El discurso del presidente Piñera del pasado 21 de mayo puede ser analizado, a lo menos, desde tres ángulos: lo que enuncia, lo que calla, y cierta vaguedad de los medios y plazos para cumplir ciertas promesas. Por otra parte, lo que comienza a ser cada vez más evidente es que se viene un claro intento por profundizar la búsqueda de soluciones privadas a problemas públicos.
Entre lo que enuncia y propone, en general, este discurso se inscribe en la lógica de lo que fue la campaña presidencial, intentando posicionarse como un gobierno de derecha, de apariencia moderado, que plantea continuidades más que rupturas con los gobiernos concertacionistas de los últimos 20 años. Ello se observa en temas como el ingreso ético familiar (no confundir con el “sueldo ético”); la supresión del 7%; algunas reformas políticas (inscripción automática, voto censitario de los chilenos en el extranjero); el aumento al doble de la subvención escolar (¿en ocho años?); el postnatal de 6 meses; el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (¿vía concesión-privatización de hospitales?); el incremento de la pensión básica solidaria, entre otras.
Intenta así la nueva administración instalar su retórica programática en ciertas coordenadas mínimas del programa de centroizquierda, tratando con ello dejar “sin banderas” al progresismo. Lo primero que calla este discurso es que varios de los propósitos que enuncia son ya políticas realizadas o presentadas por la Concertación; otras en pleno desarrollo (las nuevas coberturas e incrementos de la pensión básica solidaria, por ejemplo); y en otros casos se trata de políticas rechazadas por la propia derecha en anteriores oportunidades (voto de los chilenos en el extranjero).
Sin embargo, más allá de no reconocer “derechos de autor” en la centroizquierda de algunas de las políticas propuestas, el discurso presidencial nada dice sobre otras transformaciones relevantes y que han estado en la parrilla programática del progresismo: reformas laborales, fortalecimiento de la educación pública, cambio al sistema electoral, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, regulación de conflictos de interés, uniones civiles entre homosexuales. En un plano más estratégico nada se dice, por supuesto, de una reforma a fondo a la Constitución, ni de continuar el camino de la construcción de un Estado social.
Por el contrario, los medios que se insinúan, de manera cada vez más abierta y explícita, para el logro de muchos de los propósitos planteados –y probablemente allí surgirán las principales contradicciones en el corto y mediano plazo- pasan por dar soluciones privadas a problemas públicos. La idea de un voucher en salud es cada vez más explícita, así como la privatización de activos del Estado o de parte de la propiedad de empresas públicas. A ello se debe agregar las ideas de concesionar hospitales y escuelas, lo que constituye una vía privatizadora de estos servicios sociales.
Otro tanto se puede decir de los silencios y ambigüedades en la explicitación de los plazos. En temas relevantes el discurso habla de “ocho años”, lo que para un gobierno de sólo cuatro no deja de ser un sin sentido o una “pillería” un tanto obvia. Por su parte, el discurso fue extraordinariamente parco para definir las fuentes de financiamiento de muchas de las medidas anunciadas: no cabe duda que varios de los propósitos planteados –duplicar la subvención escolar, disminución del 7% de salud de los jubilados, extensión del postnatal- requieren de cuantiosos y nuevos ingresos fiscales, lo que puede poner sobre el tapete la necesidad de una reforma tributaria más de fondo y permanente que la que el gobierno está hoy planteando como parte del financiamiento de la reconstrucción.
En síntesis, es claro que el discurso del 21 de mayo fue abundante en definir objetivos y propósitos; con nítidos y claros silencios en temas fundamentales; y muy impreciso en materia de plazos y formas de financiamiento. Pero, sin duda, lo más grave es que se comienza a hacer cada vez más patente que los caminos elegidos para alcanzar los propósitos anunciados pasan por fortalecer las soluciones privadas por sobre las públicas, continuar debilitando el Estado, cercenar derechos laborales y sociales, y no asumir los desafíos de nuestra diversidad y pluralismo. Todos temas en los cuales el centro y la izquierda debieran converger y movilizarse en la próxima etapa.
