Aunque parezca extraño afirmarlo, es probable que la derecha haya perdido poder llegando al gobierno. Desde la penumbra opositora o desde la opacidad de un quórum inalcanzable en el parlamento, ésta podía representar y defender con mayor fidelidad intereses minoritarios e ideas impopulares. Desde su posición de gobierno debe hacerse cargo del país en su conjunto; la responsabilidad por la paz social y la gobernabilidad –entregada a la centroizquierda por un largo período- pasó a ser propia e intransferible.
El prolongado y agudo conflicto de Aysén se cierra de manera exitosa para los movilizados: obtuvieron buena parte de sus demandas, lograron que se levantaran las querellas contra sus partidarios, derrotaron la doctrina que establecía que para negociar había que desmovilizarse, proyectaron nuevos y creíbles liderazgos, y con un repliegue ordenado dejaron intacto su poder para enfrentar futuras reivindicaciones (de aquí en adelante será difícil para cualquiera administración no tomarse en serio a los “patagones”). ¿Y el gobierno ganó? Sería poco generoso darlo por derrotado, pues demostró –a un alto costo, producto de su errática estrategia y con un ministro renunciado que se marchó dando un portazo- que también es capaz de resolver conflictos sociales y que ello no es patrimonio de un gobierno de izquierda. Bajo este mismo prisma se podría sumar a su haber el anuncio del FONDENOR que logró descomprimir en parte el conflicto de Calama.
Sin embargo, no todos en la derecha sacan las mismas cuentas. Muchos ven en cada una de las concesiones que debe realizar el gobierno a los movimientos sociales, la pérdida de alguna de las esencias del modelo o el debilitamiento del principio de autoridad. La derecha en el gobierno se siente jugando en territorio ajeno. Basta examinar cada uno de los conflictos de los últimos meses para darse cuenta de que la agenda está marcada por la desigualdad social, los abusos, los desequilibrios regionales y ambientales, y que las presiones van indefectiblemente en la dirección de más protagonismo estatal y no de nuevas desregulaciones o más mercado.
El problema de fondo sigue siendo el mismo de 2011: saber si se está frente a turbulencias pasajeras o si lo que subyace es un pacto social fracturado, un acuerdo político y social que ya no es capaz de producir un consenso hegemónico. Si lo segundo es lo correcto se seguirán sucediendo los conflictos sociales en los próximos meses y el gobierno continuará actuando más por reacción que por convicción e intentando transformar temas sociales genuinos en problemas de orden público.
A su vez, esta nueva realidad plantea profundas interrogantes a una centroizquierda con posibilidades ciertas de llegar al gobierno en dos años más y que se verá enfrentada a un escenario social muy parecido al actual. ¿Cuenta con un proyecto que implique una salida estratégica al tema de las demandas sociales acumuladas, la mayoría de ellas justas y legítimas? ¿Gobernará en alianza con los movimientos sociales o asumirá nuevamente un rol de contención y desactivación de la conflictividad? ¿Qué implica gobernar con los movimientos sociales? ¿Tiene hoy la centroizquierda la fuerza y el ascendiente necesario para poner límites a lo que pueda resultar desmedido de las demandas? Hasta donde se sabe no parece haber nadie demasiado preocupado de responder a estas preguntas.
Efectivamente,
parece ser que la superestructura polÃtica opositora solo está preocupada del escenario social y sus conflictos, en la medida que estos desgastan a un gobierno de escasas habilidades. Uno escucha de manera reiterada crÃticas a su inhabilididad negociadora y a sus desproligidades, etc. Jamás he escuchado a nuestros dirigentes referirse a las causas profundas de tal conflictividad social que, a mi juicio, hay que buscarlas en las externalidades de un modelo económico y polÃtico fracasados. Tenemos que concluir entonces que nuestra dirigencia solo está pensando en llegar de nuevo el gobierno para administrar nuevamente una conflictividad que ha llegado para quedarse.
Sin proyecto y sin que la gente sepa, desde ya, cuales son los problemas que deberán enfrentarse y en especial conocer las dificultades objetivas que existen para corregirlos, cualquier gobierno futuro está condenado al fracaso. Esto por muy buenos negociadores que disponga.
ariel ulloa