100 días de la derecha en el gobierno

Hace uno dias atras se han cumplido los primeros 100 días desde que la derecha asumiera el gobierno del país. En estos meses comienzan a perfilarse algunos de los rasgos más característicos de la nueva administración: mucho despliegue comunicacional y poca política pública (la sequía legislativa es evidente, por ejemplo) ; un nueva “forma de gobernar” ensombrecida por múltiples conflictos de interés e incluso desidia en algunos casos (viaje de intendentes de dos de las zonas más afectadas por el terremoto a Sudáfrica y del Ministro de Minería en plena discusión del royalty); y lo que podríamos llamar un programa de corte centrista y social pero con mucha “letra chica” neoliberal.

Sin duda, la actual administración ha debido enfrentar como un primer gran desafío la emergencia y el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Lamentablemente frente a ello nunca el actual gobierno formuló un plan global que permitiera identificar fases, mecanismos de participación, modos de recuperación de sectores productivos, criterios para una mejor reconstrucción de las zonas afectadas en términos de su calidad de vida. Finalmente, el debate de la reconstrucción ha sido un debate sobre recursos financieros pero no sobre un plan general para superar, con un sentido de futuro, las graves consecuencias sociales, económicas y de infraestructura que dejó el terremoto del pasado 27 de febrero.

Otro aspecto distintivo de la actual administración Piñera ha sido el intento de proyectar una “nueva forma de gobernar” y un “sentido de urgencia”. Más allá de la parafernalia comunicacional que intenta sostener estas imágenes no se percibe un mayor cambio en la eficiencia de la gestión pública, incluso han surgidos situaciones y prácticas negativas, que no se observaron en anteriores gobiernos. Tres son las más graves en este sentido: los conflictos de interés que cruzan la acción del propio Presidente de la República pero también de múltiples autoridades; el serio golpe al proceso de profesionalización de la administración pública chilena a través de la relativización y debilitamiento de la selección de personal vía sistema de Alta Dirección Pública; y la exoneración masiva de funcionarios públicos por razones de su pensamiento político.

A lo anterior se debe sumar la desidia, por no decir abandono de funciones, que han protagonizado tres autoridades claves en esta etapa de reconstrucción (los intendentes de la Metropolitana y Sexta región) y del Ministro de Minoría en plena discusión del royalty. Sus conductas no hacen sino reflejar de manera muy elocuente cual es su forma de entender el servicio público y sus prioridades. Las explicaciones aportadas por la vocera no han hecho sino profundizar la falta, y de paso restar nuevos puntos a su credibilidad.

En el plano de las políticas públicas el reciente debate sobre financiamiento de la reconstrucción ha puesto en evidencia lo que parece será una constante del actual gobierno: propuestas en apariencia centristas y “progresistas” pero con una abundante “letra chica” neoliberal. En efecto, de lo que se ha tratado –y probablemente se logre- es hacer pasar un alza transitoria de impuestos a las grandes empresas unido a una rebaja tributaria permanente, lo que dará como resultado neto menores ingresos fiscales al finalizar este gobierno. Otro tanto se puede decir del impuesto específico a la gran minería privada, lo que permite adelantar flujo por parte de estas empresas otorgándole a cambio una invariabilidad tributaria hasta el 2025, es decir, comprometiendo una política minera y de protección del principal recurso natural del país del país a futuros gobiernos democráticos.

Se ha visto así en el terremoto, y la tragedia que ello implicó, la posibilidad de llevar adelante dos políticas de derecha: rebaja de impuestos y mayores franquicias a la explotación privada de la minería del cobre. No parece una manera muy ética de gobernar.

Este es un gobierno que llegó con muchas promesas y generando altas expectativas de eficiencia, pasados estos primeros 100 días de instalación. El terremoto y el futbol han generado una cierta tregua política. Pero la ciudadanía comenzará a preguntarse cada vez con más impaciencia por el cumplimiento de dichas promesas; si se va a gobernar y legislar mirando los intereses generales del país o a favor de ciertos grupos e intereses empresariales; y si esa nueva forma de gobernar, tan majaderamente desplegada comunicacionalmente, implica realmente probidad, eficiencia y protección de derechos.