La fijación del salario mínimo (SM) tiene múltiples impactos económicos y sociales para el desarrollo de un país. No obstante lo anterior, en esta ocasión se prestará particular atención al análisis de las implicancias sociales que ha tenido una política activa en la fijación del SM, a partir de los años 90´.
Chile al suscribir el Convenio 131 y el Acuerdo 134 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha adherido a los objetivos y criterios de fijación del SM que en ellos se expresan, donde se recomienda que el SM se constituya en un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores y de sus familias.
Las normas OIT además establecen que los criterios que deberían tenerse en cuenta para la determinación del SM, en primer lugar está el de afrontar las necesidades de los trabajadores y sus familias, para luego identificar otros criterios económicos como son el nivel de salarios medios, la inflación, las prestaciones de seguridad social, el nivel de vida de otros grupos sociales, la productividad media y las políticas de empleo.
En el período 1990-2006, se identifica una relación fuerte entre el crecimiento del SM y la disminución de la pobreza. Puede señalarse por lo tanto que una política activa en la fijación del SM, junto a otras variables como son el crecimiento del PIB, una mayor participación laboral femenina y políticas sociales focalizadas han permitido reducir la pobreza de un 38,6% en 1990 a un 13,7% en 2006, último año que se tienen datos de la CASEN.
El SM en términos reales creció un 83% en el período 1990-2009, lo cual ha permitido que éste supere 3,07 veces la línea de pobreza por persona establecida por MIDEPLAN. No obstante lo anterior, si se considera una familia promedio de los primeros dos quintiles, representada por 4,3 personas en promedio, el SM debiera haberse situado en $230.000 el año 2009, para haber asegurado así el objetivo de superar la línea de pobreza para el trabajador y su familia.
El SM como proporción del PIB per cápita representa en Chile el 35% en el 2008, porcentaje entre los más bajos de los países latinoamericanos, superando tan solo a México (15%) y Uruguay (31%).
El SM es particularmente importante en los trabajadores que están ligados a los sectores de la agricultura, el comercio, la construcción y las actividades de hoteles y restaurantes. Por otro lado, las actividades que muestran una menor proporción de trabajadores adscritos al SM son aquellas con alta composición orgánica del capital, como son la minería, los servicios básicos (electricidad, gas y agua) y la intermediación financiera. Cabe señalar que estas cifras están subvaloradas, escondiendo las prácticas extendidas de externalización de trabajadores (cajeros, guardias, procesadores de alimentos, Etc.)
Para mejorar la actual distribución funcional de ingreso y eliminar las asimetrías de poder existentes entre trabajadores y la empresa contratante, la fijación del SM es muy relevante. En este sentido el SM coloca un piso mínimo legal a los ingresos de los trabajadores, eliminando así la posibilidad de que la empresa abuse de su poder de contratación.
En Chile existe una baja participación sindical que alcanza un 11,9% del total de la Fuerza de Trabajo Ocupada en el 2008, participación que es prácticamente nula cuando se trata de trabajadores con escasa capacitación laboral y/o nula experiencia laboral (los jóvenes).
La baja participación sindical en el país ha determinado que las remuneraciones medias hayan crecido por debajo de la productividad media para el factor trabajo, a partir de 1996. Lo anterior se contrasta con el dato que gracias a una política activa en la fijación legal del SM, éste ha podido crecer incluso por encima de la productividad media, sobre todo a partir de 1998.
El SM respecto de las remuneraciones medias en Chile ha pasado de representar el 35% en 1993 a un 45% en el 2009. Esta proporción respecto de las remuneraciones medias si bien ha crecido, resulta estar por debajo del promedio latinoamericano que es del 49%. Entre los países que esta proporción resulta excesiva están Paraguay (82%), Perú (75%), Ecuador (66%), Colombia (54%) y Panamá (54%).
Reflexiones Finales
El mercado opera a través de ciclos económicos, donde en los períodos de menor crecimiento, recesión o depresión económica son siempre los actores sociales más débiles los más perjudicados. En el ciclo económico negativo, aumenta el desempleo, bajan los salarios medios de la economía y la negociación colectiva se hace más difícil. Por el contrario, el la parte del ciclo positivo, la creación de empleo es mayor, la desocupación es menor y las remuneraciones tienden a aumentar.
En consecuencia, el cálculo del salario mínimo debiera considerar un horizonte temporal mayor al de un año (varios años), de la misma forma que por ejemplo lo hace el Ministerio de Hacienda para determinar el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo.
El salario mínimo no puede estar sujeto a los vaivenes del ciclo económico de coyuntura. Es sabido que en épocas de crisis son precisamente los más pobres los que más sufren, no disponiendo de seguros adecuados ni recursos propios para afrontar la contingencia.
A la luz de los antecedentes vistos, las variables cruciales para la determinación del salario mínimo debiera considerarse un polinomio que considere al menos los siguientes parámetros:
a) La inflación futura, como manera de establecer que el piso mínimo del SM está considerando una pérdida de su poder adquisitivo en el período que se trate.
b) La variación en la productividad media, como una manera de asegurar que la distribución factorial entre el factor trabajo y el factor capital se considere en el cálculo del SM.
c) Meta de mediano plazo, calculado como un delta que permita al SM alcanzar en el mediano plazo un valor superior a la línea de pobreza de una familia promedio que establece MIDEPLAN.
