Escuela Comunitaria República Dominicana: la lucha por una educación pública desde la comunidad

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Publicado por CIPER CHILE

La madrugada del miércoles 18 de diciembre, fuerzas especiales y carabineros de la comisaría Nº 38 de Puente Alto efectuaron el desalojo de cinco personas que se encontraban al interior de la Escuela Comunitaria República Dominicana (ECRD), la que llevaba 11 meses funcionando de forma autogestionada por su comunidad.

Siendo las 05:00, efectivos de fuerzas especiales, junto a integrantes de la policía civil y funcionarios municipales entraron al establecimiento. Sin notificación ni orden de desalojo se llevaron detenidas a cinco personas, entre ellas una apoderada y sus dos hijos. Uno de ellos, un niño de 12 años, fue trasladado separado de su madre durante la detención. Los otros dos detenidos eran estudiantes secundarios pertenecientes a la ACES que apoyaban las iniciativas del espacio.

La apoderada detenida, Verónica Retamal, indica que “no hubo aviso, entraron de forma violenta y sin identificación. No se nos permitió sacar las cosas ni hacer llamadas. Yo perdí parte de mis pertenencias durante el desalojo. Nos sacaron con fuerzas especiales, como si fuéramos delincuentes”. La detención duró hasta las 10:30. Agrega la apoderada que el procedimiento no había sido informado en la comisaría que les corresponde a ellos, la Nº 36 de La Florida.

El coordinador de la Red de Abogados por la Defensa de los Derechos Estudiantiles, Patricio Véjar, explica que un desalojo requiere una serie de etapas previas: “Siempre debe ser realizado con una orden de desalojo. Esta orden puede ser emitida por dos instancias, una administrativa, ya sea la gobernación o la intendencia, y la otra de carácter judicial, obtenida como resultado de una solicitud al tribunal. La orden debe ser mostrada al momento del desalojo”.

Véjar destaca que la acción efectuada por el alcalde de la Florida atenta contra el derecho a la educación: “Acá se desalojó una experiencia educativa construida desde la comunidad que representa a más de 70 familias que luchan por ejercer su derecho a la educación. Ante el progresivo cierre de escuelas públicas, la política del alcalde es continuar con el desalojo de la educación pública”.

El desalojo es contradictorio con el diálogo mantenido hasta ahora. “Nunca se nos avisó que se realizaría un desalojo, por nuestra parte siempre estuvo la voluntad de trabajar en conjunto. Es más, el espacio iba a ser devuelto luego del avance en las mesas de trabajo”, explica Sebastian Astete, educador de la escuela.

El alcalde UDI de La Florida, Rodolfo Carter, ha señalado que el desalojo tiene dos motivos centrales: por un lado, requerían el espacio para el 10 de diciembre porque el Mineduc debía revisar que el inmueble estuviese en las condiciones adecuadas para su funcionamiento en marzo de 2014; el segundo motivo, según el alcalde, es la presencia de narcotráfico: “Detrás de la toma han aparecido ciertos elementos vinculados al narcotráfico”, indicó en una entrevista televisada.

Para la presidenta del Centro de Padres, Isabel Rivera, las acusaciones del alcalde son gravísimas: “Nos parece absolutamente irresponsable, ya que se emiten juicios sin señalar pruebas concretas, lo que es profundamente dañino sobre todo en un tema tan delicado como el narcotráfico. Estamos evaluando hacer una demanda por injurias y calumnias”.

El mismo día del desalojo, mediante la resolución N º 4764, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana otorgó una prórroga hasta el 28 de febrero del año 2014 para que la Escuela República Dominicana presente su documentación. “Esto ratifica que el desalojo era absolutamente innecesario, ya que la Seremi había extendido el plazo, volviendo injustificable el violento desalojo que efectuó el alcalde”, señala la asesora legal de la Escuela Comunitaria y ex concejala, Verónica Aliaga.

