana. Su éxito, desde luego, no está asegurado. Esta ruta tiene enemigos internos y externos que harán lo posible por interrumpirla. Pero que gobiernos antes enfrentados entre sí, de distinto signo ideológico y prisioneros hasta ahora de una profunda desconfianza mutua hayan dado este paso que ha suscitado ya el beneplácito de la mayor parte de los gobiernos democráticos del mundo constituye un signo de que los pueblos y sus gobernantes aprenden de sus propios errores y son capaces de superarlos cuando existe un contexto internacional favorable y una institucionalidad como la de UNASUR que les otorga una eficaz cobertura política.