Hace rato que la desconfianza ciudadana también es alimentada por el uso politizado de instrumentos muy necesarios para las políticas públicas y que, dada esas prácticas, termina por influir en una ciudadanía que no cree en la validez de la información que se le entrega oficialmente.
Todos recordamos el bochorno del CENSO en el primer Gobierno de Piñera, pero con menos estridencias también ocurrió con la CASEN en ese mismo gobierno. En el periodo del entonces ministro de Desarrollo Social y actual senador Felipe Kast, cesó la colaboración que históricamente había prestado la CEPAL (el gobierno de Chile se negó a introducir adecuaciones metodológicas en la medición de la línea de pobreza que sí regía para el resto de países de América Latina). Y eso ocurrió porque con el cambio metodológico propuesto la pobreza disminuía en el gobierno anterior de Michelle Bachelet. En cambio, con la decisión política de Kast de mantener la metodología -que como demostraba la CEPAL ya no medía adecuadamente la pobreza-, ésta subía en el periodo de Michelle Bachelet.
La desconfianza con la CASEN se acentuó aún más en la aplicación siguiente, con Joaquín Lavín de ministro, con la controversia por la forma de entregar la información (sin mencionar expresamente en las láminas que se exhibieron ante los medios de comunicación si las variaciones eran o no estadísticamente significativas) y cambios en la metodología que distorsionaban la comprensión y comparabilidad de los resultados. Esto llevó, incluso, a que expertos afines al gobierno de Sebastián Piñera criticaran algunos de sus resultados.
En el último gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hubo un esfuerzo por regresarle credibilidad a los instrumentos de medición, de modo que puedan cumplir su papel de fuentes de información fiables ante la ciudadanía para la mejor evaluación y diseño de las políticas públicas.
