En su recomendación Nº 23, el Comité de la CEDAW reconoce que a la mujer se le han asignado históricamente funciones en la esfera privada vinculadas con la procreación y la crianza de los hijos, actividades que en todas las sociedades se han tratado como inferiores. En cambio, el hombre ha dominado la vida pública, la cual goza de prestigio, y a la vez ha ejercido el poder de subordinar a la mujer al ámbito privado, excluyéndola de la vida política, del proceso de toma de decisiones y silenciando su voz.
Diversos son los factores que han impedido que las mujeres tengan un rol más activo en política. Por una parte, están los valores culturales y ciertas creencias religiosas que han confinado a la mujer al espacio doméstico. La carga de las labores domésticas, el cuidado de las y los niños y de las y los adultos mayores sigue siendo una tarea asociada a las mujeres, lo que ha provocado una desproporción de la carga laboral entre los géneros (COES, 2017). A esto se suma la desigualdad en el acceso a la educación y al financiamiento. Finalmente, muchas hemos sido socializadas en espacios donde se nos ha enseñado a tener menos ambición política y menos confianza para ejercer roles que siempre han sido considerados masculinos (Lawless y Fox, 2010).
El mundo partidario también ha puesto obstáculos significativos a la participación de las mujeres. Los horarios de las reuniones y las formas en las cuales se toman las decisiones políticas, son espacios completamente masculinizado.
La subrepresentación de las mujeres es un problema tanto de falta de oferta como de demanda: ellas participan menos debido a diversas barreras culturales que persisten en la sociedad y cuando quieren o pueden participar, los líderes masculinos las pasan por alto (Norris y Lovenduski, 1995).
Si bien se ha avanzado en mejorar las oportunidades de participación política de las mujeres, aún siguen existiendo barreras significativas que nos limitan y que, por tanto, afectan la representación de las mujeres de democracia. Mientras las legislaturas y otros espacios de poder sigan estando compuestos mayoritariamente por hombres de clase alta y representantes de la mayoría étnica, la capacidad de estas instituciones para representar a la sociedad en toda su diversidad es cuestionable (Murray, 2014). Además, las legislaturas que no son representativas contribuyen al descontento con la democracia, a la disminución de la participación electoral y al aumento de la desafección con la política.
Uno de los mecanismos que existen para promover la igualdad de participación en política es establecer cambios en los procedimientos electorales. En Chile uno de esos cambios fue la implementación de cuotas de género. La Ley 20.840, que sustituyó el sistema binominal en Chile, incorporó la ley de cuotas en listas de candidaturas de los partidos políticos, hayan o no pactado, interviniendo así el proceso de selección de candidatos: ningún sexo puede superar el 60% de las candidaturas inscritas.
Las cuotas tuvieron un efecto importante en las candidaturas de mujeres en las elecciones del 2017: 41,4% de candidatas para la Cámara de Diputados y 40,9% de candidatas para el Senado, lo que equivale a un aumento de 22 y 23 puntos porcentuales, respectivamente, comparado con las candidaturas del año 2013. Otra cosa pasó en la elección de Consejeros Regionales, donde sólo un 27,1% de las candidaturas fueron mujeres. Estos datos demuestran una vez más que la voluntad política de los tomadores de decisión no es garantía para implementar cambios estructurales. En las elecciones donde no existía la exigencia de una cuota, como en la elección de CORES, el porcentaje de candidatas fue mucho menor. Una vez más queda demostrado que los cambios institucionales son claves para promover la participación política de las mujeres.
Ahora bien, las elecciones del 2017 evidenciaron un aumento importante en la representación de las mujeres en el Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados, las mujeres pasaron a representar un 22,6% de la cámara, 6,8 puntos más que en el 2013, mientras que en el Senado la representación de las mujeres pasó de un 15,7% a un 20%.
Si bien los datos generales muestran un avance importante en la representación de las mujeres en el Congreso, las diferencias entre los partidos políticos demuestran que la aplicación de una cuota de género en las listas de candidaturas no es suficiente para promover una efectiva paridad en la representación. El caso del Partido Socialista es claro en esta materia.
En el año 2013, el PS obtuvo 5 diputadas electas lo que correspondía al 71% de las candidaturas de mujeres del partido. En el año 2017, el PS no sólo disminuyó el número de electas de 5 a 4 diputadas, sino que también disminuyó el porcentaje de elegibilidad de un 71% a un 17%. Esto quiere decir que, si bien el partido aumentó el número de candidatas sólo el 17% de éstas resultó electa. Más candidatas, menos electas.
Múltiples factores pueden afectar el éxito de las cuotas. Algunos de ellos están relacionados con las leyes electorales. La cuota es más efectiva cuando existe un sistema proporcional con umbrales altos; con lista cerrada y bloqueada; y mandatos de posición en la lista (Le Foulon y Suàrez-cao, 2018). Finalmente, la existencia de sanciones efectivas en caso de no cumplir con la cuota también son claves para su éxito.
Otros factores de éxito, sin embargo, están relacionados con el diseño electoral de los mismos partidos. No basta con aumentar el número de candidatas en la papeleta, el tipo de distrito donde van a competir afecta directamente la posibilidad de que éstas salgan electas. Acá destaco sólo dos cosas. Primero, es esencial que existan más candidatas en aquellos distritos que sean competitivos para el partido. Segundo, apoyar de manera significativa a las candidatas que compiten en distritos competitivos pero donde existen incumbentes del partido, quienes ya cuentan con una ventaja comparativa relevante.
Hemos avanzado, pero aun nos queda un amplio camino por recorrer.
