La privatización de una parte del Mundial de futbol, que impidió a la gente común ver partidos de Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y Uruguay, solo para nombrar naciones que han sido campeonas en este deporte, luego que estas trasmisiones disponibles para TVN, fueran transferidas a un canal por pago, revela la urgencia de hablar sobre la televisión. A su vez, los motivos explícitos del fracaso de la venta de Chilevisión han revitalizado un tema que el propio Piñera y el Gobierno habían dado por superado y que implica directamente al Presidente. Porque más allá de la venta –o no- del usufructo de la señal de Chilevisión, cuya concesionaria es legalmente la Universidad de Chile, existe un debate en curso. Porque aunque nadie lo sepa, hoy está en trámite parlamentario la ley que permite decidir sobre la televisión del mañana. Ahora que el país tiene la oportunidad de aprovechar los beneficios de la transformación digital.
La televisión digital no sólo permite una transmisión de mejor calidad en términos técnicos –haciendo viable la transmisión en alta definición-, sino que también abre la puerta a la ampliación del número de señales existentes. Por tanto, posibilita la entrada de nuevos actores, multiplicando la oferta y las opciones de los televidentes. Su implementación también permite establecer nuevos estándares de contenidos (hoy prácticamente inexistentes) para quienes estén interesados en hacer televisión. Esta nueva plataforma tecnológica nos brinda la posibilidad de una televisión con más opciones, sin censura, más pluralista y de mejor calidad. Todo ello junto a la gran oportunidad de incorporar otras formas de financiamiento.
Idealmente se podría acceder a un gran número de canales, muchos de ellos segmentados según las preferencias e intereses de cada uno de los espectadores, independientemente de la masividad. En esta mejor versión de televisión se podría saldar una antigua deuda con las regiones, al facilitar la transmisión de una cantidad de contenido local terminando con la hegemonía de la programación centrada en Santiago.
Sin embargo, lo que hoy se discute en el Congreso está lejos de garantizar el cumplimiento de lo anterior. Y lo más extraño es que el único político se ha pronunciado públicamente respecto del tema es Marco Enríquez, que representa fuerzas que no tienen expresión en el actual Parlamento.
Aunque parezca increíble, a pesar de que el espectro de televisión es un bien público y su concesión una fórmula que busca su buen uso, si esta nueva ley no se modifica, los actuales operadores podrán de forma automática, sin licitación ni requerimientos adicionales, conservar una concesión por 40 años o en forma indefinida en el nuevo modelo.
Esta ausencia de requerimientos es tan profunda que ni siquiera se reglamenta como condición la transmisión gratuita de las señales. Así, podría darse el caso extremo de que se le otorgara una concesión en forma gratuita e indefinida a un operador –con muy pocas herramientas legales para revertir la concesión en caso de mal uso– y que éste, además de financiarse a través del sistema de avisaje, cobrase por su transmisión.
El actual proyecto, si se aprueba tal como está, permite a todos los actuales concesionarios, no sólo renovar automáticamente sus derechos, sino que tendrían también la posibilidad de adquirir más de una concesión hasta el punto de que, en el peor de los escenarios, existirían los mismos canales de hoy, reciclando sus programas a través de distintas señales. Una ley más efectiva que la actual debería asegurar la diversidad de contenidos, estipulando claramente las condiciones de revocación de las concesiones, proponiendo plazos más razonables para las mismas , que aseguren la gratuidad en el acceso a este bien público y que estimulen la entrada de nuevos actores.
Para lograr un marco legal de esta naturaleza, será necesario considerar en primer lugar a los millones de televidentes chilenos. Ojala ocurra.
Será tan pequeño Chile como para que el presidente del CNTV sea el primo del presidente (Herman Chadwick), que el presidente sea dueño de un canal, que deba nombrar a los consejeros de la competencia, que sea patrono de la U. de Chile y a la vez que tenga un usufrutuo de una señal televisiva que pertenece a esa universidad…que esté en sus manos la TV digital y que ello afecte directamente el futuro de Chilevision y la existencia misma de la actual señal de propiedad de la u. de Chile…¿no es mucha endogamia?