El jueves 5 de abril del año 2012, una dirigente vecinal de providencia y un historiador presentaron en la oficina de partes de la Municipalidad de Providencia un documento donde se le pedía al alcalde que cambiara el nombre a una avenida de la comuna. Este hecho no debería destacar por sobre las tantas solicitudes que llegan diariamente a un municipio grande, de esos que recaudan abundantes recursos y que están integrados a lo que se conoce como el gran Santiago. Sin embargo, la petición era un tanto especial, por el contenido y porque el receptor del documento era un alcalde que había servido como guardaespaldas de Augusto Pinochet, en los tiempos en que ni una hoja se movía sin su conocimiento, según el propio decir del dictador.
Josefa Errázuriz, por una parte, y Francisco Estévez, por la otra, iniciaron este proceso denominado “A desmonumentar el Golpe”. Tomando la experiencia de los grupos demócratas españoles Estévez inició una investigación para descubrir todos aquellos monumentos y homenajes que el régimen militar chileno se erigió a sí mismo, a través de sus colaboradores. La investigación dio sus resultados. Estatuas con la efigie de los miembros de la junta militar, salas de honor instaladas en las escuelas de oficiales de las fuerzas armadas, todas obras financiadas con cargo al erario público, y, la más ominosa de todas, un decreto alcaldicio que con el objeto de conmemorar los hechos del 11 de septiembre del año 1973, denomina a la avenida principal de la comuna de Providencia con la fecha del golpe de estado.
Muchas razones e hipótesis se han especulado para intentar descubrir a él o los promotores de la iniciativa. Algunos ven el origen en la propia junta militar, otros en altos funcionarios del gobierno, en fin. Sin embargo, las razones, como casi todo, parecen estar en una historia trivial y cotidiana. El alcalde Alfredo Alcaíno, designado por Pinochet para administrar la joven comuna de Providencia, queriendo congraciarse con el régimen, decidió poner a la avenida principal de la comuna la fecha del golpe de estado, como un homenaje permanente que proyectara dicha intervención en la memoria histórica.
A través del decreto alcaldicio Nº 500 se borró la que había sido conocida por sus vecinos como “Av. Nueva Providencia” y se la reemplazó por su nueva denominación: “Av. 11 de Septiembre”. No fue preciso investigar, ni deducir, ni especular acerca de las razones que motivaron este cambio. Sus autores, corriendo el mes de septiembre del año 1980 actuaron como si el mundo se fuera a detener para siempre en aquella época donde el poder absoluto no rendía cuentas de ninguna clase o estaba sujeto a alguna regla moral o jurídica. En la época donde en Chile no existían reglas ni ataduras, el decreto alcaldicio fundamenta la modificación señalando: “Que la gesta del día 11 de septiembre de 1973, que libró al país de la opresión marxista, debe ser recordada por las generaciones presentes y futuras, en una obra de gran importancia urbanística”.
El nombre de esta avenida está íntimamente ligado a los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Para bien o para mal, para los autores o para las víctimas del golpe de estado ocurrido ese día en nuestro país, la fecha conmemorada está cargada de significado. Y cómo no estarlo, si ese día se perdía abruptamente una larga tradición democrática, a veces sostenida y recreada contrafácticamente, pero una tradición al fin y al cabo. Ese día se trata de una fecha en que tuvieron lugar diferentes acontecimientos históricos relacionados entre sí: la sublevación militar, el bombardeo al palacio de la moneda, la clausura del congreso, el cierre de los medios de comunicación, la defensa frustrada del orden constitucional vigente, el suicidio del primer mandatario; la prisión, tortura y muerte de muchos de sus seguidores; la instalación de un gobierno de facto y el festejo de sus adeptos; así como la protesta de la comunidad internacional contra los abusos observados desde el exterior. En definitiva, independiente de la posición frente a estos hechos, nadie podría desconocer que la fecha está cargada de significado y de historia.
La dictadura duró muchos años, demasiados quizás, pero tuvo su fin. La democracia fue recuperada demasiado débil, demasiado frágil se dijo, como para intentar ajustes que fueran más allá de sus escasas fuerzas. Pero de eso también ha pasado tiempo, 22 años para ser precisos.
Quienes colaboraron y erigieron los monumentos para recordar el golpe de estado, gobernaron sin contrapesos, pero se equivocaron en dos cosas. La primera, en creer que la impunidad que otorgaba el régimen duraría para siempre. La historia pide cuentas, más tarde o más temprano. El fundamento que se usó para denominar la Av. 11 de Septiembre, el que elogiaba el golpe contra los opositores políticos, deberá ser contrastado esta semana ante un tribunal de la República, bajo los principios democráticos de libertad política y dignidad humana.
El segundo error fue creer que los demócratas no harían algo al respecto con las herramientas que hoy reconoce el estado de derecho, que son las primeras que desaparecen en un golpe de estado. El próximo viernes 30 de noviembre ante la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la ciudadanía le pedirá a los jueces de la República que ordenen reemplazar el acto administrativo que da el nombre a la Avenida 11 de Septiembre, por contener una arenga y un homenaje que celebra la caída de la democracia con abierta exclusión a un grupo político determinado. En buenas cuentas, lo que haremos será mirar el pasado dictatorial con la luz de nuestro sistema democrático de garantías constitucionales.
Lo que anima la iniciativa para desmonumentar el golpe es un asunto fundamentalmente ético. Queremos defender el derecho a un entendimiento racional y permanente de nuestras diferencias en un contexto de proscripción de la violencia política. Celebrar el golpe de estado y homenajearlo constituye la declarada voluntad (de un sector minoritario) de mantener como una opción válida el recurso a la fuerza, declarar que bajo ciertas circunstancias es admisible destruir al adversario y comportarse como salvajes. Finalmente, esta iniciativa no es más que la democracia exigiendo garantías para su propia existencia y reafirmando la vigencia de los derechos humanos frente a la barbarie.
¿Esta iniciativa implica tratar de borrar la historia o de acallar a un sector de la sociedad que fue partidario y se benefició con el golpe? Por ningún motivo. De lo que se trata es de re significar esos hechos pero desde la perspectiva de las víctimas y de establecer el principio de que ningún grupo o sector de la sociedad puede arrogarse el uso de la fuerza para destruir nuevamente el régimen democrático de garantías.
La justicia parece ser sólo cuestión de tiempo.
Este artículo también está publicado en la Revista Ballotage.