Proyecto Educativo Comunitario y Polivalente

El 20 de diciembre de 2012 cientos de familias recibieron la noticia del cierre definitivo de los establecimientos donde se educaban sus hijos e hijas. El alcalde Rodolfo Carter, por medio de la Corporación Municipal de la Florida (Comudef), decidió cerrar cuatro escuelas municipales, el colegio República Dominicana, el Cataluña, el colegio Áreas Verdes y el Villas Unidas, argumentando que el principal motivo era la falta de matrícula y problemas de infraestructura.  De esta manera, estos colegios pasaban a engrosar la lista de las 864 escuelas municipales cerradas en los últimos 20 años.

Lo diferente de este caso, en relación a otros cierres de establecimientos, fue el proceso de resistencia levantado por un grupo de apoderadas desde el término del año 2012. Mediante la toma del establecimiento, las apoderadas quisieron cambiar el destino fijado por el municipio y devolver la escuela a la comunidad, buscando recobrar el sentido inicial del espacio. “La escuela nació hace 47 años y fue construida por los pobladores dentro del proceso de las tomas de terreno. Por eso era importante para la comunidad que el espacio siguiera en funcionamiento. Era penoso que se cerrara el colegio, porque ahí estudiaron generaciones de padres, hijos y ahora los nietos”, comenta Marisol Muñoz, vecina del colegio y ex estudiante.

A ello se le agregan los más de 70 niños y niñas, muchos de ellos y ellas con necesidades educativas especiales que quedaban sin posibilidades de acceder a una matrícula en otro colegio, porque eran rechazados, por falta de tiempo para realizar la inscripción, por problemas de discriminación y violencia escolar en nuevos establecimientos, y además por los altos costos que demanda incorporarlos al sistema particular subvencionado.

“A Marisol la quise matricular en un colegio particular subvencionado, y los cupos estaban topados así que volví con mi hija. En los seis meses que estuvo mi hija fueron un cambio total, la preocupación que hubo fue muy grata, gracias a los profesores y apoderados los chiquillos pudieron sacar sus exámenes”, agrega la apoderada Marisol Muñoz.

Desde marzo comenzaron las clases regulares, con desayuno y almuerzo generados de forma autogestionada por las apoderadas por medio de donaciones y actividades de beneficencia. A lo anterior se le sumó el apoyo voluntario y permanente de profesores y estudiantes de pedagogía.

En abril se concretó el respaldo institucional del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile (DEP). “Apoyamos regularizando el funcionamiento de las clases, asumimos el desafío de la coordinación pedagógica. Nos llamó la atención que las propias apoderadas autogestionaran el colegio, volviendo la toma un hecho positivo. Nos pareció importante como proceso de resistencia, ya que durante 2012 fueron cerrados 42 colegios públicos”, explica el director del DEP y colaborador del Instituto Igualdad, Ernesto Águila.

No solo se preocuparon por la cobertura tanto en clases como en alimentación, también generaron un curriculum construido desde la comunidad. “Dentro de los ejes del proyecto se encuentra rescatar la identidad local, trabajar con contenidos transversales, el desarrollo de espacios que mejoren la convivencia e inclusión escolar y el trabajo permanente con la comunidad”, señala el educador del área de historia, Sebastián Astete.

Durante más de ocho meses se trabajó en la sistematización del proyecto, para fortalecer una propuesta educativa innovadora y polivalente que se convertiría en el marco general del trabajo para 2014. “El proyecto educativo fue el que realizamos en el mismo proceso de construcción de la propuesta pedagógica. Involucra la dimensión científico humanista, técnica y artística, buscando el desarrollo del sujeto integral mediante la participación activa del estudiante y la comunidad, tratando de generar encuentros con los estudiantes y con los apoderados, establecer la escuela no como un espacio cerrado a la discusión, sino como un espacio que acoge la diversidad de opiniones de  apoderados y  apoderadas, de  niños y niñas, y potencia desde ahí la construcción de un proyecto educativo que es distinto, inclusivo e integrador y que es democrático de verdad”, indica Eric Silva, coordinador pedagógico y representante del DEP.

