El olvido de la motivación en la política de seguridad ciudadana

El acto delictual doloso es antecedido por una “decisión” basada en la existencia de una víctima u objetivo atractivo y condiciones situacionales objetivas o subjetivas que a juicio del victimario son propicias para el éxito de su acción. Esta tesis explicaría en parte, por ejemplo, los saqueos que se produjeron en los días inmediatamente posteriores al terremoto en ciudades de la VII y VIII región. Es decir, la existencia de objetos atractivos o valiosos y la falta de vigilancia policial y natural entorno a ellos precipitó la decisión de robar que tomaron varios personas. Sin embargo, la gran mayoría de la gente no cometió delitos y, por lo tanto, las condiciones situacionales no son razón suficiente para explicar la realización de estos actos. Una comprensión más acabada de la acción delictual indica que previa a la decisión de delinquir debe existir una “motivación”.

En la historia del pensamiento criminológico se han sucedido múltiples teorías para explicar la existencia de personas motivadas a delinquir, como aquellas que lo atribuyen a la ausencia de vínculos sociales, el bajo autocontrol, la desorganización social, el desencuentro de la estructura social y cultural, el aprendizaje del comportamiento delictual o la subcultura delictual. Nuestra idea no es exponer aquí las teorías criminológicas sino que a propósito de ellas poner en evidencia el poco peso específico, equivocado a nuestro juicio, que tienen en la política criminal y de seguridad ciudadana las estrategias que actúan sobre la motivación (prevención social del delito y rehabilitación) en comparación con las estrategias que actúan sobre la decisión (control jurídico-policía y prevención situacional).

Los 4 anuncios en materia de prevención social y rehabilitación y las 9 medidas en materia de control y prevención situacional dadas a conocer por el Presidente Piñera en su reciente discurso del 21 de mayo, podrían dar la impresión de una política más equilibrada entre prevención y control que la que realmente existe.

El Presidente Piñera propuso en materia de prevención social del delito y rehabilitación la ejecución de los Programas Vida Sana, Vida Nueva y Barrio en Paz, además de un estatuto laboral especial para las personas encarceladas.

El Programa Vida Sana es una iniciativa de salud pública de carácter universal y en ningún caso una política de seguridad. Tal como se indica en la cuenta pública del Ministerio del Interior, el objetivo de este programa es “incorporar la prevención del consumo de drogas y alcohol, el manejo de factores de riesgo y la promoción de hábitos de vida saludable en la malla curricular de los establecimientos educacionales, de manera de poder alcanzar una cobertura de un cien por ciento de alumnos que aplican efectivamente el programa en el país”. Entendido así, los padres podrán sentirse más aliviados al saber que cuando sus hijos sean beneficiarios de este programa no es por el riesgo de ser delincuentes.

Si bien existe evidencia empírica que relaciona el consumo de drogas con la delincuencia, esta no indica que dicho consumo conduzca irremediablemente al delito. Muy por el contrario, el consumo de drogas está más asociado con la prolongación de las carreras criminales que con el ingreso a ellas. Comúnmente quienes cometen delitos bajo los efectos de las drogas o con el fin de obtener recursos para adquirirla han comenzado a delinquir antes de consumir drogas.

El Programa Vida Nueva, es una iniciativa de fortalecimiento del Programa 24 horas de Carabineros de Chile que se realiza con la participación del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Actualmente beneficia a 250 niños y jóvenes en riesgo delictivo que SENAME atiende en 5 Centros de Intervención Directa (CED) y a un costo de 233 millones de pesos. El anuncio del Presidente Piñera consiste en la creación de 3 nuevos CED, es decir, un aumento de cobertura que difícilmente doblará a la existente.

Del Programa Barrio en Paz se conoce poco o nada, sólo que se implementará en 100 barrios con mayores índices de delitos y temor. Según la cuenta pública del Ministerio del Interior 2010, este programa aún se está diseñando. Es decir, se anunció algo que ni sus propios ejecutores saben de que se trata. En principio puede ser una iniciativa valiosa, pero por ahora es sólo una incógnita.

Por último, el estatuto laborar especial es una iniciativa valorable, pero insuficiente porque no se condice con la importancia que los estudios científicos longitudinales le atribuyen al trabajo como factor de interrupción de carreras criminales. Lo que se requiere no es sólo un nuevo estatuto laboral sino que una nueva institucionalidad que gestione la actividad laboral de las personas privadas de libertad y su reinserción social con criterios de eficiencia, productividad, calidad e innovación.

En resumen, el Presidente Piñera nos habla de programas con coberturas reducidas en comparación con la población que tiene la necesidad, programas sin contenido conocido, iniciativas carentes de la institucionalidad que se requiere para que tengan sostenibilidad en el tiempo y financiamientos de dimensiones insignificantes para la envergadura de los problema que pretenden resolver o mitigar. Mientras en materia de prevención social se carece de coberturas, institucionalidad y financiamiento, en materia de control ocurre todo lo contrario.

Los 10.000 carabineros adicionales que anunció el presidente Piñera tiene un costo aproximado de 200 mil millones de pesos si se considera que el Senado estimó en 60.000 millones el costo de incorporar los 3.000 carabineros comprometidos por la ex Presidenta Bachelet. Es una inversión cuantiosa que no está asociada a desempeño, no se sabe qué delitos se van a reducir, en qué medida, en qué lugares, en cuánto se reducirán los tiempos de respuesta en barrios populares, en cuánto mejorará el trato a los pobres, ahí donde justamente Carabineros obtiene las peores calificaciones a su labor. De esto nada se dice, pareciera que lo único que importa es hablar de miles de policías adicionales, de más comunas con plan cuadrante y de más medidas de control, aunque nadie sepa, ni el propio gobierno, los efectos que tendrá en materia delictual y de servicio a la comunidad.

La creación del registro público de abusadores sexuales de menores es una estrategia de prevención situacional que puede disminuir las oportunidades para cometer este tipo de delitos en algunos momentos y contextos, pero que no impide que se cometan en otros o cuando las condiciones sean mejores. Estrategias como esta son disuasivas y no preventivas, no cambian las creencias y actitudes de estos delincuentes y, por lo tanto, son insuficientes. Los abusadores sexuales no dejarán de serlo porque los demás los identifiquen.

Para disminuir la reincidencia en delitos de abuso sexual se requiere implementar tratamientos cognitivo conductuales que inhiban la motivación, tal como se hace en países que invierten en la rehabilitación de quienes cometen delitos.

A lo anterior se suma la ampliación del plan cuadrante, el uso de brazaletes electrónicos, la instalación de cámaras de vigilancia… en fin, un conjunto de iniciativas de control y prevención situacional que no reducen la cantidad de delincuentes sino que buscan inhibir la decisión de delinquir y, por lo tanto, de baja efectividad en el mediano y largo plazo.

Al comparar la envergadura de los anuncios del gobierno en materia de prevención social con los de control, se constata que la política criminal y de seguridad no tiene el equilibrio que se requiere entre el control y la prevención para lograr resultados sustantivos y sostenibles en el tiempo.

La distribución de recursos en el Presupuesto Nacional del 2010 corrobora el juicio anterior. El presupuesto de las instituciones policiales, Ministerio Público y de una gran parte del Ministerio de Justicia, Gendarmería y SENAME equivale aproximadamente al 97,5% del total del financiamiento destinado a la seguridad pública, el 2,5% restante es lo que se invierte en la prevención de la delincuencia y la rehabilitación. Las cifras hablan por sí solas.