Bárbara Figueroa, expositora en la Convención.
«Este problema ya excedió a los actores de la educación, se trata de un problema nacional que exige seguir sumando y ampliando nuestras fuerzas. Nuestra apuesta debe ser hacia una mayor radicalización política del conflicto, donde la unidad más amplia es una urgencia».
Es un triunfo de la fuerza del movimiento ciudadano, movimiento que construyó el documento BASE, la salida del anterior ministro de educación, señor Joaquín Lavín; el reconocimiento de la crisis estructural del sistema educativo, hoy ampliamente mencionada por expertos y autoridades; la validación del movimiento como único interlocutor de sus demandas, ante el gobierno y la oposición, lo que permitió que se concretará la reunión de conjunto estudiantes y profesores con el actual ministro y en lo más reciente, la respuesta por parte de éste al documento presentado.
No cabe duda que la unidad de los actores movilizados y la capacidad de converger en plataformas y propuestas amplias ha sido el factor clave para que este movimiento avance. Estos avances, no obstante parciales, han obligado a la autoridad, a partir de la respuesta entregada, a buscar cómo salir del escenario de aislamiento en que se encuentra. Una señal política de ello fue la inasistencia de 7 de los 9 partidos políticos invitados durante la semana pasada a reunirse con el presidente para buscar caminos de acción y salida del conflicto.
Se ha logrado un hecho histórico, arrinconar a un gobierno a partir de la amplia simpatía de la sociedad a una demanda transversal como es el derecho a la educación. Un anhelo insistentemente postergado, se logra articular para constituirse en una demanda nacional y social.
Es por ello, que la respuesta de la autoridad no podía ser otra que la entregada; distante de lo expresado por el movimiento respecto de qué es aquello que explica la crisis del sistema educativo, insuficiente en torno a las demandas concretas que se plantearon, como la demanda del pase escolar gratuito los 365 del año para todos estudiantes y absolutamente contrario respecto de cómo resolver esta crisis. Mientras el movimiento ha convocado a un gran acuerdo social que implica la participación de la sociedad en el debate y políticas nacionales sobre educación, la autoridad responde con pactos que más allá de pretenderse sociales, se sostiene exclusivamente en una lógica de acuerdo binominal para mantener el status quo en aspectos claves que, creemos, deben cambiar para avanzar en un verdadero sistema mixto de educación donde lo público, con atención preferente del Estado, pueda garantizar educación con calidad integral, laica, gratuita e inclusiva. Financiada según sus requerimientos y, de esta forma, transformarla en una herramienta de real igualdad de oportunidades e integración social.
Es posible arrancar de la autoridad temas mínimos y garantías básicas; no obstante, en las reformas mayores, el camino ha quedado trazado en la respuesta entregada. Bajo este análisis, la posibilidad de avanzar con la autoridad está limitada.
Tras la respuesta, el movimiento debe determinar si estamos en un nuevo momento o no y cómo enfrentarlo. Este esfuerzo debe hacer síntesis en una opinión de conjunto de los actores. Este ejercicio unitario y de convergencia debe marcar el camino para todos, fortaleciendo el movimiento.
La respuesta no es satisfactoria por parte del gobierno; si bien, no es posible avanzar con la autoridad en temas de fondo, es evidente que, el gobierno está pagando caro su intransigencia; así lo han demostrado las últimas encuestas de opinión. Por tanto, a nuestro entender, es posible avanzar más en nuestras demandas. No es el movimiento el que se ha negado a dialogar, fue el gobierno durante dos meses. El término de la movilización no es moneda de cambio para sostener el diálogo.
Sin embargo, y tal como mencionáramos, hay temas que aun con diálogo de por medio no podremos concordar con el gobierno, como las reformas constitucionales que consagren el deber del Estado de dar cumplimiento al Derecho a una Educación pública de calidad, gratuita, laica e inclusiva. Esto implica, el deber del Estado de construir un sistema educacional de su propiedad, financiado de forma preferente por éste; poner fin al lucro con fondos públicos, como ocurre hoy con la educación particular subvencionada en el sistema escolar y las universidades privadas y CFT’s en educación superior; la desmunicipalización de la educación, a partir de estructuras estatales descentralizadas que garanticen la participación de todos los actores; la pertinencia de la educación recibida acorde a un proyecto país y un real sistema de educación nacional y no parcelas particulares para cada realidad. La educación debe estar inmersa en un Proyecto de Desarrollo Nacional y no sólo ser un servicio de satisfacción individual. Por el contrario, desarrollando la creatividad y potencialidades colectivas de la población, la educación puede y debe ser motor de desarrollo, este valor agregado sólo puede aportarlo la educación pública y los privados colaborar en él.
De otra parte, los parlamentarios de la concertación deben entender que frente a respuestas intransigentes, más vale seguir profundizando el debate, ampliando la participación y la movilización, que el apresuramiento de una mala Ley
Estos puntos fundamentales, deben ser parte de un debate amplio y ciudadano, que involucre a todos los actores, tanto sociales como políticos, pero que no se limita a acuerdos para aprobar proyectos de ley. A nuestro entender, demandas como éstas o se abordan de forma integral y sistémica por parte del parlamento y/o deben ser de resolución a través de un plebiscito nacional vinculante.
Sea cual sea el camino, es necesario reconocer que esta batalla no sólo debe ser sostenida por el mundo de la educación, requerimos que otros actores hagan suya esta demanda y entre todos construir ya no sólo un acuerdo social por la educación, sino también por la reformas constitucionales y la democratización del país. Esto nos impone nuevos desafíos y una capacidad de articulación mayor, donde logremos proyectar el movimiento desde nuevas formas y con más actores.
En este sentido, el paro nacional del 24-25 de agosto, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, es un momento de suma importancia en este proceso. Este problema ya excedió a los actores de la educación, se trata de un problema nacional que exige seguir sumando y ampliando nuestras fuerzas. Nuestra apuesta debe ser hacia una mayor radicalización política del conflicto, donde la unidad más amplia es una urgencia.
En este proceso, debemos seguir insistiendo en la conformación de mesas sociales por la educación en todas las regiones, comunas y provincias del país. Realizar cabildos ciudadanos donde se expliquen nuestras propuestas contenidas en el documento Bases para un Acuerdo Social en educación y la respuesta del gobierno. En esta etapa, se requiere más que nunca, seguir concitando el apoyo de la ciudadanía a las demandas expresadas y que sea este respaldo nuestra mayor fuerza para presionar por los cambios de fondo que hoy no pueden pretender ser resueltos sólo con el diálogo o comisiones legislativas.
Bárbara Figueroa Sandoval
Dirigente Nacional
Departamento de Educación
Coordinadora Movimiento Pedagógico del Magisterio
Colegio de Profesores de Chile