Luego de cinco años de que el Gobierno del presidente Evo Morales anunciara la presentación de la demanda contra Chile, planteando la obligación de negociar un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 1 de octubre ha constituido un triunfo claro de los argumentos de nuestro país, constituyéndose en un momento de eufórica celebración. Existen, sin embargo, pocos motivos para celebrar. El triunfo de Chile en la CIJ ha abierto una etapa paradojalmente riesgosa de la política exterior. La sentencia ha producido algunos efectos positivos, pero sus consecuencias más importantes son más complejas.
Después de que un coro creciente de posturas nacionalistas adoptara la impostura de cuestionar al mismísimo tribunal de las Naciones Unidas, e iniciara una campaña para lograr la denuncia de Chile del Pacto de Bogotá, el fallo ha creado las condiciones políticas para que la cambian- te opinión pública chilena reapreciara las virtudes del Derecho Internacional y re- pensara las virtudes del multilateralismo global y regional.
Sin embargo, si el fallo resolvió el problema jurídico al señalar que no existe obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico, al mismo tiempo ha generado en los medios, la elite y la opinión pública chilena, la ilusión de que se ha resuelto el tema boliviano. El efecto real es, sin embargo, el contrario. Si el estilo con que el presidente Evo Morales gestionó la demanda ya había producido un mayor distanciamiento de la opinión pública chilena de la boliviana, la sentencia, a su vez, ha generado un efecto simétrico en la población boliviana respecto de la Chile. El resultado es entonces el de la duplicación de la distancia intersubjetiva entre Chile y Bolivia y, con ello, un mayor aislamiento de Chile respecto de un vecino, con un evidente aumento del ruido que produce en la región el desacuerdo bilateral. Jurídicamente, la situación ha mejorado para Santiago. Políticamente, ha empeorado. La relación bilateral ha retrocedido. Esa es la paradoja de una sentencia favorable para Chile.
NO CONVIENE EL STATU QUO
La situación descrita anteriormente ha creado un hecho político que, con toda seguridad, Evo Morales no había previsto. La sentencia podría tener el efecto cementador al menos, durante un periodo de tiempo difícil de prever hoy— del statu quo de «la llave y el candado» concordado entre Chile y Perú en 1929, y con ello de las posturas nacionalistas en los tres países. El problema es que el statu quo es una situación que no conviene a las partes. La convivencia con un país vecino que considera que tiene un problema pendiente con Chile no debe ser naturalizada. Constituye una limitación para el desarrollo de los tres países, limitando las potencialidades del norte chileno, la integración con el corazón sudamericano, y su vinculación con el Asia Pacífico, así como la perpetuación de una fuente de inseguridad. Así fue comprendido por el Estado chileno durante el siglo XX, por lo que mantuvo una disposición para buscar un acuerdo satisfactorio para ambas par- tes hasta el inicio de la presentación de la demanda, disposición que debería ser retomada en el futuro.
La naturalización del statu quo con Bolivia tampoco es positiva para la relación con Perú, porque mientras el conflicto entre Santiago y La Paz se mantenga abierto, el Estado y la sociedad peruanas van a reproducir su percepción de que la agenda territorial de su frontera sur no está resuelta, reproduciéndose la misma situación de inseguridad que afectará a Bolivia y a Chile.
Los tres países están ingresando así al siglo XXI sin haber sido capaces de resolver sus conflictos del siglo XIX. Ello no tiene que ser necesariamente así. Chile fue capaz de resolver sus problemas históricos con Argentina. Fue capaz de romper el statu quo con el más grande y poderoso de sus vecinos y transformar la relación. Si «quien puede lo más, puede lo menos», entonces en el futuro Chile debería ser capaz de resolver su agenda con Bolivia y también con Perú. Perú fue capaz de hacer lo mismo con Ecuador. Chile y Perú han logrado avanzar bilateralmente de manera importante en algunas áreas an- tes y después de finalizada demanda presentada por Lima el 2008. Sin embargo, los tres países se encuentran ante el desafío de construir un proyecto político que permita superar ese trilema de seguridad.
EL PELIGRO DE UNA NUEVA MIRADA EN RR.EE.
Lo anterior tiene, no obstante, bajas probabilidades de ser promovido con fuerza en esta etapa. La gestión de la política exterior en torno a la demanda de Bolivia contra Chile está marcando el ingreso gradual a una etapa de hegemonía conservadora y nacionalista en la conducción de la política exterior chilena, después de una prolongada etapa de hegemonía de miradas progresistas y cosmopolitas iniciada con la transición política.