Afirman que siempre existió diálogo con actores municipales. El interlocutor entre el municipio y la escuela fue el coordinador técnico pedagógico comunal, Gabriel Ayala. Se contó además con el apoyo directo de los concejales comunales de la Nueva Mayoría: Claudio Arredondo, David Peralta, Reinaldo Rosales y Marco Espinoza. Esto derivó en la presentación de la propuesta educativa el miércoles 11 de diciembre ante el Concejo Municipal: “El acuerdo siempre fue complementar el proyecto educativo con la propuesta del municipio, es por eso que se nos citó a presentar el proyecto ante el concejo. Fue el propio alcalde quien fijó la reunión para avanzar en mesas de trabajo y ni siquiera asistió el día de la presentación”, explica la educadora Constanza Rifo.

La opción de los representantes de la escuela comunitaria era la fusión de su proyecto con el proyecto municipal. Se adelantó la reunión de trabajo, que originalmente era para el miércoles 18 de diciembre, al sábado 14. El lunes siguiente, 16 de diciembre, en la mañana se recibió una propuesta de acuerdo y la contrapropuesta de la escuela comunitaria se entregó el día miércoles 18, mientras el liceo era desalojado.

Sin previo aviso el colegio fue clausurado y todos los materiales gestionados por la propia comunidad fueron requisados. El establecimiento fue intervenido por funcionarios municipales, seguridad ciudadana y carabineros. Durante todo el día salieron camiones que tenían el logo del Municipio de Santiago y eran escoltados por fuerzas especiales con todos los materiales generados durante un año de trabajo.

Dentro de los materiales requisados se encontraban cuadernos de propaganda política del alcalde Rodolfo Carter: “Al interior del República Dominicana había una bodega con materiales de propaganda de Carter. Estos cuadernos fueron distribuidos a los colegios municipales de la comuna y fueron comprados con dinero del municipio. Estos materiales fueron escoltados con especial resguardo para no dejar evidencia en el colegio”, denuncia la asesora legal Verónica Aliaga.

En la escuela, los murales que los niños y niñas habían hecho durante el año se cubrieron con pintura y con máquinas retroexcavadoras cortaron los árboles, la educadora Constanza Rifo comenta lo violento y chocante que fue para los niños y las niñas ver el desalojo de su escuela. “Para los niños fue muy estresante el proceso, ya que llegaron a clases y no entendían por qué estaba cerrado, por qué borraban sus murales. Estaban muy alterados, ya que se sienten parte del colegio y les están arrebatando un espacio que sienten propio”.

El lunes 16 de diciembre el alcalde citó a un concejo extraordinario, para que los concejales se refirieran sobre el devenir de la escuela. El concejal Reinaldo Rosales señala que no todos pudieron participar, ya que se les avisó muy encima y explicó que nunca se aprobó un desalojo: “La posición que llevó el alcalde fue que solicitáramos el abandono inmediato del colegio por parte de los apoderados, lo que es completamente diferente a un desalojo. Además, el voto venía amarrado con otras dos posiciones. Una de ellas era avalar las cartas de respaldo de las juntas de vecinos que gestionó el alcalde. Los concejales de la Nueva Mayoría que asistimos nos abstuvimos”. Agrega que no se mostró ningún documento que respaldara una orden de desalojo: “Por lo tanto, el desalojo es responsabilidad directa del alcalde”.

El Sol de Illimani, la propuesta municipal

De forma mediática, el mismo día se anunciaba la apertura de un nuevo proyecto educativo para el colegio que hace un año fue cerrado por el municipio. Rodolfo Carter divulgaba en televisión abierta la nueva escuela artística “Sol de Illimani”, indicando que de esa manera se le cambiaría el perfil al colegio, dejando de ser un colegio que producía “empaquetadores del supermercado Líder” a uno con un enfoque artístico que “les trae disciplinas del alma y les abre un mundo completamente distinto”.

Desde septiembre de este año, el municipio inició conversaciones con los hermanos Coulon, músicos del grupo Inti Illimani, para motivarlos a construir una propuesta educativa de carácter artística. El municipio, por medio del decreto Nº 119, pagó tres millones de pesos al integrante de la agrupación, Rodolfo Olea, por la elaboración de dicha propuesta.

