Por Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad.
Inexplicablemente la mayoría de derecha del Senado sigue postergando la votación en general del proyecto de ley que tiene el propósito de mejorar las pensiones. Los actuales y futuros pensionados están siendo rehenes de un sector político con prioridades muy confundidas.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. El diagnóstico es claro y compartido, malas pensiones. Cotizaciones bajas y discontinuas, sesgo perjudicial para las mujeres. Algunos datos: el 87 % de las mujeres que se pensionaron por vejez en los últimos 12 meses obtuvieron una pensión autofinanciada menor a la línea de la pobreza. Esta cifra, también dramática, es del 66% en el caso de los hombres.
Luego de 10 años del primer debate parlamentario y de amplios consensos técnicos se sigue postergando el cierre de esta relevante reforma. Mejorar las pensiones es una de las demandas más sentidas por los chilenos y chilenas.
En los gobiernos de Piñera y Bachelet se estuvo cerca de un acuerdo. Entre tanto, los retiros masivos de fondos desde las cuentas individuales agudizaron el problema, aumentando la vulnerabilidad de una gran masa de trabajadores para financiar su pensión.
Para facilitar la aprobación de esta reforma el gobierno hizo importantes cambios a su formulación original. El proyecto ya no promueve la derogación del decreto 3500 que dio origen al sistema de AFP acogiendo una solicitud de la oposición. Se redujo la participación estatal a la gestión de los recursos del seguro social, y en todo lo que se refiere a las tareas de recaudación, administración, gestión de inversión y de beneficios se mantiene la presencia de agentes privados y la vigencia de la libertad de elección.
El proyecto establece una nueva cotización del 6% de implementación gradual de costo del empleador. Una discrepancia relevante consiste en establecer el destino de esa nueva cotización. Cuanto de ella va a la cuenta individual del trabajador y cuanto a solidaridad. La propuesta del gobierno es establecer un seguro social. Esto no es original, pues así funcionan la mayoría de los sistemas de pensiones del planeta. La idea de un seguro social no corresponde a una cuestión ideológica. Apunta a redistribuir riesgos entre distintas trayectorias laborales, y por tanto de acumulación de ahorro individuales. El modelo y su propósito es simple atenuar, no eliminar, las diferenciales de pensiones entre grupos de trabajadores y en este proyecto en particular en el caso de las mujeres. La idea es aumentar las actuales pensiones, la masa de ahorro hacia el futuro, y reducir el rango de incertidumbre de ingresos para quienes se jubilan.
Un argumento entregado por los defensores del status quo es que cualquier cambio que mejore las pensiones debe financiarse con rentas generales. El problema es que ellos mismos bloquean cualquier esfuerzo que allegue más ingresos al Estado.
También la reforma propone cambios que promueven la competencia en la industria. Al respecto hay propuestas como la licitación de carteras de afiliados, que son avaladas por economistas prestigiosos de todo el espectro tales como Salvador Valdés, Andrea Repetto o Eduardo Engel. La industria debería respaldarlas y contribuir a cerrar este debate.
Pensar que la derecha se niegue a aprobar este proyecto para no darle al gobierno un triunfo, justo en el inicio de un ciclo de elecciones, es inconcebible. Pero no imposible en la extraviada política actual. Pero ese enfoque es equivocado, pues el acuerdo en pensiones, en particular en el Senado donde la derecha tiene mayoría, solo puede entenderse como un avance compartido y celebrado por todos. Lo otro es una irresponsabilidad extrema.