El carácter conservador y nacionalista
de un Estado neoliberal, gestionado por una administración de restauración neoliberal, en cuyo seno debería hegemonizar el pacifismo comercial de Adam Smith puede parecer un oxímoron, pero no lo es.
Medio siglo de hegemonía de un pro- ceso de globalización neoliberal ha originado una crisis de legitimidad política del orden liberal gestado después de la Segunda Guerra Mundial basado en las instituciones nacionales democráticas representativas, y a nivel internacional en las instituciones multilaterales (la ONU y el sistema de Bretton Woods).
Lo que tienen en común Trump en Estados Unidos, el neofacismo en Europa, la violencia autoritaria de Duterte en Filipinas, y el neoliberalismo neoautoritario de Bolsonaro, así como las izquierdas populistas autoritarias, es la emergencia de respuestas populistas, nacionalistas e iliberales o abiertamente no democráticas, a la explosiva combinación de una gobernanza global organizada en torno a la lógica de merca- do y no sobre instituciones multilaterales eficaces, con los déficits democráticos de cada sistema político. Es lo que ha ocurrido con la gestión económica de la crisis global del 2009, que socializó las pérdidas después de haber privatizado las ganancias; con la destrucción de los empleos industriales en Europa y Estados Unidos producto de la deslocalización productiva; o con el problema migratorio. Luego de décadas de ataques contra las instituciones multilaterales, y de instituciones democráticas europeas —nacionales y transnacionales— ya debilitadas y deslegitimadas en un contexto de globalización, la crisis migratoria euro- pea está volcando a los votantes en masa a favor de líderes populistas.
El neoliberalismo, el populismo y el neofacismo han terminado siendo de esa manera los dos lados de una misma moneda. La demarquía del mercado que propuso Hayek pude preferir el liberalismo, pero se tapa la nariz ante el populismo mientras continúe el proceso de enriquecimiento sin límite que ha logrado el 1% más rico del mundo. Según el Informe sobre la Desigual- dad Global que lidera Thomas Piketty, esa acumulación actualmente supera el 20% del PIB mundial de 84 trillones de dólares. Trump practica una narrativa nacionalista y proteccionista, pero al mismo tiempo profundiza el ataque contra la regulación que intentó llevar adelante Barack Obama sobre el sistema financiero informal (el shadow banking) que originó la crisis del 2009, cuya industria de derivados alcanza hoy un volumen incluso mayor. En Brasil, el discurso violento, homófobo, misógino, militarista y autoritario de Bolsonaro es acompañado de un programa económico neoliberal.
En Chile las respuestas del Gobierno de Sebastián Piñera comienzan a ser parecidas a las de la derecha en Estados Unidos y Europa. Lo que comenzó como un momentum nacionalista originado en la política vecinal, ha ido derivando hacia una creciente práctica populista y nacionalista más amplia contra instituciones multilaterales y contra las políticas públicas regionales y globales basadas en enfoques de derecho humanos y sociales.
De eso se trata la campaña contra UNASUR y CELAC, el Pacto de Bogotá, como contra la CIJ, y después contra el Tratado de Escazú (además del Convenio 169, fuertemente criticado durante la campaña presidencial de 2017). Es el caso también de la puesta en marcha de una política migratoria abiertamente populista, discriminadora, xenófoba, criminalizadora y militarista, contraria al enfoque de derechos que promueve las Naciones Unidas, precisamente en el momento en que Amé- rica Latina enfrenta la xenofobia de Trump, y el éxodo centroamericano y venezolano.
Con la ola nacionalista de la política vecinal y con la ola aún más gigantesca de la crisis política de la globalización que ha originado respuestas neoautoritarias y neototalitarias, una parte de la derecha chilena se ha sincerado finalmente en abierto apoyo al discurso neofacista y neoliberal de Jair Bolsonaro. El Gobierno, por su parte, ha ingresado en una deriva populista que recién comienza, en un contexto de crisis regional y global cuyos efectos contradictorios están recién comenzando a estructurarse.
*Publicada originalmente en la Revista Mensaje
https://www.mensaje.cl/edicion-impresa/mensaje-674/la-deriva-nacionalista-y-populista-de-la-politica-exterior-de-chile/