Los músicos, sensibilizados por la historia del colegio y apostando por la reapertura de un establecimiento público, decidieron realizar la propuesta llegando a un acuerdo con el municipio. “Se presentó el proyecto en octubre, porque veíamos que era la única forma en que la escuela se reabriera y desde entonces hemos estado en conversaciones con organizaciones y con los representantes de la escuela República Dominicana”, comenta el músico de Inti Illimani Jorge Coulon.

Como respaldo a su iniciativa, el alcalde apareció públicamente mostrando las firmas de cinco juntas de vecinos que apoyan el proyecto Sol de Illimani. La asesora legal de la escuela comunitaria y ex candidata a CORE por el Partido Socialista, Verónica Aliaga, señala que “la estrategia de Carter es trabajar de forma individual con las organizaciones y dividir a los vecinos”. Además, indica que esas firmas no tienen un respaldo real: “Para que un dirigente dé una firma de respaldo debe plantear el tema en una asamblea abierta y esas asambleas abiertas no se realizaron, por lo tanto, esas firmas no tienen ninguna validez. El alcalde solo utiliza las firmas como herramienta comunicacional”.

Una de las situaciones que condena el grupo Inti Illimani es el desalojo, que desvirtuó las conversaciones y el trabajo sostenido hasta entonces. “Estamos en contra de cualquier solución de fuerza y esa ha sido nuestra posición histórica”, señaló Coulon. Por otra parte lamentó el uso comunicacional que se le dio al proyecto educativo: “Fuimos expuestos mediáticamente y se nos puso en un situación incómoda e injusta. Nosotros apostamos a que el espacio fuera reabierto y por el respaldo de los vecinos y organizaciones de Villa O’Higgins seguiremos adelante”.

Desde la Escuela Comunitaria señalan que más de 200 vecinos respaldan la propuesta educativa comunitaria y polivalente: “La idea no es contraponer ambos proyectos, sino complementarlos en base a la necesidades de la comunidad. Lo que ha buscado Carter es eludir su responsabilidad política ante el arbitrario y violento desalojo colocando en el debate público al grupo Inti Illimani contra el proyecto de la Escuela Comunitaria”, explica la presidenta del Centro de Padres.

María Alicia Salinas, de la organización Escuela Clotario Blest, indica que “conocíamos el proyecto. Es más, yo iba en representación de la escuela Clotario Blest a hacer clases en el espacio y apoyábamos el proyecto que se estaba realizando desde la Escuela Comunitaria”. Comenta que estaban trabajando en el proceso de socialización de la propuesta con dirigentes y organizaciones vecinales cuando vino el desalojo: “Estábamos trabajando para realizar reuniones con los representantes el colegio y las organizaciones de la Villa O’Higgins y que la Coordinadora Acción Comunitaria lo apoyara. Es más, se realizó una reunión a inicios de diciembre”.

La complementariedad de los proyectos

De los establecimientos registrados en la Dirección Provincial Cordillera de Educación para el año 2014, en la comuna de La Florida el único proyecto nuevo es el establecimiento artístico “Sol de Illimani”, confirmó el jefe técnico de la provincial, Iván Gajardo. Esto cerraría toda posibilidad a que la ECRD funcione de acuerdo a la estructura actual que promueve el proyecto polivalente. Por ello, se ha buscado generar acuerdos con la propuesta del grupo Inti Illimani.

El viernes 20 de diciembre, en el ex Congreso Nacional, se reunieron el senador electo de la circunscripción Carlos Montes (PS), representantes de Inti Illimani, el director del DEP Ernesto Águila, la asesora legal y ex concejala Verónica Aliaga y la presidenta del Centro de Padres, Isabel Rivera. Esta era una reunión para avanzar en conversaciones que habían sido sostenidas con anterioridad y el objetivo era desarrollar una propuesta en conjunto.

La reunión ratificó la idea de fusionar los dos proyectos. “Existe plena complementariedad entre ambos proyectos. La idea es que la coordinación pedagógica se haga desde el DEP, además del apoyo con prácticas profesionales y académicos de la universidad. Por nuestra parte, quedaríamos a cargo de la dirección del proyecto”, explicó Jorge Coulon, director artístico del grupo y ex candidato a diputado por el PC.

La actual presidenta del Centro de Padres buscará participar activamente durante el próximo año: “Voy a seguir acá en el colegio y espero seguir en la presidencia del centro de padres porque esta lucha no puede quedar así, este no fue un berrinche. Lo que se hizo fue salvar la educación de los niños”.

El concejal Rosales confirmó el diálogo para que las propuestas se complementen y sostuvo que eso será parte del trabajo durante enero y febrero. “Como concejales de la Nueva Mayoría solicitamos continuar con las mesas de trabajo, donde participen todos los actores, con el objetivo de fusionar los dos proyectos. Pronto se debiese fijar la fecha para realizar mesas de trabajo”, aseguró el concejal PPD.

Con o sin escuela la comunidad se autoeduca

Ante el desalojo, la comunidad de la ECRD decidió continuar con el trabajo y el cierre del año escolar, pero obligados a hacerlo fuera de la escuela, ya que existe un punto fijo de carabineros a la entrada. Estas últimas semanas se realizó la navidad popular para los niños y niñas, un almuerzo comunitario y la ceremonia de egreso de Kinder y Octavo Básico con más de 200 personas apoyando la actividad. 

Más allá del desalojo y del resultado de sus exámenes, la experiencia vivida durante un año de trabajo marcó un cambio profundo en la concepción de la educación de los niños y niñas, quienes se han apropiado del espacio y se sienten violentados ante la custodia de carabineros. “Los niños han sido un actor fundamental en la construcción de esta escuela, una nueva escuela que busca el desarrollo integral de los niños, en eso radica la amenaza que ve el municipio, ya que acá se forman sujetos activos y transformadores, contrario a la concepción mercantil de educación que tiene el municipio”, afirma la educadora Constanza Rifo.

Por parte del DEP de la Universidad de Chile, esperan que el alcalde Carter retome el camino de diálogo y valoran que sea el primer colegio reabierto dentro de un contexto de desarticulación de la educación pública. “El 30 de octubre del 2013 al ingresar el proyecto Sol de Illimani, el municipio reconoció su error. Es primer colegio público que será reabierto en estos 40 años. El problema es que será reabierto por arriba (…) el desalojo es una pésima señal y esperamos que el municipio retome el camino del diálogo para hacer confluir los dos proyectos”, indicó el director del DEP, Ernesto Águila.

De esta forma, una escuela cerrada por el municipio se reabrió con gestión comunitaria y participación, para volver a ser desalojada por el alcalde de La Florida. Esta es la situación en que queda una de las experiencias de participación comunitaria en educación más comentada el año 2013. Experiencia que resistió más de once meses, autogestionadamente, con control de la comunidad y ningún apoyo de la autoridad.

Los actores de esta experiencia se muestran satisfechos por la tarea sacada adelante durante este año, sin apoyo directo del municipio ni del Estado pudieron continuar ejerciendo su derecho a la educación a contrapelo de la actual tendencia que busca el cierre progresivo de escuelas con administración municipal. Los niños ya rindieron sus exámenes libres y prácticamente todos egresaron (2).

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(1) La Investigación realizada por la Fundación Sol, demuestra el progresivo desmoronamiento de la educación pública y el fortalecimiento de la educación administrada por sostenedores privados. El promedio de estudiantes matriculados en la educación pública en los países de la OCDE es de un 90%. Chile tiene tan solo un 36% y en permanente descenso siendo uno de los países del mundo con menor matrícula en establecimientos públicos. Disponible enhttp://www.biobiochile.cl/2013/03/30/mas-de-800-escuelas-publicas-chilenas-desaparecieron-en-los-ultimos-20-anos.shtml

(2) Del total de 56 niños y niñas que terminaron el año en la ECRD, 2 niños no asistieron a la rendición de exámenes libres y otros 2 niños tienen que volver a repetir dos de un total de cinco exámenes. El resto de los niños (52) pasaron todos sus exámenes.

(*) Las informaciones que publica el Foro por el Derecho a la Educación pueden ser leídas enwww.educacionparatodos.cl


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